Luego de negociaciones infructuosas y en medio de los típicos reproches entre la Casa Rosada y los gobernadores, una amplia mayoría opositora del Senado—incluyendo kirchneristas, radicales, macristas y silvestres provinciales, muchos de los cuales son aliados habituales de La Libertad Avanza—aprobaron y enviaron a Diputados dos proyectos de ley que refuerzan la depauperada coparticipación hacia los distritos, que retiene el Ejecutivo. Los textos contaron con el respaldo previo de los 23 gobernadores y el jefe de la Ciudad de Buenos Aires.
Una de las iniciativas incluye en la norma 11.672—la ley permanente de Presupuesto—un artículo que establece que los “recursos que correspondan distribuir al régimen del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias” se realicen “de forma diaria y automática”, siendo este ítem “considerado a cualquier efecto” como parte “de la masa de fondos coparticipable”.
Por su parte, el segundo proyecto elimina los fideicomisos de Infraestructura Hídrica, Infraestructura de Transporte y Sistema Vial Integrado, así como los fondos Compensador del Transporte, Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y Nacional de la Vivienda. En el mismo artículo, se especifica que los recursos en cuestión, salvo los previstos en el impuesto a los Combustibles Líquidos, “serán distribuidos de conformidad” con artículos de la ley 23.548, de Coparticipación Federal.
A continuación, se modifica parte de la ley 23.966—relativa al tributo a combustibles—para destinar los ingresos al Tesoro Nacional (14,29%), Provincias (57,02%) y Sistema Único de Seguridad Social, con el fin de atender las obligaciones previsionales nacionales (28,69%). Se detalla además la distribución de lo que corresponde a los distritos de manera específica.
Es importante señalar que ambos textos fueron presentados días atrás y no pasaron por las comisiones correspondientes. Por esta razón, durante la reunión en el recinto, tuvieron que ser habilitados con dos tercios, un trámite sencillo en el actual clima de la Cámara alta. No es la primera ocasión que sucede, aunque en el contexto actual del Congreso, no resulta sorprendente.
Lo que los gobernadores conseguirían si Diputados sanciona las leyes será, sin duda, mitigar una futura discusión—o no, lo más probable—del Presupuesto 2026, que deberá ser presentado por el Ejecutivo en septiembre próximo. Cabe recordar que los últimos dos presupuestos fueron prorrogados por la Casa Rosada sin haber sido objeto de análisis por parte del Congreso. Al momento de la votación, las dos iniciativas obtuvieron 56 votos a favor, con la excepción del rechazo del cordobés Luis Juez.
Debate
“La salida está en las provincias. El crecimiento y el despegue, que estoy seguro vamos a alcanzar, depende de dotar de otra capacidad a los recursos”, aseveró como miembro informante el peronista y vice titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Fernando Salino.
“El superávit no se va a caer con estos proyectos. Ya se ha caído y se ha sostenido en las provincias, universidades, jubilados y los más vulnerables. Esta es la verdadera situación. Controlan los principales precios de la economía: acuerdos salariales, tipo de cambio y precio de bienes y servicios. El jefe de Gabinete—Guillermo Francos—tan sensible el otro día—tras la acusación de “mentiroso” de la mega kirchnerista fueguina Cándida Cristina López—dijo que el cepo fue levantado y es falso”, añadió el puntano.
Salino concluyó: “No estamos creando ningún tributo, cosa que por otra parte no podríamos hacer”. En el mismo sentido se pronunció Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), quien además advirtió: “Estamos regresando a un debate del siglo XIX, entre centralismo y autonomías provinciales. Creíamos que habíamos avanzado, pero aparentemente nunca hemos vivido en un período de centralismo tan discrecional como el que enfrentamos hoy”.
Otro peronista, el exgobernador de San Juan Sergio Uñac—hoy en unión con el kirchnerismo—manifestó: “Representamos a los pueblos de las provincias y entendemos la situación que atraviesan y la disminución en la distribución de los fondos de coparticipación”. Durante la sesión, se mostró junto al justicialista catamarqueño Guillermo Andrada, quien motivó con dos proyectos similares a los que se debatieron posteriormente.
Por su parte, la legisladora del Pro y habitual aliada libertaria—quien preside la relevante comisión que controla la Biblioteca del Congreso—Beatriz Ávila (Tucumán), destacó que “las provincias no solo tienen a su cargo salud y educación”, sino también áreas como “la justicia y, sobre todo, la garantía de la paz social”.
Ávila enfatizó: “Las provincias son preexistentes a la Nación”. En el fondo, aprovechó para expresar su preocupación por la posible importación de azúcar de Brasil, un golpe para una de las principales economías regionales. La legisladora también solicitó a la Casa Rosada que explique por qué se reunieron todos los mandatarios y la Ciudad para impulsar estas iniciativas.
El radicalismo también arremetió contra el Ejecutivo a través de otro catamarqueño, Flavio Fama. El serio legislador argumentó que la animosidad en la Cámara alta se generó “no solo por falta de diálogo, sino también porque no se comprenden las diferentes realidades”.
Fama conjeturó: “Si me hubieran dicho hace un mes que todos los gobernadores y el jefe de la Ciudad iban a firmar estos pedidos, habría respondido ‘están locos’, pero indudablemente, el loco soy yo, porque ocurrió. ¿Cómo puede ser que ningún gobernador esté apoyando al Presidente en esto?“.
