La solicitud de deportación fue realizada por una de las juezas que investiga a Kueider: Sandra Arroyo Salgado, titular del juzgado federal de San Isidro. La magistrada puso su atención en el exsenador entrerriano tras encontrar una referencia a él en una causa relacionada con el pago de coimas y por una presentación hecha por un particular sobre la declaración jurada que Kueider presentó siendo senador, según publicó el portal Infobae.
El expediente principal se inició a raíz de una denuncia presentada por la empresa Securitas. Tras una auditoría, la multinacional de seguridad privada detectó que varios de sus gerentes habían pagado coimas para hacerse con contratos de empresas públicas, entre ellas Enersa, la distribuidora estatal de electricidad de Entre Ríos. Kueider actuó como representante del Poder Ejecutivo en asambleas de accionistas y fue mencionado como “Cuaider” en un mensaje hallado en el celular de uno de los implicados en el caso “Securitas”.
El implicado era Claudio Tortul, empresario de Paraná y vecino del exlegislador en la torre de lujo Live, situada en una de las zonas más exclusivas de la capital entrerriana.
El fiscal paraguayo consideró procedente el pedido de Arroyo Salgado. En su presentación, la jueza de San Isidro cumplió con todos los requisitos establecidos en el Tratado de Extradición entre Argentina y Paraguay. Esta es la cuarta solicitud de este tipo realizada por la jueza; las tres anteriores fueron rechazadas en el país vecino.
Ahora, Doldán Bauer sostuvo que la Justicia argentina respaldó el planteo con resoluciones judiciales sólidas y que, además, el delito que se imputa a Kueider y Guinsel también está penado en Paraguay: se trata del lavado de activos. Esta acusación se suma a una serie de cargos que Arroyo Salgado formula contra la pareja y otros acusados vinculados a la investigación.
La resolución del fiscal paraguayo señaló que, en caso de que Rolando Duarte avale su criterio, antes de concretarse la extradición será necesario cumplir con otro requisito: que Kueider y Guinsel se presenten ante la Justicia paraguaya por intentar ingresar con más de USD 200.000. En una causa paralela, ambos deberán ser sometidos a juicio por un incidente ocurrido el 4 de diciembre de 2024, en el que se les acusa de contrabando en grado de tentativa. Este delito tiene una pena máxima de dos años y medio, por lo que la condena podría ser efectiva.
Dicha causa fue elevada a juicio el pasado 31 de julio por el magistrado Humberto Otazú, juez penal de Garantías de Delitos Económicos.
En otro apartado del dictamen, el fiscal advirtió que las autoridades argentinas deben ser informadas de que Kueider y Guinsel no podrán ser juzgados por delitos distintos a aquellos que motivaron el pedido de extradición sin el previo consentimiento de Paraguay.
El exsenador y su pareja se encuentran bajo arresto domiciliario desde diciembre del año pasado por el delito de contrabando. Inicialmente estuvieron en un complejo de departamentos de lujo y luego se trasladaron a un dúplex en el Barrio San Vicente de Asunción. Allí fueron detenidos por personal de Interpol Paraguay a fines de julio, en el marco del proceso de extradición a Argentina. Ante Duarte, se negaron al proceso simplificado que hubiera implicado su inmediato traslado a nuestro país, lo que dio lugar a la apertura de un juicio de extradición. El magistrado optó por mantenerles el arresto domiciliario, aunque les impuso el uso de tobilleras.
