La jornada de protesta de este miércoles en los alrededores del Congreso tuvo su epicentro en el reclamo por la Ley de Emergencia en Discapacidad. Manifestantes nucleados en el Foro Permanente Discapacidad se movilizaron desde la Plaza Congreso hacia el Ministerio de Salud, en medio de un clima caldeado y un megaoperativo policial que buscó aplicar a rajatabla el protocolo antipiquetes.
En ese marco, la tradicional marcha de los jubilados, que también se realiza cada miércoles, se convirtió en el escenario de la tensión. Sobre la calle Hipólito Yrigoyen, cuando los manifestantes intentaron bajar de la vereda, un efectivo policial frenó a un hombre mayor con un fuerte empujón que provocó que cayera pesadamente al suelo.
La violenta escena, captada por los móviles de televisión, generó la indignación inmediata del resto de los manifestantes. Se produjeron intercambios de insultos y reproches contra el accionar policial, que había desplegado un cordón y vallas sobre la avenida Rivadavia para limitar la movilización. Afortunadamente, la situación no escaló a mayores.
La movilización principal por la discapacidad no fue un hecho aislado. Forma parte de un cese de actividades que comenzó ayer, convocado por el Foro Permanente. La decisión, según explicaron en un comunicado, se tomó tras los graves hechos ocurridos el viernes 17 de octubre en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Denunciaron que ese día, “las personas con discapacidad, familias y prestadores del sector fueron nuevamente objeto de maltrato y ausencia de respuestas concretas”. La falta de diálogo y el deterioro en la atención fueron el detonante para volver a las calles y exigir soluciones de fondo.
“Ante la falta de avances y el deterioro en las condiciones de atención, acompañamiento y financiamiento, entendemos que ya no podemos esperar más”, agregaron. Los reclamos son claros: que se garanticen los derechos, se cumpla la Ley de Emergencia en Discapacidad y se dé una respuesta urgente a la “crisis terminal” que atraviesa todo el sector.
El telón de fondo de la protesta: jubilaciones que pierden contra la inflación
La protesta de los jubilados, que este miércoles se vio marcada por la firmeza del protocolo de seguridad, es un reclamo que se sostiene desde hace años por la mejora en sus haberes. La movilización de hoy, que comenzó un par de horas antes de lo habitual, consistió en la tradicional vuelta al Congreso y un “semaforazo” en Entre Ríos e Yrigoyen, justo donde ocurrió el incidente con el manifestante.
ANSES acaba de oficializar las resoluciones que fijan el incremento de octubre en un 1,88%, siguiendo la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto. Con esta actualización, el haber mínimo asciende a $326.298,38, mientras que el máximo se sitúa en $2.195.679,22.
A estos montos se les suma un bono mensual de $70.000, cuya continuidad aún debe ser confirmada oficialmente para los próximos meses. Este refuerzo, que no tiene un mecanismo de actualización automático y mantiene su valor desde marzo de 2024, eleva el haber mínimo total a $396.298,38 y la PUAM a $331.039.
El problema es que el poder adquisitivo de ese bono se redujo drásticamente frente a la inflación. El reajuste del 1,88% se aplica a la Prestación Básica Universal (PBU), que se eleva a $149.266,62, y a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que llega a $261.039, pero el bono congelado es lo que licúa gran parte del ingreso y alimenta la bronca que se ve en las calles cada miércoles.
TC
