En el marco de un complejo escenario económico, el Gobierno de Entre Ríos oficializó este miércoles la suspensión de cualquier tipo de actualización salarial para funcionarios y personal fuera de escalafón del sector público provincial. La medida, que entrará en vigencia a partir del 1° de julio, fue dispuesta mediante un decreto firmado por el secretario de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, y el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso.
El texto oficial detalla que la suspensión alcanza a la Administración Central y Descentralizada, entes autárquicos y autónomos, así como a las sociedades y empresas del Estado. Según se argumenta, la decisión responde al impacto que generan sobre las cuentas públicas la caída de los ingresos coparticipables, la eliminación de múltiples transferencias nacionales y los compromisos de deuda que enfrentará la provincia en los próximos meses.
“El mantenimiento del equilibrio fiscal resulta un deber del Estado, consagrado en el artículo 35 de la Constitución Provincial”, señala el decreto, que enfatiza la necesidad de adoptar medidas que permitan priorizar el cumplimiento de las obligaciones esenciales.
La normativa también instruye a los responsables de entes descentralizados, autónomos y empresas estatales a adecuar sus respectivos regímenes salariales en línea con la decisión adoptada. Además, invita a los poderes Legislativo y Judicial a acompañar la medida con disposiciones similares dentro de sus jurisdicciones.
El decreto establece, a su vez, que el ministro de Hacienda y Finanzas quedará facultado para modificar o levantar la suspensión en función de la evolución de la situación fiscal y financiera de la provincia.
La medida, en sintonía con los lineamientos de ajuste que impulsa el Gobierno nacional, busca enviar una señal de austeridad y compromiso con el equilibrio de las finanzas públicas.
