La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) enfrenta un panorama de cuestionamientos políticos, judiciales y sociales. A pesar de la suspensión de más de 110 mil pensiones y los recortes en prestaciones, el organismo ha aumentado notablemente sus gastos. En 2024, su presupuesto, superando incluso la inflación acumulada durante el período, y en los últimos ocho meses recibió refuerzos por más de un billón de pesos.
El vocero presidencial Manuel Adorni indicó que, hasta principios de este mes, se suspendieron 110.522 pensiones que habrían sido otorgadas de manera irregular en administraciones previas. También se cancelaron 8.107 beneficios de personas fallecidas y otras 10.038 por renuncias voluntarias. Según el Gobierno, esto generó un ahorro mensual estimado en 35.000 millones de pesos.
No obstante, los informes oficiales revelan que el gasto de la ANDIS no se ha reducido. Por el contrario, el presupuesto total alcanzó los 4,83 billones de pesos anuales, consolidando a la agencia como el organismo descentralizado con el mayor presupuesto del Estado. La Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) señaló que, en el primer semestre de 2025, el gasto en pensiones aumentó un 5,2% interanual, a pesar de que la cantidad de beneficiarios se redujo un 3,7%.
Escándalo judicial y audios filtrados
La situación de la ANDIS se complicó aún más tras la difusión de audios atribuidos a su exdirector, Diego Spagnuolo, en los que se menciona un presunto sistema de retornos en la compra de medicamentos. En esas grabaciones se hace referencia a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y a Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional.
La Justicia ha ordenado allanamientos tanto en la agencia como en la droguería Suizo Argentina, principal proveedora de medicamentos de alto costo, cuyos contratos con el Estado crecieron de manera exponencial el año pasado. El caso sigue bajo investigación.
Simultáneamente, las personas con discapacidad atraviesan una situación crítica debido al congelamiento de prestaciones y bonos. La pensión por invalidez laboral representa el 70% de la jubilación mínima, que actualmente es de 200.074 pesos, más un bono fijo de 70.000 pesos que permanece sin cambios desde marzo de 2024. En términos reales, los ingresos han perdido frente a la inflación.
Una situación similar se observa con los aranceles que cubren las prestaciones de discapacidad. Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en 2024 experimentaron un aumento del 60%, por debajo de la inflación, y en 2025 no se registró ningún incremento.
Críticas al proceso de auditorías y la respuesta oficial
Organizaciones como ACIJ critican la forma en que se llevan a cabo las auditorías de pensiones, realizadas en convenio con el PAMI. El acuerdo prevé la revisión de más de un millón de beneficios en un plazo de 24 meses.
Según ACIJ, el mecanismo “resulta inadecuado para cumplir con la finalidad declarada”. La ONG denunció que las citaciones se realizaron exclusivamente por carta documento, y que casi la mitad no llegaron a su destino. Además, muchos beneficiarios fueron convocados a cientos de kilómetros de su lugar de residencia. “Si estas personas no pudieron participar en el proceso de control, difícilmente puede afirmarse que sus pensiones estaban mal otorgadas”, alertó la organización, que también documentó casos de suspensiones sin notificación previa.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, rechazó que las auditorías constituyan un ajuste automático o masivo. En su informe al Congreso, aseguró que el objetivo es “garantizar que las pensiones lleguen a quienes cumplen con los requisitos establecidos por ley”. Francos destacó que, desde 2003, la cantidad de beneficios ha aumentado un 1418% y que el rediseño del sistema busca priorizar a las personas más vulnerables, es decir, aquellas sin ingresos, cobertura previsional o posibilidad de inserción en el mercado laboral.
DCQ
