La causa por presunto enriquecimiento ilícito que tiene como protagonistas al intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, y a su esposa, la senadora provincial Patricia Díaz, ha vuelto a acaparar la atención del ámbito judicial, en una audiencia marcada por acusaciones de complot. Sin embargo, se llegó a un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y el defensor, Guillermo Reggiardo, para avanzar en la obtención de información crucial desde la República Oriental del Uruguay.
Según un informe de Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), el juez de garantías Gustavo Ruhl tuvo un fuerte enfrentamiento con el abogado Reggiardo, a quien acusó de llevar a cabo una conducta “meramente dilatoria y obstructiva del accionar de la justicia”.
Ruhl argumentó que los reiterados planteamientos de la defensa desde el inicio de la investigación —que comenzó en 2016— han entorpecido el avance del proceso, impidiendo que se cumpla el derecho a un juicio en un plazo razonable. “Estamos aquí por las presentaciones y planteos que usted ha realizado continuamente”, afirmó el juez, recordando que las instancias judiciales pertinentes, como la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, la Cámara de Casación y el Tribunal de Juicio y Apelaciones, ya se habían expedido sobre las solicitudes de la defensa.
Reggiardo respondió con firmeza, rechazando que hubiera actuado de mala fe y acusando al juez de prejuzgar. “No estamos dilatando; tenemos prisa en obtener la información. Lo que no queríamos era una ‘parrilla’, que es lo que busca cierto sector político”, sostuvo el abogado, cuestionando la legitimidad de algunas resoluciones judiciales y la imparcialidad de ciertos actores involucrados en el caso.
La audiencia centrada en las recusaciones y el séptimo pedido de sobreseimiento resultó tediosa, con dos horas de interrupciones y cruces verbales entre el juez y el abogado. Finalmente, Ruhl decidió sancionar a Reggiardo, quien luego desistió de su pedido de sobreseimiento y manifestó desconocer la audiencia.
Pese a los enfrentamientos verbales y a la amenaza de un jury presentada por Reggiardo contra Ruhl, la audiencia terminó con un acuerdo entre los fiscales Gonzalo Badano y Álvaro Piérola, y la defensa de Rossi y Díaz, para avanzar en la recopilación de información financiera desde Uruguay.
El objetivo es reconstruir la trazabilidad de los activos relacionados con los imputados, especialmente en lo que respecta a la Bolsa de Valores de Montevideo y la empresa Jenkins & Keane Limited.
Los fiscales indicaron que, aunque ya se obtuvo información parcial a través del Foro Internacional, aún falta documentación sobre la titularidad de títulos y valores que podrían estar a nombre de Díaz o Rossi. En particular, se busca determinar si la senadora sigue siendo titular o cotitular de cuentas comitentes asociadas con operaciones financieras detectadas en el banco Scotiabank, que posteriormente fueron transferidas a Jenkins & Keane Limited, cuya sede central está en el Reino Unido y fue establecida en 2000.
Reggiardo aportó detalles relevantes sobre la cuenta en cuestión, indicando que fue abierta en 2002 y que nunca se le agregó dinero. Afirmó que durante el tiempo en que Díaz fue diputada provincial (2007–2011), la cuenta ya estaba activa y se renovaba automáticamente. En 2016, la cuenta pasó a manos de un bróker debido a cambios en la normativa de los bancos uruguayos, lo que resultó en que Jenkins & Keane Limited se convirtiera en el nuevo operador de la cartera de títulos.
Los fiscales solicitaron la emisión de un nuevo exhorto diplomático para que la Bolsa de Valores de Uruguay y Jenkins & Keane Limited proporcionen información sobre la cuenta comitente, incluyendo fechas, movimientos y saldos, con el fin de reconstruir la trazabilidad de los activos detectados. Esta información es esencial para determinar si los bienes siguen perteneciendo a los imputados y en qué condiciones se encuentran actualmente.
La defensa no se opuso a esta solicitud y expresó su disposición a colaborar, siempre que se respete la libertad probatoria. Reggiardo incluso señaló que no tiene objeciones a que se investigue el destino de los fondos, aunque advirtió que esto no debería convertirse en una “ventilación patrimonial innecesaria”.
Así, la causa Rossi-Díaz avanza hacia una nueva etapa, enfocándose en la cooperación internacional y la trazabilidad financiera. El acuerdo alcanzado entre las partes podría desbloquear una investigación que ya lleva casi una década en curso.
