Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA y referente de la CGT, criticó con dureza la reforma laboral del Gobierno y afirmó, en términos contundentes, que “no sirve”. Para el dirigente, el proyecto es antisindical y no ofrece beneficios reales a los trabajadores en su día a día. No obstante, reconoció la necesidad de avanzar y adaptarse a los cambios del mundo. Aun así, remarcó que la propuesta oficial no representa lo que el país necesita hoy.
El gremialista subrayó que la ley no ayuda a crear empleo formal, un problema central, dado que casi la mitad de los trabajadores en Argentina y en el mundo (el 46%) están en la informalidad. Martínez explicó que el proyecto “no dice nada sobre cómo pasar a esa gente a un trabajo en blanco”. En su visión, la reforma carece de medidas prácticas para que los empleados obtengan estabilidad y derechos.
El titular de la UOCRA también denunció que se perdieron 60.000 puestos de trabajo porque Javier Milei decidió frenar la obra pública de forma abrupta y sin explicaciones. Además, sostuvo que la reforma actual parece más un mensaje del “rockstar” Milei hacia su vínculo con Donald Trump que un plan serio para generar empleo. Para Martínez, el proyecto tiene una carga más ideológica que real.
A pesar de las críticas, Martínez defendió la importancia de mantener el diálogo con el Gobierno. Sin embargo, contó que en las reuniones del Consejo de Mayo nunca se discutió una ley de verdad. Según precisó, solo se trataron ideas sueltas y “disparadores” presentados por el ministro Federico Sturzenegger y el ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Para concluir, el dirigente advirtió que la intención de la ley es romper el modelo de los sindicatos argentinos. Indicó que muchos puntos de la reforma buscan eliminar derechos colectivos que para los gremios son innegociables. Aseguró que el proyecto tiene una dirección clara para golpear a las organizaciones de los trabajadores y desarmar el sistema actual.
La crisis de la informalidad y el empleo
La preocupación de Martínez por la falta de empleo en blanco se basó en la realidad cotidiana. Con un 46% de los trabajadores fuera del sistema, el dirigente reclamó que cualquier reforma debería ser un puente hacia la formalidad. Al no incluir mecanismos para que las empresas contraten legalmente, el gremialismo vio en esta ley una oportunidad perdida para mejorar la vida de millones de asalariados que hoy no tienen aportes ni obra social.
El dirigente anunció que viajará a Washington para reunirse con el FMI y el Banco Mundial, con el fin de discutir un “nuevo contrato social”. Martínez buscó mostrar que la pelea por los derechos laborales no es solo local, sino que forma parte de una discusión global sobre cómo proteger a los trabajadores en un mundo que cambia rápido.
La revelación sobre lo que pasó dentro del Consejo de Mayo dejó dudas sobre la verdadera intención del Gobierno. Según Martínez, el espacio no sirvió para armar leyes, sino para escuchar las consignas de funcionarios como Sturzenegger. Esta falta de debate técnico reforzó la idea del sindicalismo de que la reforma es una herramienta ideológica para quedar bien con Estados Unidos, antes que una solución para los problemas de las fábricas y las obras en Argentina.
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