De la redacción de INFORME DIGITAL
Detrás de cada escándalo en Defensa del Consumidor aparece el mismo nombre: Fernán Poidomani. Fue director del área, luego coordinador con facultades extraordinarias autodelegadas en una resolución interna y hoy sigue influyendo bajo distintos secretarios de Industria, Comercio y Minería. Cambian los titulares, pero las denuncias, los convenios multimillonarios y los desmanejos siempre lo tienen como eje.
Secretarios que pasaron, problemas que quedaron
En la Secretaría de Industria, Comercio y Minería se sucedieron:
• Victoria Giarrizzo
• Catriel Tonutti
Ninguno logró frenar los manejos cuestionados. En ambos casos, el denominador común fue la influencia de Fernán Poidomani, que se mantuvo con poder real en el área.
En Defensa del Consumidor: la cronología
• Juan Carlos Albornoz: Fue director durante la gestión de Gustavo Bordet. Su salida se produjo tras quedar rodeado de escándalos de otro tipo —no vinculados a lo económico— que el entonces gobernador no estuvo dispuesto a tolerar. Ya en esa época se mencionaba a Fernán Poidomani como quien permanecía hasta tarde en las oficinas, y luego, cuando llegaban otros funcionarios, se encontraban con expedientes perdidos o, según testigos, directamente quemados.
• Fernán Poidomani: Tras la salida de Albornoz, asumió un tiempo con la expectativa de quedarse en el cargo.
• Pablo Luciano: De Gualeguaychú y cercano al ex ministro Bahílo, fue designado por Bordet en su segunda gestión. El nombramiento provocó el enojo de Poidomani, que lo fue debilitando hasta hacerlo caer.
• Jesús Pérez Mendoza: Lo sucedió. También fue presionado y desplazado al negarse a firmar resoluciones irregulares, como el convenio con la UNL por el 50% de las multas. Pérez Mendoza denunció públicamente que había planteado estas irregularidades a la ex secretaria Victoria Giarrizzo y al ministro Bernaudo, sin ser escuchado.
• Belén Bressán: Es la actual directora. Llegó tras la caída de sus antecesores, en un contexto donde Poidomani ya busca alianzas y cobertura política por encima del cargo, como hizo con todos los directores anteriores.
El convenio millonario con la UNL
El 3 de junio se firmó un convenio entre la Secretaría y la Universidad Nacional del Litoral (UNL), con participación del estudio jurídico Churrarín de Paraná. El acuerdo preveía que la UNL colaborara en expedientes sumariales de Defensa del Consumidor, percibiendo el 50% de lo recaudado en multas.
El 25 de octubre se enviaron para firma 8 resoluciones por un total de $78 millones, de los cuales 40% iba a municipios, 50% a la UNL y apenas 10% a la provincia. Según fuentes inobjetables del área, este monto correspondía solo a esos expedientes: en total había unos 4.000 casos pendientes, varios de ellos por cifras millonarias, como un expediente contra la financiera de Carrefour por más de $700 millones.
El ex director Jesús Pérez Mendoza advirtió que el convenio nunca fue protocolizado en la Escribanía Mayor de Gobierno, carecía de dictamen jurídico y que los originales habían desaparecido. Cuando solicitó el expediente directamente a la universidad, fue apartado de su cargo por la ex secretaria Giarrizzo, lo que reforzó las sospechas sobre la trama de irregularidades.
La disposición que blindó a Poidomani
Aunque formalmente Pérez Mendoza tenía la firma, una disposición oficial le otorgó a Fernán Poidomani facultades equivalentes a las del Director General de Defensa del Consumidor. Así, el circuito administrativo quedaba bajo su control: resoluciones, numeraciones y convenios se generaban y cerraban en Córdoba 231, sin pasar por instancias superiores.
La red familiar y sindical
Cuentan en Defensa al Consumidor que la esposa de Poidomani, Soledad Palumbo Parera, entró al organismo con un acuerdo de ATE. La hermana de su esposa, dentista, fue ubicada en IOSPER como auditora odontológica. Palumbo Parera era presentada por Poidomani como empresaria de “alcurnia” y con eso justificaba una vida de alto nivel, pero terminó siendo una empleada estatal como él. Ambos fueron absorbidos luego por la Secretaría de Tonutti, lo que se interpreta como una maniobra de protección.
Se desmarcan
En la reunión de esta semana, Frigerio lanzó la pregunta clave: “¿Por qué este muchacho sigue estando donde está? ¿Quién lo protege?”. Nadie respondió.
Incluso el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, debió salir a despegarse: “No sé ni quién es”, tras aparecer en fotos usadas por Poidomani para exhibir contactos que no existían. Tampoco el ministro Bernaudo, ni el presidente de Diputados Gustavo Hein, ni la vicegobernadora Alicia Aluani lo respaldaron.
Archivos desaparecidos, copia reservada
Al asumir, Catriel Tonutti pidió los archivos completos del servidor de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, que contiene información de todas las direcciones bajo su órbita, entre ellas Defensa del Consumidor. Desde el área le respondieron que esos registros no existían o que se habían perdido.
Sin embargo, INFORME DIGITAL pudo confirmar la existencia de una copia íntegra de todo el servidor, que hoy está a disposición exclusiva del gobernador Rogelio Frigerio, en un marco de desconfianza hacia la propia Secretaría y sus responsables directos.
Nogoyá: viáticos falsos, pruebas ignoradas y autos oficiales
El caso más reciente ocurrió en Nogoyá, donde inspectores de Defensa del Consumidor labraron tres actas en días distintos contra un mismo comercio. El abogado del local presentó filmaciones y pruebas firmadas que demuestran que los inspectores nunca estuvieron allí. Es decir, se cobraron viáticos por salidas que no existieron.
Las pruebas llegaron al despacho del secretario Catriel Tonutti, que nunca movió el expediente ni dispuso medidas. Según fuentes del área, se trata de personal vinculado a Fernán Poidomani, lo que explicaría la pasividad. El silencio de Tonutti fue uno de los motivos del fuerte enojo de Frigerio: no solo Poidomani sigue presente, sino que además logra envolver a los superiores directos de la Secretaría.
A esto se suman otras irregularidades recientes: choferes que se llevan los autos oficiales a sus casas y los utilizan para cuestiones particulares. Un descontrol que, junto con los convenios multimillonarios aún vigentes con sospechas de corrupción —como el de la UNL y el estudio Churrarín—, configura un cuadro que desbordó a la propia Casa de Gobierno.
Se arroga cargos
La maniobra más reciente de Fernán Poidomani fue presentarse el 4 de septiembre en el Congreso del Derecho del Consumo, realizado en el Hotel Maran y organizado por el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, como si fuera director del COFEDEC.
Por normativa, cada provincia solo puede estar representada por su director en funciones, y en la actualidad la presidencia del COFEDEC está a cargo de Mónica Lucero, de Mendoza.
Uno de los impulsores del Congreso fue el abogado Mariano Churrarín, estrechamente vinculado a Poidomani y al convenio firmado con la Universidad Nacional del Litoral (UNL) que derivaba el 50% de las multas millonarias hacia esa casa de estudios. La aparición de Poidomani en la grilla del evento, arrogándose una representación que no le corresponde, vuelve a exponerlo como un operador que sigue usando cargos y vínculos oficiales que ya no tiene.
El riesgo político
Tras el paso de secretarios y directores, los escándalos no se frenaron. Frigerio ordenó auditar convenios, actas y resoluciones de los últimos dos años. No se descartan investigaciones administrativas, auditorías contables ni denuncias penales.
Convenios dudosos y millonarios con grandes empresas, viáticos, designaciones y archivos desaparecidos marcan una continuidad que ahora quedó bajo la lupa directa del gobernador.
