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Domingo, 22 de julio de 2018

Glifosato, un debate prioritario que está “arriba de la mesa” (el caso Gualeguaychú)

Glifosato, un debate prioritario que está “arriba de la mesa” (el caso Gualeguaychú)

En abril, el municipio de Gualeguaychú en la provincia deEntre Ríos sancionó una ordenanza que prohibió el uso, aplicación, expendio,almacenamiento, transporte, comercialización y venta de glifosato. Un grupo decomerciantes de insumos agropecuarios presentó una demanda solicitando que sedeclare la inconstitucionalidad de la medida. El 10 de Julio la JusticiaFederal les dió la razón.

El argumento es que la norma restringe directamente susnegocios al prohibir la venta de uno de sus principales productos,impidiéndoles así continuar con su actividad económica, lícita por cierto.

La Justicia entendió que esto puede implicar un perjuicioeconómico “inminente o irreparable”, y por eso suspendió la aplicación yefectos de la ordenanza hasta que se defina el fondo de la cuestión. ¿Es legalprohibir el glifosato?

En este debate hay varios derechos en conflicto: medioambiente, salubridad, ejercicio de industria lícita, libre comercio y propiedadprivada. Todos están tutelados constitucionalmente y cuál de ellos va a primaren cada caso o hasta dónde pueden ser limitados es un tema de hecho einterpretación.

A favor del uso del glifosato juega el “principio de noarbitrariedad”, que implica que la acción del Estado al limitar derechos oimponer cargas debe ser empleada con razonabilidad. Para que medidas quelimiten la actividad económica tengan validez legal, las mismas deben tenersustento fáctico y tienen que ser efectivas para lograr fines tales como laprotección del medio ambiente o la salud pública, sin excederse en laslimitaciones.

En el caso de Gualeguaychú, la Justicia entendió quemientras es evidente que se afectaba el negocio de los vendedores de insumos,no parecía en un primer análisis tan clara la protección al medio ambientepretendida por la ordenanza municipal.

Este es justamente el fondo de la cuestión: la toxicidad delglifosato. En el caso que la Justicia pudiera probar o dar por cierta supeligrosidad, sí sería legal y constitucional limitar su uso y comercializacióny en la tensión jurídica entre “ambiente y salubridad versus libertad decomercio y derecho a ejercer industria lícita” puede darse prioridad alambiente.

Para los comerciantes y eventualmente los productoresagropecuarios será clave entonces poder mostrar que no hay pruebas delperjuicio ambiental o a la salud, y por lo tanto, esta prohibición excede laspotestades municipales ambientales o de cuidado de la sanidad pública.

Sin embargo determinar la toxicidad o no del glifosato no estarea de la Justicia sino de la ciencia, y en este punto hay aún discusión anivel mundial.

Existen estudios en diversos sentidos e incluso la ONU o laUnión Europea no tienen una respuesta definitiva. No se puede legislaradecuadamente en base a prejuicios o proclamas sectoriales.

Es crucial entonces contar con una “última palabra” de laciencia basada en pruebas y hechos concretos, que a su vez sea respetada yaceptada por los involucrados.

¿Y mientras tanto? Así como el principio de no arbitrariedadjuega en contra este tipo de medidas restrictivas, el “principio preventivoambiental” les da sustento.

Esto significa que aún si no se probara la toxicidad de unasustancia o actividad ante una “duda razonable” se puede limitar acciones onegocios para prevenir daños ambientales potenciales.

La clave está entonces en la interpretación y justificaciónde qué significa “duda razonable”. No le toca a la Justicia definir sobreefectos en la salud o ambientales sino sopesar las pruebas y evaluar el nivelde afectación de estos derechos en comparación con el impacto económico de lasrestricciones.

El debate sobre la prohibición del glifosato está sobre lamesa, nos guste o no. Tiene aristas agronómicas, médicas, económicas y otrasque hacen a la construcción de la opinión pública en temas ambientales. Urgeavanzar hacia una definición científica que, además, cuente con sustentopolítico e internacional.

En Argentina tenemos malas experiencias como la Ley deSemillas, de similar complejidad, tema en el cual tenemos un problema hace añosque no podemos resolver.

Es fundamental que no suceda lo mismo: debemos enfrentar eltema del glifosato y los agroquímicos o la realidad nos pasará por encimamientras seguimos enredados en nuestra propia discusión.

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