“Tras este saqueo escandaloso, ahora nos dicen que no tienen dinero para devolver. La sociedad es la verdadera víctima de este atraco y no descansaremos hasta que devuelvan lo que robaron”, exclamó el fiscal federal Diego Luciani durante su intervención en un Congreso Anticorrupción en Santa Fe, donde recibió el entusiasta apoyo del público.
Luciani estuvo acompañado por la exfiscal anticorrupción entrerriana Cecilia Goyeneche, quien denunció que en la reforma constitucional de Santa Fe se aprobó un dictamen que prevé el castigo a los fiscales. Esta medida podría permitir a una mayoría política de la Legislatura remover a los fiscales si sus investigaciones no son bien recibidas por el poder.
El fiscal, a cargo del caso Vialidad, declaró que “durante los últimos 30 años, todos los organismos de control del Estado han sido infiltrados por la corrupción”.
“Cuando la corrupción se vuelve endémica—profundizó Luciani—, la justicia tiene el deber de acabar con la impunidad. Sin embargo, durante mucho tiempo ha garantizado la impunidad de los corruptos, y esta situación debe cambiar”.
Ante aproximadamente 500 asistentes en el Club del Orden, durante el III Congreso Anticorrupción organizado por la Asociación Civil Río Paraná, Asociación Entre Ríos Sin Corrupción y la Fundación Friedrich Naumann, Luciani compartió detalles inéditos del juicio que culminó con la condena de 6 años de prisión para Cristina Kirchner.
Aclamado como una figura de renombre, Luciani enfatizó que los partidos políticos han estado involucrados en la corrupción y se mostró indignado por que “incluyan como candidato a un condenado en sus listas, sin que pase nada”. “¿Dónde queda la integridad de los partidos políticos?”, cuestionó.
No se detuvo ahí: afirmó que los políticos trivializan y desacreditan las decisiones judiciales, incluso “juzgan a los jueces”. “¿Desde cuándo?” exclamó con desdén.
Relató que, para prepararse para el juicio, realizó un doctorado sobre corrupción vinculada a la obra pública en España. Durante su defensa de tesis, afirmó que la corrupción vulnera los derechos humanos, lo que fue difícil de comprender para una catedrática española del jurado. Sin embargo, al finalizar, ella comentó: “En España, los corruptos se roban lo que sobra; en Argentina, lo que falta”.
Luciani narró que, al buscar un fiscal que lo acompañara en la acusación, muchos se negaron. Sin embargo, cuando se lo propuso a Sergio Mola, este aceptó diciendo: “Lo hago por mis hijos y por la patria”. El público aplaudió cálidamente.
Explicó que, durante el juicio, coincidió con las elecciones que ganó la fórmula de Alberto Fernández-Cristina Kirchner, lo que generó desánimo en su equipo. “Nos sentimos muy solos; incluso, un abogado me dijo: ‘¿Qué hacen aquí, si ya se terminó todo?’ Pero no lograron quebrarnos”, recordó.
Un momento crucial en la preparación del caso fue cuando uno de sus colaboradores analizó el celular de José López, que contenía 26,000 mensajes no estudiados, de los cuales surgieron evidencias del plan de “limpiar todo” y el control que Cristina Kirchner ejercía sobre los pagos a Lázaro Báez y la liquidación de Austral Construcciones.
Durante el juicio, Luciani sufrió persecuciones, espionaje sobre su familia, presiones, amenazas, intentos de influir en la justicia y hasta propuestas de ley que buscaban anular los casos de corrupción si eran informados por la prensa.
Destacó al procurador Eduardo Casal como un gran apoyo, permitiéndole trabajar con independencia, así como la sentencia “histórica” de la Corte Suprema que confirmó la condena.
“Después de este saqueo escandaloso, ahora nos dicen que no tienen dinero para devolver”, manifestó indignado en referencia a los alegatos de los condenados respecto a la reparación del daño. Culminó su intervención con una ovación de pie.
Por su parte, Goyeneche, que fue destituida por el poder entrerriano tras investigar al gobernador kirchnerista Sergio Urribarri, actualmente condenado, advirtió que la reforma constitucional de Santa Fe aprobó un mecanismo que permite la remoción de fiscales con una simple mayoría de cuatro legisladores, dos abogados y un juez, lo que generó réplicas críticas, incluso de la relatora de la ONU en defensa de la independencia judicial.
Fuente: La Nación / Hernán Cappiello.
