El Gobierno pretende que el Senado trate la reforma laboral el próximo miércoles 11 de febrero y, aunque consiguió el apoyo general de los gobernadores, sigue existiendo un punto que complica las negociaciones: la baja del impuesto a las Ganancias para sociedades. El oficialismo, no obstante, tiene sobre la mesa una propuesta de los mandatarios aliados, que aseguran que, en este contexto de caída de ingresos, le sería útil al ministro de Economía, Luis Caputo.
La semana pasada trascendió la versión de que ya habría un acuerdo entre el Gobierno y las provincias dialoguistas respecto de la baja del impuesto a las Ganancias a sociedades. La solución consistiría en condicionar la reducción de la alícuota a otra variable (por ejemplo, la actividad) para garantizar la compensación de ingresos de las provincias. Sin embargo, los mandatarios no lograron ponerse de acuerdo sobre qué variable ajustar.
Según pudo saber Infobae, en las últimas horas los gobernadores aliados presentaron otra propuesta en la mesa de negociación: postergar la baja del impuesto a las Ganancias dos años y aplicarla en dos etapas: 50% en 2027 y 50% en 2028. En el proyecto original del Gobierno se plantea la reducción de alícuotas del 30% al 27% y del 35% al 31,5% para ejercicios fiscales a partir de 2026.
Aparte y en dos años
“Los gobernadores aliados propusieron retirarlo de la reforma y que sea un proyecto fiscal aparte. Realizar la reforma en dos años: 50% en 2027 y 50% en 2028”, señaló una fuente al tanto de las negociaciones con Casa Rosada.
Para los gobernadores aliados, entre los que se encuentran Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco), se trata de una modificación que también conviene al Ministerio de Economía, que sufre la caída de la recaudación desde hace seis meses.
“La reforma de Ganancias impacta en Nación y en el financiamiento de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses)”, mencionaron en una de las provincias. Como la recaudación nacional ya viene cayendo hace meses, sostienen que sumarle la baja del impuesto a las ganancias de sociedades podría afectar el superávit fiscal que el Gobierno tanto celebra y que es el pilar del programa económico. En los cálculos de las provincias aliadas al Gobierno, el proyecto de modernización laboral tiene un costo fiscal total de $2,6 billones, de los cuales $1,5 billones (0,15% del Producto Bruto Interno (PBI)) los afrontan las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. El Tesoro Nacional deja de recaudar $1,069 billones (0,10%/PBI) y los fondos para los ATN pierden $26.556 millones.
Por qué a Economía podría convenirle
“Caputo busca responsabilizar a las provincias y a los gobernadores, pero en el fondo le sirve que no avance la reforma o, al menos, que, en lugar de hacerse en un año, las modificaciones se realicen en dos años”, indicó una fuente de una provincia.
En enero, los ingresos fueron de $18,4 billones, según la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), lo que implicó una variación interanual del 22%. La inflación para ese mismo periodo fue de 31,4%, lo que significó una caída en términos reales. Esto se debe a la reducción de las retenciones al campo y los aranceles a las importaciones.
A pesar de ello, durante la gira de entrevistas que realizó el ministro Caputo tras la salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), aseguró que mantiene su postura respecto a la baja del impuesto a las Ganancias de sociedades. “Yo propongo y la mesa política, Patricia, Martin, Diego, Adorni y Karina tratan de impulsarlo y después decide el Congreso; si los gobernadores no lo quieren votar, es parte de la democracia”, expresó.
“Yo propongo y la mesa política, Patricia, Martin, Diego, Adorni y Karina tratan de impulsarlo y después decide el Congreso; si los gobernadores no lo quieren votar, es parte de la democracia”, expresó.
Atarlo a la actividad
La propuesta que llevaron a la mesa de negociación los gobernadores peronistas dialoguistas, entre los que se encuentran Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Ricardo Jaldo (Tucumán), consistiría en condicionar la baja del impuesto a las Ganancias a otra variable que permita recuperar ingresos, por ejemplo, la actividad.
Entre las alternativas evaluadas, sobre las que aún no hay acuerdo, se propuso vincularla a la actividad, ya que eso permitiría a las provincias recuperar ingresos vía el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Esta idea proviene de uno de los asesores tributarios del Gobierno para la reforma impositiva que se prometió en varias oportunidades, pero que hasta el momento no se presentó.
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