Jorge García, procurador general del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, decidió no mantener la acusación contra la jueza de Familia, Josefina Etienot, y por lo tanto solicitó su absolución debido a la caducidad del Jury de Enjuiciamiento, considerando que los plazos para su desarrollo ya habían vencido. Esta determinación fue comunicada el lunes, tras un extenso alegato del jefe de los fiscales. Durante su exposición, García mencionó varios casos de enjuiciamientos a jueces en años recientes, como los de Rossi, Salem y Flores.
“Nada nos garantiza regresar a épocas oscuras. En este caso, se produjo la caducidad, por lo que solicitamos la absolución de la enjuiciada Etienot. Es fundamental destacar que no podemos continuar por cuestiones legales. Debemos manifestar que no podemos actuar más en este proceso”, enfatizó el procurador, reiterando que el pedido de absolución era contundente e irreductible. “En el improbable caso de que nuestra excelencia decida proseguir, no podemos intervenir. Reiteramos nuestro planteo de absolución”, añadió.
El proceso contra Etienot, quien preside el Juzgado de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes de Diamante, comenzó el lunes a las 9 en el Salón de Actos del STJ. Este está encabezado por la senadora provincial Gladys Domínguez, junto a los vocales del STJ Leonardo Portela, Gisela Schumacher y Miguel Ángel Giorgio; el diputado provincial Marcelo López, y los abogados Gonzalo García Garro y María Victoria Giménez. La defensa está a cargo de Leopoldo Lambruschini.
Durante su alegato inaugural, García citó fragmentos del voto de Daniel Carubia en el enjuiciamiento y posterior absolución del juez de Ejecución Penal de Gualeguay, Eduardo Oscar Rossi, tras el femicidio de Micaela García.
“Desde el momento en que se dicta el auto de probabilidad, debe haber un plazo de seis meses a un año”, cuestionó García sobre el proceso contra Etienot, que está abierto desde 2023. Argumentó que es esencial proteger “la autonomía del Poder Judicial”. Aseguró que sus miembros viven bajo la constante amenaza de ser cuestionados por sus decisiones, lo cual, en lugar de ser impugnadas, parece que son susceptibles de un jury. “Esto socava la posibilidad de un Poder Judicial independiente”, advirtió.
García subrayó que “no hay obediencia debida en ninguno de los magistrados. La única obligación es la sujeción a las normas, y eso se encuentra actualmente en riesgo. La conflictividad ha aumentado considerablemente, y esto ha sido un punto destacado en el mensaje del actual presidente del Poder Judicial”.
En otro segmento de su disertación, se refirió a la “irreflexión y emocionalismo en el lenguaje” que circula en las redes sociales. “Esto hace que los magistrados vivan con la ‘espada de Damocles’. Los jueces temen que el violento que han excluido de un hogar ataque a quien lo denunció. Intentamos prevenir esos hechos, pero muchas veces no lo logramos”, expresó. “Cuando ocurre un femicidio, tememos ser denunciados y enjuiciados. En los últimos años, esta situación ha crecido de manera intolerable”.
García también recordó lo sucedido tras la confirmación de la condena en el megajuicio por corrupción. “Cuando se debatió sobre el otorgamiento o no del beneficio, un defensor mediático acusó al Poder Judicial de Entre Ríos de conspiración y asociación ilícita. Nos denunciaron ante la Justicia Federal y Nacional, y nos difamaron en todas las redes”, rememoró. “Es necesario poner freno a esta situación”.
Sobre el enjuiciamiento de Oscar Rossi en Gualeguay, el procurador General recordó que “los legisladores pedían el juicio. Se llevó a cabo, pero la resolución del juez se basó en una decisión del STJ. El Ministerio Público Fiscal no estaba de acuerdo, pero era una decisión legítima”, acotó, señalando la discrepancia respecto a la responsabilidad que se le atribuyó a Néstor Pavón en el crimen. Sin embargo, el MPF apeló a la Corte Suprema y ahora Pavón enfrentará un juicio por jurados. “Esperamos que sea condenado”.
Más adelante, mencionó los casos de violencia laboral en contra de los jueces Eduardo Elías Flores (Concepción del Uruguay) y Sebastián Salem (Gualeguay). “En ambos casos, la violencia laboral no pudo ser resuelta dentro del ámbito judicial. Estos dos magistrados denunciaron falsamente a sus secretarias ante la Fiscalía. En el caso de Flores, incluso cuando la secretaria ya había renunciado”.
En el juicio actual contra Etienot, se alegó violencia laboral contra las integrantes del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), la secretaria, y un segundo episodio de comportamiento caótico. García explicó que las decisiones de Etienot están relacionadas con las atribuciones que tenía como jueza. “Un juez de Familia, en situaciones con niños o ancianos, posee potestades, y quien no esté de acuerdo tiene vías ordinarias para impugnar. Este asunto nos interesa porque existieron acciones de violencia laboral en el contexto. Antes de que Etienot asumiera, la situación de violencia ya existía. Hay un expediente sobre relaciones laborales donde la denunciada era la secretaria, que terminó archivado”.
