El Ministerio Público Fiscal ha iniciado la apertura de una causa penal tras la denuncia del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos. Esta acción se basa en un informe de auditoría de la Comisión Fiscalizadora del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), que advirtió sobre posibles pagos en exceso en la contratación del servicio de provisión de prótesis para sus 300 mil afiliados.
La investigación está a cargo del fiscal Gonzalo Badano, según confirmó Entre Ríos Ahora. Se trata de la primera causa penal que involucra a la gestión de Iosper encabezada, hasta diciembre de 2024, por Fernando Cañete y otros seis directores de origen sindical: Adriana Hepp, representando a los docentes y respaldada por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer); Adrián Gómez, por los municipales de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram); Clara Luz del Valle Quintero, por los jubilados, en representación de la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos; Ángel Iturria, por activos y retirados de la Policía; Carina Alejandra Isaurralde, en representación de los trabajadores de Iosper; y Fabián Monzón, por los activos del Poder Ejecutivo, representando a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).
El primer cuestionamiento en la intervención, liderada desde diciembre por el abogado Mariano Gallegos, se centró en cómo Iosper había contratado el servicio de provisión de prótesis, el cual es sospechado de sobreprecios.
Como reportó Entre Ríos Ahora, la Comisión Fiscalizadora designada por el Poder Ejecutivo en el Iosper alertó al Tribunal de Cuentas de Entre Ríos sobre irregularidades detectadas en prestaciones de prótesis que fueron pagadas pero no entregadas a los afiliados. Esta maniobra ha sido catalogada como “irregularidades” y podría haber involucrado a la anterior conducción de la obra social y a la Asociación de Proveedores de Ortopedia, Cirugía e Insumos de Entre Ríos (Apocier). A partir de una auditoría interna en el área de prestaciones de Iosper, se determinó que, al 10 de diciembre pasado, Iosper tenía 1.022 cirugías registradas en el sistema como “pendientes” debido a la falta de entrega de prótesis o material protésico, con un total de 1.441 cirugías pendientes, y que hasta esa fecha no había objeciones en el pago de la cápita.
La Fiscalizadora señala que el acuerdo de prestación entre Iosper y la Asociación de Proveedores de Ortopedia se basa en la resolución del directorio de la obra social N°121/2016, que estableció que “el prestador se compromete a proveer a los beneficiarios de Iosper las prótesis y material protésico que estos requieran, incluidos en el Anexo I, sin límite de cantidad ni cupo mensual”. Según el acuerdo, la provisión debía entregarse en un máximo de 48 horas a las clínicas y sanatorios que forman parte del padrón de prestadores de Iosper.
Sobre este aspecto, la Fiscalizadora observa que el mecanismo de contratación fue por “cápita”, una modalidad de pago que fija una suma por el grupo de personas beneficiarias, asumiendo ambas partes el riesgo de eventuales pérdidas al firmar dicho acuerdo. El Instituto, si la demanda de afiliados era baja, pagaba de más, y viceversa, el prestador asumía los costos de insumos en meses de alta demanda. El informe también menciona observaciones realizadas anteriormente por el Tribunal de Cuentas, destacando los beneficios que otorgaban a los proveedores, quienes podían dejar en “espera” a los afiliados que necesitaban prótesis.
Se establece que existe un proceso según el tipo de lesión para identificar qué institución puede cubrir la necesidad del afiliado. Tras esta identificación, el afiliado debe acudir a la institución sanatorial, que se encarga de cargar la solicitud de cirugía y de prótesis, que luego se somete a auditoría. En este momento, el sistema clasifica el estado de la solicitud como “Iniciada” con el formulario GP775.
Después de ser revisada por el auditor médico, la solicitud cambia a “en Observación”, y esto puede arrojar tres resultados posibles tras un análisis de los requisitos médicos y formales: autorización, rechazo o mantenerse “en Observación” por uno de los siguientes motivos: falta de aclaración o documentación, o un mantenimiento deliberado en observación sin motivación, que podría haber facilitado una dilación por razones económicas del prestador, en lugar de considerar la necesidad del Instituto o del afiliado. En muchos de estos casos, se tardaba aún más para solicitar cotizaciones del elemento al único prestador, ingresando así en un circuito de compra ajeno al contrato que los unía.
La extensión de los plazos, según datos estadísticos, mostraba una cobertura del 40% de los requerimientos mensuales, lo que provocaba la acumulación de pedidos insatisfechos. Una vez superada esta etapa, se requería al prestador la prótesis a través de un correo electrónico, pero el estado en el sistema seguía siendo “Observación”.
El informe denuncia que cuando la demora se volvía evidente, la situación se transformaba en “Autorizada”, aunque la realidad era la misma: se solicitaba pero no se entregaba.
El informe también destaca que esta connivencia entre el prestador y el Instituto diminuía los riesgos del primero en cuanto a pérdidas mensuales, limitando las provisiones a una cantidad determinada, ignorando los términos contractuales sin sanciones o intimaciones.
Este escenario colocó a los afiliados en una situación de notable retraso para sus cirugías y expuso al Instituto a un perjuicio económico, que deberá determinarse, ya que estas demoras afectaban los días de pago de los módulos pertinentes; en otros casos, la necesidad de amparos y los costos judiciales, resultando en la compra de insumos a un nuevo proveedor cuando debían ser provistos en tiempo y forma según lo que había sido pagado.
La denuncia sugiere que es necesario continuar con una segunda revisión para identificar los casos en los que el requerimiento original de servicio de salud ya no está vigente, ya sea por la decisión del afiliado de usar sus propios recursos, su fallecimiento, entre otros factores, dadas las consideraciones sobre la tardanza de la obra social.
El dictamen de la Fiscalizadora concluye que la información recopilada sugiere la existencia, como mínimo, de maniobras dilatorias que beneficiaron al prestador al mantener el cumplimiento del contrato dentro de los montos establecidos, postergando cualquier requerimiento adicional de prótesis que sobrepasara el límite definido, y reduciendo así el riesgo de un estricto cumplimiento del contrato.
Este proceso, selon el informe, generó una situación crítica al acumular solicitudes de atención médica no satisfechas a lo largo del tiempo, trasladando la decisión sobre la efectividad de estas a los prestadores, en lugar de al Instituto, como hubiera sido adecuado. La comunicación con el afiliado se hizo únicamente a través del proveedor, y desde el Instituto solo se informaba sobre la autorización, mientras que en la realidad la prótesis no estaba disponible.
Las maniobras que perjudicaron a Iosper y sus afiliados “no podrían haberse llevado a cabo sin la aprobación de la dirección de esta institución, la que ignoró el proceso sancionador previsto en el convenio por incumplimiento y diseñó un sistema dilatorio para postergar la presentación de documentación que asegure el estricto cumplimiento del acuerdo ante futuras auditorías”.
El informe subraya que “la irregularidad se agranda en dimensión”, al evidenciar “el número de prestaciones insatisfechas agrupadas para aquellos afiliados que, además de sus contribuciones legales, realizan un pago voluntario adicional con la expectativa de acceder a un plan de salud de mejor calidad”.
