El gobierno de Javier Milei afronta un conflicto central con la Confederación General del Trabajo (CGT) y el peronismo por su proyecto para modificar el régimen laboral argentino, destacó Financial Times.
El diario británico calificó el debate como una de las disputas políticas más intensas desde el inicio de la gestión, con los sindicatos y el peronismo en el núcleo de la resistencia.
La reforma impulsada por Milei pretende flexibilizar el mercado laboral y reducir la influencia sindical en la negociación de salarios y condiciones de trabajo, en un contexto en el que casi la mitad de los trabajadores está en la informalidad y el empleo registrado se mantiene estancado desde 2011.
Al respecto, el medio recuerda que en octubre de 2025 el propio Milei dijo en un discurso: “Por demasiado tiempo la incertidumbre legal sobre los contratos, los costos excesivos y el temor de las pymes ante cada nueva contratación empujaron a cientos de miles de trabajadores a la informalidad”, sostuvo Milei en octubre pasado, en declaraciones citadas por el medio británico.
La CGT y el peronismo, en cambio, consideran la protección de los derechos laborales un pilar histórico, rechazan de plano la iniciativa y advierten sobre la pérdida de garantías individuales y colectivas. “Esta reforma fue escrita por estudios jurídicos para las grandes corporaciones que recopilaron los pedidos de sus clientes, produciendo un proyecto Frankenstein. Debilita de manera severa los derechos individuales y colectivos y no ofrece nada a los trabajadores a cambio”, dijo Jorge Solá, uno de los secretarios adjuntos de la CGT, citado por el FT.
La nota señala que el proyecto oficial propone, entre otros puntos, reducir el derecho de huelga, ampliar el período de prueba para nuevos empleados, limitar la discrecionalidad judicial en el cálculo de indemnizaciones, extender la jornada laboral hasta 12 horas y priorizar las negociaciones salariales a nivel de empresa sobre los acuerdos nacionales. Estas medidas, añade, encendieron la alarma en los sindicatos, que ya preparan acciones legales y evalúan convocar huelgas en rechazo.
La resistencia sindical se produce en un escenario en el que, según encuestas citadas por el medio británico, seis de cada diez argentinos apoyan la necesidad de cambiar la legislación laboral. Sin embargo, ese respaldo disminuye cuando se consulta sobre aspectos concretos, como la extensión de la jornada o el recorte de indemnizaciones. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, calificó la propuesta como “un retroceso de un siglo” en materia de derechos laborales y propone un paro general para el 11 de febrero, algo que por ahora la CGT descartó, limitándose a una movilización.
Financial Times subraya que desde los años cuarenta los sindicatos mantuvieron una enorme influencia en la vida económica y social del país y que, según el peronismo, las leyes vigentes son esenciales para proteger a los empleados en una economía volátil y para evitar el agravamiento de la desigualdad, mientras el gobierno argumenta que el actual sistema generó niveles altos de empleo en negro y paralizó la creación de empleo registrado.
La reforma propuesta por Milei, afirma, constituye el mayor intento en décadas de limitar el poder de los sindicatos, que todavía gestionan desde la negociación salarial hasta los seguros de salud y la administración de centros de vacaciones, aunque su fuerza se vio debilitada por el desgaste del peronismo, la crisis económica y los escándalos de corrupción. Aun así, matiza, los gremios conservan una capacidad de presión significativa y buscan frenar el avance del proyecto oficialista.
Uno de los puntos más sensibles para la CGT y los gremios es que el proyecto facilita a los no afiliados la opción de dejar de pagar la cuota solidaria y termina con el carácter “ultra-activo” o permanente de muchos convenios firmados en 1975, además de priorizar los acuerdos por empresa o por región. Al respecto, cita a Armando Caro Figueroa, quien fuera ministro de Trabajo durante el gobierno de Carlos Menem, quien dice: “la reforma apunta a descentralizar a los sindicatos, lo que podría ser positivo si se realiza correctamente”, pero advierte que es muy “ideológico” y que muchos de sus artículos podrían ser rechazados en los tribunales laborales, muy sesgados hacia los sindicatos.
La nota destaca que, mientras Milei busca negociar con legisladores moderados, la confrontación directa con la CGT se redujo en los últimos meses, pero la presión persiste y el presidente podría verse obligado a atenuar algunos aspectos del proyecto para obtener los votos necesarios.
El diario británico también apunta a la ambivalencia de las cámaras empresarias: señala que, si bien la mayoría de las empresas apoya la flexibilización y la reducción de las indemnizaciones, existe cierta reticencia a las negociaciones a nivel de empresa. “Actualmente ambas partes llegan respaldadas por abundante investigación. Imagine a un empresario promedio debatiendo salarios con cada empleado individualmente. El gobierno prioriza al individuo, nosotros preferimos proteger lo colectivo”, cita a Ricardo Diab, presidente de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME)
El gobierno argumenta que la reforma permitirá aumentar el empleo formal y ampliar la base tributaria, un objetivo clave para la viabilidad del plan de apertura económica de Milei. Pablo Yeramian, dueño de la textil Norfabril, citado en la nota, dice que las modificaciones en las indemnizaciones alientan a tomar más empleados. Pero el diario británico consigna también que las empresas admiten que el empleo difícilmente crecerá si no se reduce la carga impositiva y los aportes patronales, que representan casi el 70% del salario, según datos de la consultora Invecq.
Anteriores gobiernos no peronistas no pudieron lograr cambios estructurales por la tenaz resistencia gremial y el desenlace de esta pulseada será una prueba política clave para la gestión Milei. El resultado de la actual contienda, concluye el FT, sigue abierto, en medio de un escenario dominado por la puja entre el Ejecutivo, el peronismo y los sindicatos.
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