
De la redacción de Informe Digital
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, reunió este martes a más de 50 intendentes en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná para compartir un crudo panorama financiero. Sin embargo, el eje central fue otra puñalada al bolsillo municipal: los decretos nacionales 450 y 452, firmados el lunes 7 de julio y publicados en el Boletín Oficial, prohíben a las empresas eléctricas y de gas incluir en las facturas cualquier tasa municipal. El tope de estas tasas también fue reducido del 16 % al 12 % .
En Entre Ríos, estas tasas se dividen entre:
- “Contribución Municipal”, una compensación que Enersa traslada al usuario por operar en el municipio,
- y la “Tasa de Alumbrado Público”, que normalmente representa entre el 12 % y el 16 % del total de la boleta
Con la aplicación de los nuevos decretos, esos porcentajes dejarían de incluirse en la factura de luz. Para los municipios significa un recorte automático aunque poco visible en el día a día: menos fondos para alumbrado, mantenimiento vial, higiene urbana y otros servicios clave.
La medida ya fue judicializada: la provincia apeló ante la Justicia, citando su autonomía según el artículo 74 de la Ley Provincial 8.916 . Sin embargo, el decreto 452 establece categórico que “la factura al usuario… no podrá incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados” .
En la reunión, intendentes como Gustavo Bastián (San José) alertaron que esto “perjudica el desarrollo de las comunidades” y les quitaría recursos “para alumbrado, agua, limpieza y bomberos” . Frente a este panorama, esperaban que Frigerio anunciara una estrategia fuerte: frenar el decreto, negociar compensaciones provinciales o impulsar una impugnación judicial en bloque.
En cambio, el gobernador optó por “acompañar el proceso de cambio” impulsado por Milei, dejando en evidencia una postura más defensiva que confrontativa. El ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, reconoció el malestar, pero apenas prometió vigilancias y defensa institucional sin medidas concretas ni anuncios de auxilio financiero.
El resultado fue un cruce incómodo entre gobiernos locales y provinciales: los intendentes, golpeados por la quita de entre 12 % y 16 % en la boleta, se fueron con pocas certezas y gran preocupación. Sin mecanismos de compensación, advierten que el ajuste se trasladará al ciudadano común o se recortará en obras esenciales.