Lunes, 25 de agosto de 2025   |   Campo

Freno judicial retrasa adquisiciones extranjeras en el mercado de campos, advierten expertos sobre sus consecuencias

Freno judicial retrasa adquisiciones extranjeras en el mercado de campos, advierten expertos sobre sus consecuencias

CÓRDOBA.- Los inversores extranjeros están interesados en adquirir tierras en Argentina, pero no se han concretado operaciones significativas. Debido a una medida cautelar de la Justicia, se mantiene vigente la Ley de Tierras que el presidente Javier Milei derogó al inicio de su gestión mediante un DNU. Así, persiste el límite del 15% de propiedad extranjera. Según datos recientes del Registro Nacional de Tierras, ninguna provincia supera este porcentaje; Salta encabeza la lista con un 11,31%, seguida de Misiones (11,29%), San Juan (10,36%) y Santa Cruz (8,11%). En la zona núcleo, la ley establece un límite de 1.000 hectáreas de compra individual para extranjeros.

Federico Nordheimer, CEO y fundador de Nordheimer Campos y Estancias, menciona que “hay muy pocas” operaciones cerradas con extranjeros, aunque existe “un creciente interés por inversiones grandes”. A su juicio, el DNU presidencial fue un “mensaje para mostrarle al mundo que se está dirigiendo hacia un país con leyes y normas que son habituales en otras partes, y no algo exclusivo de Argentina”.

“Es como el cepo y las retenciones -agrega-. En los países lógicos y desarrollados, eso no existe. La Ley de Tierras es similar y frenar ese decreto envía una señal al mundo de que Argentina regresa a situaciones poco convenientes. Ha habido un aumento del interés extranjero en tiempos recientes, pero se traduce más en consultas. Conociendo cómo es Argentina, buscan reafirmar que existe continuidad en las reglas para realizar inversiones.”

Federico Nordheimer: “Es como el cepo y las retenciones -agrega-. En los países lógicos y desarrollados, eso no existe. La Ley de Tierras es similar y frenar ese decreto da la señal al mundo de que la Argentina vuelve a cosas que no son comunes”Gza. ESV

En mayo del año pasado, la Cámara Federal de La Plata confirmó la medida cautelar presentada por el Centro de excombatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim). Este mismo tribunal ya había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 que intenta anular la norma que, en 2011, limitó la extranjerización de tierras. Ahora, corresponde que se expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El planteo del Cecim abarca dos aspectos: uno, que el Poder Ejecutivo usurpó facultades legislativas sin razones excepcionales que justifiquen su accionar; y otro, que levantar la restricción sobre la propiedad “libera el mercado de tierras, permitiendo la extranjerización de las mismas, con dinámicas latifundistas, que ponen en crisis los principios de integridad territorial y soberanía nacional, condicionando no solo la disponibilidad del suelo argentino, sino también los cursos de aguas dulces”.

Desde Abel Real & Asociados, inmobiliaria rural, Abel Real afirma que hay “algún caso muy aislado de compra por parte de extranjeros, casi inexistentes. Hay movimiento en el sector, como lo indica el índice de la Cámara, pero pocas son las operaciones que se concretan. No observan reglas claras. Existen retenciones, el cepo aplicado a las empresas”, señala.

La referencia es al Índice de actividad del mercado inmobiliario rural (InCAIR) que elabora la Cámara de Inmobiliarias Rurales desde 2013 (no refleja precios). En julio, marcó 51,9 puntos, con un aumento de 5,07 puntos en comparación mensual (en junio, había caído respecto a mayo). “Se consolida la tendencia positiva de la actividad. La demanda agrícola se mantiene muy firme con escasa oferta -interpreta la entidad-. Las próximas elecciones, como suele ocurrir, pueden frenar algunas decisiones tanto de inversores como de propietarios.”

Una de las operaciones que se cerró este año fue la del grupo cripto Tether, que adquirió el 70% de Adecoagro, empresa en la cual ya poseía el 19,4% de las acciones. La transacción demandó aproximadamente US$615 millones. Adecoagro gestiona 500.000 hectáreas entre tierras propias (210.400) y alquiladas.

Juan José Madero, director de la división Campos de L J Ramos, señala que el extranjero realizó consultas exploratorias el año pasado: “Fueron muy preliminares, no pasó de eso. Hoy está todo en un ‘ver qué pasa’. Un paso importante para estas inversiones es la mayor flexibilidad del cepo, mientras que con la Ley de Tierras, el panorama es confuso, por lo que la recomendación es que se asesoren con sus abogados de confianza.”

José María Bauzá: “El extranjero no solo espera por esa ley, espera por el país en general: la economía, la política, la seguridad jurídica, lo impositivo, lo laboral, etc”

Considera que “hay una oportunidad para hacer un replanteo serio para la inversión extranjera en Argentina. Con una norma clara, sin sesgo ideológico, pragmática y productivista”.

José María Bauzá, titular de JMB y Compañía, inmobiliaria y consignataria de hacienda, coincide en que hay “dos bibliotecas” en la interpretación judicial de la vigencia o no del DNU que modificó la Ley de Tierras. “El extranjero no solo espera por esa ley, espera por el país en general: la economía, la política, la seguridad jurídica, lo impositivo, lo laboral, etc. La única diferencia con el inversor local es lo legal; el resto es igual. El inversor local es un atleta, acostumbrado a correr con obstáculos; el extranjero quiere verificar primero. El resto del sector está funcionando.”

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