Los recientes acuerdos paritarios en los sectores público y privado vuelven a centrar la atención en el Senado, donde crece la presión para mejorar los salarios deteriorados de los empleados. Sin embargo, los legisladores han condicionado sus dietas a las de los agentes en 2024, lo que podría llevar a un aumento en sus haberes, que hoy superan los $9 millones en bruto. Esta situación podría quedar blindada, ya que el peronismo ha declarado que no votará más iniciativas en el recinto, delegando la resolución de este tema en el oficialismo, los dialoguistas y en la vicepresidenta y presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel.
“Estamos hartos. Que hagan lo que quieran”, expresó a Infobae un legislador con peso en el interbloque liderado por el formoseño José Mayans. “Antes de la sesión por Ficha Limpia, el oficialismo volvió a agitar las aguas y luego no pasó nada. Si hay libertarios y dialoguistas preocupados por esto, deben llegar a un acuerdo con Villarruel. Nosotros no nos involucramos más. Que critiquen y insulten, pero estamos cansados de quienes hablan mucho y luego se esconden. Si están tan preocupados, espero que no tarden en llegar a un pacto. No quiero que nadie cambie de postura, como hizo el miércoles pasado”, afirmó otro legislador afín a Cristina Kirchner.
Es evidente que la postura del Frente de Todos, aunque resulte la más conveniente para sus intereses, al menos ofrece una definición clara y evita la ambigüedad en relación con las dietas. “Lo que nadie quiere discutir es el financiamiento de la política. Así, resulta más fácil criticar a diputados—que reciben menos, aunque la información pública en la Cámara baja ha sido siempre deficiente en comparación con la Cámara alta—y senadores. Pero nadie puede hacerse el distraído: aquellos de nosotros que estamos en el Congreso y venimos del interior sabemos cuánto cuesta vivir en nuestras provincias. Entonces, pregunto, ¿de dónde se obtiene el dinero para alquilar micros o un pequeño salón para un evento? ¿De mi salario?”, sentenció una legisladora dialoguista.
Hagamos un repaso de los acontecimientos. En abril de 2024, oficialismo y oposición acordaron, sin resistencia y en secreto, un nuevo sistema que fue aprobado en el recinto. A partir de allí, los haberes se estructuraron en 2.500 módulos—con los que cobran los agentes del Congreso, por lo que la atadura actual está en vigor—más un adicional de 1.000 por gastos de representación y 500 más por desarraigo.
En relación a este último punto, solo cuatro legisladores no lo reciben. Además, los senadores han incorporado una dieta más a las 12 existentes para compensar el aguinaldo, lo que significó, desde mayo del año pasado, más de $7 millones en bruto. La única senadora que no se sumó a esta dinámica es Alicia Kirchner, quien optó por mantener su jubilación al ingresar en la Cámara alta.
Durante el segundo semestre de 2024, tras otra paritaria, los senadores regresaron al recinto y decidieron congelar sus haberes hasta el 31 de diciembre de 2024. Al expirar este plazo, los legisladores trasladaron la responsabilidad a Villarruel, quien inicialmente dudó y luego extendió el congelamiento hasta el 31 de marzo. La presidenta del Senado insinuó entonces que esta medida, adoptada durante el receso estival, era la última que tomaba y que cualquier futura decisión debería ser tomada por los bloques en sesión.
Desde el mes pasado, se ha desatado un aluvión de especulaciones y operaciones en torno a la discusión de las dietas, que han quedado en un impasse. Una posibilidad remota fue que los senadores cobraran sus haberes actualizados a partir del nuevo módulo y, posteriormente, se impusiera otro congelamiento por unos meses. Sin embargo, esa opción no prosperó.
Con la decisión del Frente de Todos, que cuenta con 34 integrantes de un total de 72—al menos hasta el 10 de diciembre—se espera alguna acción del fluctuante grupo de 38 oficialistas y dialoguistas. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, quienes recientemente votaron en contra de Ficha Limpia, y los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, que ni siquiera respaldaron la designación del nuevo secretario administrativo, Emilio Viramonte, hombre de confianza de Villarruel.
La controversia sobre las dietas se desarrolla paralelamente a las demandas de los gremios para reabrir paritarias. El principal de ellos es APL, liderado por Norberto Di Próspero, que, tras meses de inacción, logró que los interbloques del Frente de Todos presentaran notas a Villarruel y a su par en Diputados, Martín Menem, buscando una solución. Así, legisladores asumen una tarea que debería corresponder a los sindicatos, que tampoco desean quedar mal con las autoridades del Congreso. Esta dinámica no es nueva y ha ocurrido en administraciones anteriores, sean macristas o kirchneristas. Ahora, se suma la presencia de los libertarios.
Otro aspecto que se sigue con atención son los últimos nombramientos y estructuras en la Cámara alta. Desde varios despachos se ha señalado a un colaborador de Villarruel, quien ha sido considerado responsable de errores que han complicado la gestión. Además, persiste el serio problema de las retenciones en Ganancias debido a una medida cautelar impulsada por APL, que representó a todos los trabajadores del Congreso. En resumen, hay tensiones en diversas áreas y el diálogo se ha quebrado entre los bloques tras Ficha Limpia. No obstante, el pasado jueves, Recursos Humanos envió un mensaje anunciando recategorizaciones y recordando ciertos beneficios.
