Los fiscales Gonzalo Badano y Patricia Yedro se presentaron este lunes ante la jueza del Tribunal de Juicios y Apelaciones, Carolina Castagno, para responder a los argumentos de la defensa en el contexto de las apelaciones en el proceso de elevación a juicio, que se encuentra suspendido, relacionado con la causa conocida como “contratos truchos” de la Legislatura.
La audiencia dio inicio poco después de las 9. Su propósito es analizar las apelaciones presentadas por los abogados defensores contra la decisión de la jueza de Garantías N°1, Marina Barbagelata, quien rechazó todos los pedidos de nulidad y exclusión de pruebas planteados en relación con la elevación a juicio. Estos pedidos incluían la nulidad del requerimiento de remisión de la Fiscalía, la exclusión de pruebas, el cambio de calificación legal y solicitudes de sobreseimientos. Ante este rechazo, los defensores solicitaron que se habilitaran apelaciones, que también fueron desestimadas por Barbagelata, lo que los llevó a presentar quejas ante el Tribunal de Juicios y Apelaciones. En esta instancia, la jueza Carolina Castagno determinó que se debían habilitar apelaciones acerca de algunos planteos.
Desde la semana pasada, el caso ha permanecido en esta instancia, habiendo tenido ya varias audiencias en las que los defensores expusieron sus apelaciones contra los rechazos de Barbagelata en el Juzgado de Garantías.
En la audiencia de este lunes, los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) respondieron a los defensores. La acusación pública solicitó a Castagno que desestime los planteos de los imputados y permita que la investigación fiscal prosiga en dirección al juicio oral y público.
Además, durante la audiencia abierta ante Castagno, se presentaron los integrantes de la Fiscalía de Estado, Julio Rodríguez Signes y su adjunto Martín Rettore, quienes gestionan una demanda civil por 2.000 millones de pesos.
En la causa de los “contratos truchos” de la Legislatura, quedan 18 imputados de los 32 iniciales. Trece de ellos accedieron a suspensiones de juicio a prueba, mientras que uno fue sobreseído. Entre ellos se encuentran Esteban Scialocomo; el contador Gustavo Falco (sobreseído); María Victoria Álvarez; Verónica Caíno; Alejandro Ferreyra; María Macarena Álvarez; Fernando Gastón Sarnaglia; Andrea Demartín; Nicolás Beber; Renato Mansilla; Guido Krapp; Jorge Pablo Balladares; y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.
Continúan imputados Alfredo Bilbao; Flavia Beckman; Hugo Mena; Ariel Faure; Jorge De Breuli; Gustavo Hernán Pérez; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Hernán Javier Díaz; Marta Pérez; Pedro Eduardo Opromolla; Maximiliano Degani; Sergio Esteban Cardoso; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Juan Domingo Orabona; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.
La investigación de la causa indaga una estafa al Estado provincial, estimada en unos 53 millones de dólares, ocurrida entre 2008 y 2018. Según la acusación fiscal, las maniobras que facilitaron el desfalco se realizaron a través de “contratos truchos” legislativos, con la intervención de funcionarios públicos, empleados de jerarquía en ambas cámaras legislativas, dos estudios contables y ciudadanos ajenos a las estructuras del Estado, quienes se encargaron de buscar “prestanombres”, falsificar firmas, endosar cheques, entre otras actividades. Se estima que el dinero robado de las arcas públicas fue dirigido a inversiones privadas, en el sector inmobiliario y agropecuario.
