
Jorge García, procurador general del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, decidió no continuar con la acusación contra la jueza de Familia, Josefina Etienot, y solicitó su absolución debido a la caducidad del Jury de Enjuiciamiento, al considerar que los plazos para su sustanciación habían expirado. Este anuncio se realizó el lunes, tras un extenso alegato del jefe de los fiscales, quien mencionó varios casos de enjuiciamientos a jueces en los últimos años, incluyendo a Rossi, Salem y Flores.
“Nada nos garantiza regresar a la época de las cavernas. En este caso, se ha producido la caducidad y solicitamos expresamente que se absuelva a la enjuiciada Etienot. Subrayamos que no podemos continuar, ya que no es legal. Es necesario manifestar que no podemos seguir actuando. Por lo tanto, nuestro pedido de absolución es firme e inalterable; desistimos de la prueba. Si, de manera hipotética, nuestra excelencia decidiera continuar con el proceso, no podríamos intervenir. Reiteramos nuestra solicitud de absolución”, afirmó García.
El procedimiento contra la jueza Etienot, quien ejerce en el Juzgado de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes de Diamante, comenzó a las 9 de la mañana en el Salón de actos del STJ. Este espacio está presidido por la senadora provincial Gladys Domínguez, junto a los vocales del STJ Leonardo Portela, Gisela Schumacher y Miguel Ángel Giorgio; el diputado provincial Marcelo López, y los abogados Gonzalo García Garro y María Victoria Giménez. La defensa está a cargo de Leopoldo Lambruschini.
En su alegato de apertura, García hizo referencia a pasajes del voto del vocal Daniel Carubia en el juicio y posterior absolución del juez de Ejecución Penal de Gualeguay, Eduardo Oscar Rossi, tras el femicidio de Micaela García. “Desde el momento en que se emite el auto de probabilidad, debe haber un plazo de seis meses a un año”, cuestionó García sobre el caso de Etienot, que fue abierto en 2023. Argumentó la necesidad de salvaguardar “la autonomía del Poder Judicial” y advirtió que sus miembros viven bajo la “espada de Damocles” en función de decisiones que, en lugar de ser impugnadas, pueden ser objeto de jury. “Esto destruye la posibilidad de contar con un Poder Judicial independiente”, señaló.
García afirmó que “no hay obediencia debida en ninguno de los magistrados. La única obediencia es la sujeción a las normas, algo que está en riesgo actualmente. Hay una creciente conflictividad, que se ha convertido en un punto central en el mensaje del actual presidente del Poder Judicial”.
En otro momento de su exposición, se refirió al “irreflexión y emocionalismo en el lenguaje”, que se manifiesta en las redes sociales. “Esto hace que los magistrados vivan con la ‘espada de Damocles’; los jueces temen que el violento al que excluyen de una familia mate a quien lo denunció. Intentamos prevenir estas situaciones, pero a menudo no podemos. Y tras un femicidio, todos tememos ser denunciados y enjuiciados”, expresó. “En los últimos años, esto ha aumentado de manera intolerable”.
García puso como ejemplo lo ocurrido después de la confirmación de la sentencia del megajuicio por corrupción. “Cuando llegó el momento de discutir el otorgamiento o no de un beneficio, un defensor mediático denunció a todo el Poder Judicial de Entre Ríos por conspiración y asociación ilícita. Nos denunciaron en la Justicia Federal y Nacional, y nos difamaron en todas las redes”, recordó. “Esta situación debe ser controlada”.
Acerca del caso de Oscar Rossi en Gualeguay, el procurador general recordó que “los legisladores hicieron presión para el enjuiciamiento”. “Se enjuició, pero la resolución del juez fue dictada de acuerdo con una decisión del STJ. El Ministerio Público Fiscal no estuvo de acuerdo, aunque era una decisión ajustada a derecho”, acotó, señalando la discrepancia respecto a la responsabilidad alegada de Néstor Pavón en el crimen. El MPF llevó el caso a la Corte Suprema, y ahora Pavón enfrentará un juicio por jurados. “Esperamos que sea condenado”, agregó.
Más adelante, García mencionó los procesos por violencia laboral contra los jueces Eduardo Elías Flores (Concepción del Uruguay) y Sebastián Salem (Gualeguay). “En ambos casos, la violencia laboral no pudo ser abordada dentro del Poder Judicial. Estos magistrados compartieron un aspecto en común: hicieron denuncias falsas en Fiscalía contra sus secretarias. En el caso de Flores, incluso cuando la secretaria ya había renunciado”.
En el actual enjuiciamiento contra Etienot, se denunciaron actos de violencia laboral por parte de integrantes del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), así como contra la secretaria, en lo que se describió como un ambiente caótico. García afirmó que las decisiones de Etienot “están relacionadas con las atribuciones que le corresponden”. “Un juez de Familia, ya sea en situaciones con niños o ancianos, cuenta con potestades, y quienes no estén de acuerdo tienen vías ordinarias para impugnar. Nos preocupa la situación porque ha habido actuaciones vinculadas a violencia laboral. Antes de la asunción de Etienot, que es la única funcionaria del procedimiento que llegó a su designación y es la denunciada, ya existía una situación de violencia. Hay un expediente sobre relaciones laborales donde la denunciada era la secretaria. El asunto terminó archivado”.