La diputada nacional Carolina Gaillard utilizó el reciente escándalo por presunto espionaje en dependencias del gobierno de Entre Ríos para lanzar una ofensiva política contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941 impulsado por el presidente Javier Milei, que introduce cambios de fondo en la Ley de Inteligencia Nacional.
A través de una publicación en la red social X, la legisladora calificó como “gravísimos” los hechos denunciados en la provincia y sostuvo que ese tipo de prácticas remiten a “los momentos más oscuros de la historia argentina”. En ese marco, vinculó el episodio con el debate que se dará en el Congreso sobre el DNU 941 y advirtió que la norma “habilita el espionaje sin límites ni controles”.
Gaillard fue un paso más allá y apuntó directamente al gobernador Rogelio Frigerio. Le reclamó que no se limite a repudiar lo ocurrido en Entre Ríos, sino que intervenga políticamente para que los diputados y senadores nacionales que responden a la provincia rechacen el decreto del Poder Ejecutivo. Según planteó, existe una contradicción entre condenar el espionaje a nivel local y, al mismo tiempo, permitir que avance una iniciativa que —a su entender— amplía de manera peligrosa las facultades del sistema de inteligencia.
El DNU 941, publicado a comienzos de este año, reestructura el Sistema de Inteligencia Nacional y redefine el rol de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Desde la oposición y organismos de derechos humanos se cuestiona que el decreto declare como “encubiertas” todas las actividades de inteligencia, facilite el intercambio de datos personales entre organismos y otorgue mayores atribuciones operativas sin controles suficientes del Congreso o del Poder Judicial.
En su mensaje, la diputada entrerriana sostuvo que el debate no es abstracto ni técnico, sino que tiene consecuencias concretas. “Si se repudia el espionaje, también se debe rechazar una norma que lo institucionaliza”, fue el sentido del planteo que dirigió al mandatario provincial.
En ese escenario, el posicionamiento de los legisladores nacionales de cada provincia aparece como un dato clave para el futuro de la iniciativa del Gobierno.
Mientras el oficialismo defiende el decreto como una herramienta necesaria para modernizar el sistema de inteligencia, la oposición busca capitalizar políticamente el clima de sospecha generado por las denuncias de espionaje y presiona para que el Congreso lo rechace. En ese cruce, Gaillard decidió unir ambos planos y colocar a Frigerio en el centro de la escena.
