Martes, 5 de agosto de 2025   |   Nacionales

Fuerzas de seguridad reprimen a discapacitados que protestaban por la emergencia frente al Congreso tras veto de Milei

Durante su habitual editorial del programa que conduce en la noche de Bravo TV, el periodista Pablo Caruso denunció un atropello ejecutado por un operativo policial que se ocupó de desalojar con violencia a quienes reclamaban por la falta de pagos a escuelas especiales y terapias.
Fuerzas de seguridad reprimen a discapacitados que protestaban por la emergencia frente al Congreso tras veto de Milei

Pablo Caruso dedicó su habitual editorial de apertura del programa que conduce en Bravo TV para denunciar el operativo policial que este martes se encargó de reprimir a personas con discapacidad y sus familiares que protestaban en las cercanías del Congreso Nacional tras el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. El reclamo se centraba en la falta de pagos a prestadores, escuelas especiales y profesionales que garantizan derechos fundamentales como la educación y la salud de niños y adolescentes con dificultades motrices y cognitivas. Se registraron imágenes de policías empujando sillas de ruedas y forcejeando con manifestantes, mientras una madre relataba entre lágrimas la gravedad de la situación.

Según analizó el conductor de “QR”, el desalojo evidenció no solo el impacto del ajuste en los sectores más vulnerables, sino también un grado de insensibilidad estatal sin precedentes. “Esto no pasó nunca”, afirmó una madre frente a las cámaras, al narrar cómo su hijo con autismo había encontrado por primera vez una escuela donde se sentía feliz, y que actualmente está en riesgo de cierre por falta de fondos.

Caruso enfatizó el mensaje político implícito en el operativo: “El Gobierno está dispuesto a pagar para reprimir, pero no para garantizar terapias”, señaló. La escena generó una fuerte repercusión en las redes sociales, especialmente por el contraste entre el reclamo pacífico y la respuesta violenta de las fuerzas de seguridad.

La denuncia se sitúa en un contexto de profundo ajuste en áreas críticas como la salud, educación especial y seguridad social. La demora en los pagos, la eliminación de subsidios y el vaciamiento denunciado por organizaciones dedicadas a la discapacidad reflejan la magnitud de la crisis estructural, en un país donde, según datos del último censo, hay 2.176.123 personas con discapacidad.

“Estamos viendo un modelo que garantiza desigualdad a palazos”, concluyó Caruso, en una jornada marcada por imágenes dolorosas que expusieron la dimensión humana del ajuste, según enfatizó en pantalla.

LB / FPT

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