Perfil Redacción NEA
El presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, consideró “inconveniente en este momento de la Argentina cambiar el número de miembros por la falta de confianza de la ciudadanía en la justicia”.
El letrado destacó que el país “padece baja institucionalidad”, aunque se mostró “de acuerdo con la paridad de género y una mirada federal”.
Para Gil Lavedra, contar con una Corte Suprema independiente e imparcial sería “la mejor garantía para todos”, según publica el sitio del Senado de la Nación.
La exposición del jurista tuvo lugar en el marco de una reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara Alta, donde se reanudó el análisis de ocho proyectos de ley que proponen modificaciones en la composición del máximo tribunal.
Proyectos
La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la cordobesa Alejandra Vigo, enfatizó que “las iniciativas analizadas comparten ejes comunes: el aumento del número de miembros del máximo tribunal, la paridad de género en su composición y la necesidad de una representación federal”.
Los proyectos presentados fueron elaborados por los senadores y senadoras Juan Carlos Romero (Cambio Federal); Lucila Crexell (Movimiento Neuquino); Alejandra Vigo (Unidad Federal); Flavio Fama (UCR); Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro); Nora del Valle Giménez (Unidad Ciudadana) y Silvia Sapag (Unidad Ciudadana), quien propuso dos iniciativas.
Otros expositores
María Esther Cafure de Battistelli, asesora y delegada de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) en Córdoba, abogó por la paridad en todos los órganos de la justicia y lamentó que, en pleno año 2025, aún sea necesario debatir la implementación de un cupo femenino en la Corte Suprema de Justicia, lo que pone de manifiesto la persistencia de desigualdades estructurales en el sistema judicial.
“La integración de la Corte Suprema, en términos de número y cualidades—diversidad de género y perspectiva federal—es crucial, pero debe englobarse en la necesidad de tener una nueva ley orgánica para reestructurar el funcionamiento de la Corte y debatir su operatividad”, afirmó el constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
“La paridad no debe interpretarse como una concesión, sino como un derecho que consolida la calidad democrática”, expuso Liliana Piccinini, jueza del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.
“Coincido en que el tema de la participación de las juezas en la Corte Suprema es constitucional. Es fundamental que, a pesar de las dificultades, se avance en una reforma”, manifestó Alberto García Lema, convencional constituyente de 1994.
