El constitucionalista Andrés Gil Domínguez analizó el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que desestimó el recurso de queja presentado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. En una publicación exhaustiva en su cuenta oficial de X, el abogado formuló una serie de objeciones constitucionales sobre la actuación del máximo tribunal, especialmente por no haber indagado en profundidad la responsabilidad penal de la expresidenta. “Solo el futuro podrá dilucidar si el estándar establecido por la CSJN es una nueva vara o tan solo una vara que se dobla según las circunstancias particulares del caso”, indicó.
Según Gil Domínguez, la Corte optó por un camino más fundamentado que el habitual al evitar aplicar el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que permite al tribunal desestimar un recurso sin argumentación. El constitucionalista considera esa práctica inconstitucional e inconvencional. En esta ocasión, el rechazo se sustentó en fundamentos, lo que, a su juicio, representa un aspecto positivo del máximo tribunal.
Falta de nexos entre CFK y los delitos probados
El constitucionalista sugirió dividir el análisis en dos niveles: en primer lugar, la verificación del delito; y en segundo, la responsabilidad penal de la entonces presidenta. “El fallo sostiene que las pruebas presentadas acreditaron la existencia del delito de defraudación contra la administración pública, basado en el direccionamiento de la obra pública realizado por la Dirección de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz en favor de Lázaro Báez”, explicó. Añadió que también se demostraron “numerosas irregularidades relativas a sobreprecios sustanciales, ampliación de plazos, tratamiento diferencial en los pagos anticipados, anticipos financieros, cobros inmediatos de las certificaciones por movilización de obra y ampliación de obra”.
Sin embargo, en lo que respecta a la responsabilidad directa de Cristina Kirchner, Gil Domínguez cuestionó la omisión de la Corte: “El problema constitucional respecto del principio de presunción de inocencia y el principio pro reo surge cuando la CSJN omite analizar en profundidad las pruebas que acreditan el nexo causal de CFK con la autoría del delito acreditado”. Según su interpretación, esta es una “cuestión constitucional y convencional simple o directa” que el tribunal pasó por alto.
Gil Domínguez también especificó qué elementos probatorios fueron desestimados por el máximo tribunal. Por un lado, el llamado “plan limpiar todo”, introducido por la fiscalía en la audiencia de juicio, fue calificado por la Corte como una “circunstancia empleada para contextualizar los hechos”, sin valor probatorio por sí misma. Por otro lado, el fallo mencionó las relaciones comerciales entre CFK y Lázaro Báez, pero según el abogado, esas relaciones “no fueron motivo del juicio y tramitan en otro proceso penal”, por lo cual tampoco pueden considerarse como prueba válida en esta causa.
“¿Qué queda como única prueba para establecer la responsabilidad penal de CFK?”, se preguntó Gil Domínguez. Su respuesta fue el Decreto 54/2009, dictado por Fernández de Kirchner en ejercicio de sus facultades constitucionales, refrendado por Sergio Massa y Julio De Vido (quienes fueron absueltos por el Tribunal Oral y la Cámara de Casación en esta misma causa). Dicho decreto habilitó a la Secretaría de Obras Públicas y a la Dirección Nacional de Vialidad como beneficiarios de un fideicomiso para obras viales creado por el Decreto Delegado 976/2001 de Fernando de la Rúa.
“¿Son suficientes para derribar la presunción de inocencia y el principio indubio pro reo previstos en la Constitución argentina y en los instrumentos internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional?”, planteó Gil Domínguez. “Considero que no, aunque el acusado sea Mauricio Macri, Javier Milei o, como en este caso, CFK”, concluyó.
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