Luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara la condena a Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta en el caso Vialidad, el Frente Renovador manifestó su desacuerdo con la resolución, denunciando lo que consideran una maniobra política diseñada para excluir a ciertos actores en el ámbito electoral.
El comentario más relevante provino del diputado nacional y abogado constitucionalista Diego Giuliano, quien en una entrevista con el programa La Marca de la Almohada expresó que el dictamen judicial “tiene color de proscripción, tiene fundamentos de proscripción, tiene efecto de proscripción”.
El dirigente santafesino, experto en derecho constitucional, señaló que la condena refleja una continuidad de prácticas históricas en el país: “En la Argentina, la proscripción ha sido una mala praxis a lo largo de la historia”.
Giuliano relacionó la decisión del máximo tribunal con una estrategia política prolongada que, según su perspectiva, busca condicionar el panorama institucional y restringir la participación de figuras opositoras.
La condena contra la exmandataria implica seis años de prisión, inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y el decomiso de aproximadamente 84 mil millones de pesos. Este veredicto, confirmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, se dictó en el marco de una investigación por supuestas irregularidades en la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz, específicamente entre 2003 y 2015. Ya en diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N.º 2 había impostado la pena, que fue ratificada posteriormente por la Cámara de Casación Penal en noviembre de 2024.
Desde el Frente Renovador, Giuliano también ofreció una crítica firme del proceso judicial. Según declaró, “el principio de la imparcialidad está tirado a la basura” y denunció que “el juez y el fiscal de la causa tuvieron reiterados encuentros con el expresidente Mauricio Macri”. Para el legislador, dichos encuentros no pueden desligarse de la condena. “Se necesita una gran impunidad para, luego de esas reuniones, condenar a un adversario político”, advirtió.
Además, el diputado destacó las objeciones técnicas que han planteado diversos expertos en el ámbito jurídico, señalando que “hay expertos en derecho penal, ministros de la Corte de Santa Fe, el propio ministro de Justicia de la Nación que han analizado la causa—que lleva más de 10 años—y concluyeron que no existe una intervención directa de Cristina Kirchner que justifique la condena”. En este sentido, subrayó que la causa fue administrada con tiempos selectivos, la vinculó con momentos de tensión política y el encubrimiento de gestiones previas. “La causa fue gestionada para encubrir las malas épocas de gobiernos anteriores, como el de Macri. Se retoman en momentos estratégicos, y eso termina afectando la calidad institucional del país”, planteó.
El exministro de Transporte también estableció un paralelo con otros períodos de la historia política argentina, donde el desplazamiento de figuras del ámbito público se resolvía fuera de los mecanismos democráticos. “En el siglo XX era exilio o prisión. La eliminación del otro es la ostentación más grande del poder. No se aceptan las reglas de la democracia”, expresó.
El fallo de la Corte Suprema, emitido este martes, desestimó tanto el pedido de la defensa de Cristina Kirchner como el del fiscal Mario Villar, quien había solicitado elevar la pena e incluir el delito de asociación ilícita. La decisión también dejó en manos del TOF 2 la determinación sobre la modalidad de detención de la exmandataria, quien, por su edad, podría solicitar el beneficio del arresto domiciliario.
En las últimas horas, diversas expresiones del peronismo y organizaciones afines han manifestado su repudio a la sentencia mediante concentraciones en varios puntos del país. Paralelamente, siguen vigentes otras causas judiciales que involucran a Cristina Fernández de Kirchner, como los expedientes Hotesur, Los Sauces, Cuadernos y Memorándum con Irán, aunque ninguna ha llegado hasta el momento a instancias de condena firme.
La declaración del Frente Renovador se suma a una serie de reacciones dentro del espectro opositor al gobierno de Javier Milei, que cuestionan tanto la legitimidad del proceso como sus implicancias políticas. Para Giuliano, este tipo de fallos, lejos de debilitar figuras, las fortalecen: “Se expanden los liderazgos cuando se intenta eliminarlos por la vía judicial”.
