La medida se conoció en momentos en que el proceso de licitación de las obras del gasoducto enfrenta dificultades debido a que los consorcios que se presentaron para realizar esas obras habrían ofertado precios superiores a los costos proyectados por Transportadora Gas del Sur en el presupuesto original.
El objetivo de la obra es ampliar en 2,9 millones de metros cúbicos diarios la capacidad de transporte de TGS y hacer frente así a la demanda de energía.
La garantía de los 1.000 millones fue fijada en noviembre pasado, cuando, por decreto, se decidió capitalizar el Banco Nación, con aportes del Tesoro, en 1.900 millones de pesos. Allí se estableció que, de ese total, hasta 1.000 millones debían servir para "garantizar las operaciones crediticias vinculadas con la construcción de obras de infraestructura en el sector del gas".
Ocurre que el Banco Nación es el garante ante el Banco Central del financiamiento externo del gasoducto, donde están asociados la Transportadora de Gas del Sur, Petrobras Energía y Petróleo Brasileiro. Una parte sustancial del dinero vendrá del brasileño Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES), que exigió seguridades o garantías de que recuperará sus créditos.
A medida que ese fondo vaya cancelando sus obligaciones irán reduciéndose esas garantías. Y el dinero saldrá de las industrias, las generadoras eléctricas y las estaciones de GNC, que serán las encargadas de pagar la ampliación del gasoducto San Martín con un "cargo extra" del 70% promedio en las tarifas del transporte. A los valores actuales del gas, ese cargo implicaría una suba final en las tarifas de 20%.
Mientras tanto, la garantía de los hasta 1.000 millones de pesos involucrados implican un aumento del endeudamiento público. Entonces, para evitar que esa decisión altere la Ley de Solvencia Fiscal, el viernes pasado, a través del decreto de necesidad y urgencia 16/2005, se consideró que esa suma de dinero quedaba al margen del cálculo a los fines de determinar el incremento de la deuda.
