MENDOZA.- La resolución 37/2025 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que reconfiguró el rol del organismo, fue celebrada por los principales empresarios del sector vitivinícola nucleados en Bodegas de Argentina (BA) como un paso clave para simplificar la actividad y reducir costos. En tanto, desde la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y el sector cooperativo señalaron a LA NACION que están analizando la medida y que emitirán su posición en los próximos días.
“Esta desregulación es un paso adelante; la hemos trabajado mucho en conjunto con el Gobierno. Es una forma de simplificar la actividad, de bajar costos, ya que cada uno de esos trámites tiene sus costos. De esta manera, permite liberar a personal de la bodega que estaba exclusivamente para estos temas, lo que hacía encarecer el producto”, expresó Walter Bressia, presidente de BA. La entidad representa a más de 200 establecimientos vitivinícolas del país.
La resolución dio de baja más de 970 normas. El control ya no estará sobre las etapas productivas, sino sobre el producto final. “Ya no andarán los inspectores del INV interfiriendo en la producción de las bodegas, un reclamo de los productores que se repetía sin cesar”, dijo Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado tras la medida.
“Está hecho con criterio y mucha consulta al sector privado. Hemos dado nuestro parecer todo el tiempo y estamos muy de acuerdo con las medidas. El impacto tiene más pro que contra, ya que los controles se van a hacer sobre el producto final”, remarcó el dirigente de la entidad. En este sentido, sostuvo que el INV ya realizaba este tipo de inspecciones, “pero en menor medida”; la mayoría de las tareas de vigilancia se efectuaban dentro de las bodegas. “Es innovador y muy bueno que suceda, y nos gustaría que se controle en los depósitos de las bodegas, ya que será más efectivo. El INV va a seguir siendo muy importante para la actividad por su imagen y respaldo al producto que se exporte, con su reconocimiento nacional e internacional”, completó Bressia.
Desde Coviar, integrada por actores del sector público —incluido el propio INV— y del privado, como bodegueros y cooperativas, explicaron a este diario que la decisión oficial está siendo analizada por sus directivos y miembros. “Se está analizando el decreto y estudiando su alcance. Y estamos teniendo reuniones y contactos con los gobiernos de Mendoza y Nación. Aun no tenemos una posición oficial al respecto”, dijeron a LA NACION.
Asimismo, desde la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi) están revisando la letra chica de la resolución. En diálogo con este medio, Fabián Ruggeri, presidente de la institución, dijo estar a la expectativa sobre el impacto real de la medida. “Estas modificaciones son bastantes distintas a lo que teníamos previsto o hablado anteriormente, con lo cual hay que hacer un análisis jurídico y técnico para ver el impacto y alcance real que tiene, como para tener una opinión profunda y real sobre el tema”, afirmó el dirigente, que representa a más de 30 cooperativas, entre las que se encuentra Fecovita.
El gobierno nacional impulsó una fuerte desregulación. Xavier Martín
“Tenemos dudas con el CIU, que es el Certificado de Ingreso de Uva, si quedará finalmente como optativo. También, con el tema de los controles hay dudas de cómo se van a terminar realizando, por ejemplo, con los vinos a granel. No tenemos tantas certezas, por eso seguiremos consultando y analizando”, completó Ruggeri.
En las últimas horas, luego de que el Gobierno reestructurara la organización normativa del INV y derogara 973 normas para eliminar intervención en los procesos productivos y quitar burocracia en los procedimientos, Sturzenegger publicó un posteo en sus en el que enfatizó que la medida “deja atrás décadas de burocracia absurda en el sector vitivinícola”.
“La resolución deroga 973 normas (sí, 973!) y redefine completamente el rol del organismo. Dejamos atrás el régimen en el que el Estado pretendía controlar cada paso del proceso productivo para pasar a un modelo donde se enfoca exclusivamente en garantizar la aptitud para consumo del vino. La industria del vino ya mostró lo que puede dar”, indicó el funcionario en su cuenta personal de la red social X.
Recordó que la Argentina produce 900 millones de litros de vino por año. “Lo que la convierte en el quinto productor mundial. Exportamos US$800 millones anuales. Pero el consumo mundial del vino está cayendo y los gustos cambian (por ejemplo, se impone en varios países el consumo de vino sin alcohol). Por ello, es un imperativo darle a la industria la flexibilidad y libertad necesarias para adaptarse a este cambiante entorno”, afirmó.
“Para tomar noción de lo exagerado de este régimen, en 2024 el INV emitió 140.000 permisos de tránsito y realizó más de 5000 inspecciones a bodegas. Existen registros de empresas que recibían una inspección cada dos días. Como si esto fuera poco, el INV se encargaba de trámites innecesarios como la determinación año a año del grado alcohólico mínimo permitido para cada tipo de vino según la zona. Y como siempre decimos, menos burocracia son menos oportunidades para la corrupción. Al eliminar las fiscalizaciones intermedias los inspectores solo tomarán muestras de los productos embotellados y los enviarán a analizar, cerrando la puerta para la discrecionalidad y la corrupción”, dijo.
Agregó: “En otras palabras, ya no andarán los inspectores del INV interfiriendo en la producción de las bodegas, un reclamo de los productores que se repetía sin cesar. Y, como dice el titular del INV, la inmensa mayoría de las bodegas hace años que no tiene problemas ¿Por qué tratarlos como delincuentes? Ya bastantes dificultades tiene el negocio en sí mismo para que el Estado ande complicando las cosas. VLLC!“, finalizó el funcionario en su posteo.
Dijo Sturzenegger: “En otras palabras, ya no andarán los inspectores del INV interfiriendo en la producción de las bodegas, un reclamo de los productores que se repetía sin cesar” Mauro V. Rizzi
Por su parte, en un comunicado, la Secretaría de Agricultura destacó que esta resolución constituye “una profunda reforma que moderniza el marco regulatorio del sector vitivinícola, eliminando trabas burocráticas y devolviendo la libertad a la industria”. Agricultura detalló los alcances de la medida y sostuvo que representa “una profunda reforma que moderniza el marco regulatorio del sector vitivinícola, eliminando trabas burocráticas y devolviendo la libertad a la industria”.
“Esta reforma redefine el rol del INV. El organismo dejará de intervenir en las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo para concentrarse exclusivamente en el control del producto final, garantizando que los vinos sean aptos para el consumo y no estén adulterados. En otras palabras, el INV dejará de fiscalizar todo el proceso productivo y se enfocará en asegurar la calidad del vino que llega a los consumidores”, agregaron.
“El INV continuará emitiendo las certificaciones exigidas para exportaciones, tal como lo requieren los países de destino. Esta reforma pone fin a un esquema regulatorio sobredimensionado, oneroso, ineficaz y burocrático, que durante años obstaculizó el desarrollo de una de las principales economías regionales de la Argentina”, completaron.
