Un fallo de gran impacto favoreció a Formosa en el conflicto desatado por la suspensión masiva de pensiones por discapacidad. El Juzgado Federal N° 2 dispuso la restitución de los beneficios suspendidos, reconoció la validez de los reclamos provinciales y exigió que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) adecúe sus auditorías a la normativa vigente. La sentencia, ya notificada a la Nación, convierte a Formosa en la primera provincia del país en conseguir una resolución de fondo que obliga al Gobierno nacional a pagar retroactivos y a corregir procesos administrativos que fueron calificados como “irregulares” y “arbitrarios”.
El fallo ordena restituir pagos retroactivos y obliga a ANDIS a adecuar sus auditorías a la ley.
El defensor del Pueblo, Leonardo Gialluca, afirmó que el fallo no admite ambigüedades: las auditorías realizadas en la provincia violaron protocolos básicos, invirtieron la carga de la prueba y causaron perjuicios graves a personas en situación de vulnerabilidad.
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Auditorías irregulares y notificaciones arbitrarias
Gialluca detalló que la Justicia entendió que la Nación aplicó un procedimiento “incompatible” con los derechos de las personas con discapacidad. Las notificaciones —dijo— se enviaron con plazos exiguos, desde más de 200 kilómetros de distancia y sin medios fehacientes.
“Se citaba incluso a menores de edad, algo absolutamente insólito”, señaló.
En varios pueblos, los avisos se difundieron por radios, voceros improvisados en plazas o incluso por locales partidarios, prácticas que el fallo considera vulneratorias de garantías fundamentales. Como consecuencia, cientos de personas perdieron la pensión sin haber podido defenderse, ya fuera porque no fueron informadas a tiempo o porque no pudieron viajar. “El Estado puede auditar —advirtió Gialluca—, pero no de manera caprichosa ni avasallando derechos”.
Formosa denuncia que las suspensiones se hicieron con plazos irrisorios y notificaciones irregulares.
Un precedente nacional
La sentencia establece como fecha límite el 27 de febrero de 2026 para regularizar los beneficios suspendidos. Según el Defensor del Pueblo, el fallo está en consonancia con la Ley de Emergencia de Discapacidad, cuyo cumplimiento por parte de la Nación también cuestiona.
Formosa impulsó el reclamo junto a la Fundación Camino Azul y el Instituto de Pensiones Sociales, en el marco de denuncias que se multiplicaron desde mediados del año. Gialluca instó a las personas afectadas a acercarse a ANSES, municipios, áreas sociales, Comisiones de Fomento, la Dirección de Discapacidad o la Defensoría del Pueblo para prevenir bajas por falta de documentación: “No queremos encontrarnos con sorpresas”.
