El fiscal federal Ramiro González solicitó que el expresidente Alberto Fernández sea sometido a juicio oral y público por presunta violencia de género y amenazas coactivas contra su expareja y ex primera dama, Fabiola Yáñez. La presentación fue realizada ante el juez federal Julián Ercolini, quien deberá dar vista a la defensa antes de decidir sobre la elevación del expediente, en una causa que podría convertir a Fernández en el primer ex jefe de Estado argentino en enfrentar un debate oral por este tipo de delitos.
En su dictamen, González afirmó que la investigación ya ha concluido y que no quedan medidas de prueba por realizar. Acusó a Fernández de lesiones leves y graves, ambas agravadas por haberse producido en un contexto de violencia de género, así como de amenazas coactivas. Según la calificación fiscal, la expectativa de pena podría ascender hasta 15 años de prisión en caso de condena.
La querella que representa a Yáñez había solicitado la elevación a juicio hace un mes. Con este nuevo requerimiento, el juez Ercolini notificó a la defensa, a cargo de la abogada Silvina Carreira, para que se expida en un plazo de seis días, prorrogables. Una vez cumplido este paso, el magistrado estará en condiciones de sortear un Tribunal Oral Federal de Comodoro Py, que llevará a cabo el juicio.
Cómo se inició la causa
La investigación se inició en agosto de 2024 como desprendimiento de otra causa en la que Fernández está procesado por presunta corrupción en la contratación de seguros durante su gestión. En ese expediente, el análisis del celular de María Cantero —ex secretaria privada del entonces presidente— reveló mensajes y fotos enviadas por Yáñez que mostraban moretones en el brazo y el ojo derecho, junto con relatos sobre agresiones físicas.
En un primer momento, Yáñez no quiso denunciar ya que los delitos de violencia de género son de instancia privada. Sin embargo, tras hacerse público el caso, decidió presentarse ante la justicia y formalizar la acusación. Esto permitió la apertura de un expediente en el que declararon familiares, médicos y personal de la Quinta de Olivos, lugar donde habrían ocurrido los hechos.
Procesamiento confirmado por la Cámara Federal
El juez Ercolini procesó a Fernández al considerar probado que golpeó al menos en dos ocasiones a Yáñez, causándole lesiones físicas, y que ejerció coerción para impedir que ella presentara una denuncia penal. En abril de este año, la Cámara Federal porteña —integrada por Martín Irurzun y Eduardo Farah— confirmó esa decisión.
“Todo demuestra que la damnificada estaba en una situación de desigualdad de poder, tanto dentro como fuera de la pareja, respecto a su victimario”, afirmaron los camaristas. También subrayaron que las agresiones provocaron un “marcado deterioro en las condiciones de salud” de la víctima, agravado por el aislamiento forzado en la residencia presidencial.
Un patrón de violencia sistemática
Para el fiscal González, los hechos se desarrollaron en un contexto de “relación asimétrica de poder” desde al menos 2016, caracterizado por violencia sistemática: acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retirada de la palabra, ninguneos y hostilidad. La fiscalía sostuvo que Yáñez estaba inmersa en una especial situación de vulnerabilidad preexistente al vínculo, la cual fue explotada por Fernández.
El dictamen también menciona amenazas que incluyeron advertencias sobre la manutención y cuestionamientos sobre la tenencia del hijo en común, con el objetivo de impedir que la entonces primera dama denunciara las agresiones. Esa presión contribuyó a la decisión inicial de no avanzar judicialmente.
Pruebas reunidas
Durante el año de investigación, la fiscalía analizó testimonios de médicos presidenciales, personal de la Quinta de Olivos, así como de la madre y la hermana de Yáñez, y su esteticista, entre otros. También se incorporó documentación médica, historias clínicas, videos, registros de entradas y salidas de la residencia, y comunicaciones telefónicas y por WhatsApp.
La defensa cuestionó la validez de los mensajes, pero peritajes forenses confirmaron su autenticidad. Entre las pruebas clave se encuentran las imágenes de las lesiones que Yáñez envió a Cantero en 2021 y que se hicieron públicas al comienzo del caso.
La querella adelantó que no aceptará ninguna “probation” ni reparación económica, y que solo convalidará un juicio oral y público. En su presentación, González subrayó que se trata de un caso de derechos humanos de las mujeres, lo que impone —por mandato legal y constitucional— la obligación de alcanzar un estado de convicción suficiente para llevarlo a juicio.
El fiscal enfatizó que el análisis de la prueba debe considerar los contextos particulares en los que ocurre la violencia de género, generalmente en el ámbito privado, y advirtió que no se tolerarán prejuicios o estereotipos que desvíen la atención hacia la víctima.
El otro frente judicial
Paralelamente, Fernández enfrenta la denominada “Causa Seguros”, en la que está procesado por haber firmado un decreto que permitió la intermediación de brokers como Héctor Martínez Sosa en la contratación de pólizas para organismos públicos. Ese expediente se encuentra en la etapa de apelación ante la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires.
Lo que viene
Con la investigación cerrada, la última palabra antes de la elevación a juicio recaerá en la defensa. Si el juez Ercolini confirma el envío a debate oral, se sorteará el tribunal que llevará a cabo el juicio y se fijará la fecha de inicio. De avanzar, será la primera vez que un expresidente argentino enfrente un proceso oral por un caso de violencia de género, marcando un antecedente en la historia judicial y política del país.
DCQ
