En las últimas horas se filtró un proyecto de decreto del Poder Ejecutivo Nacional que plantea un drástico recorte en el área de transporte y control vial. El documento —de más de 70 artículos— prevé la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial.
La iniciativa se enmarca en el proceso de reestructuración estatal impulsado por el presidente Javier Milei, bajo la Ley 27.742 de Bases, y aún no fue publicada en el Boletín Oficial ni confirmada por fuentes oficiales. Sin embargo, el expediente IF-2025-72992222-APN-STEYFP#MDYTE, con fecha 6 de julio, ya circula y accedió INFORME DIGITAL.
Fin de Vialidad Nacional
Según el proyecto, la Dirección Nacional de Vialidad, creada en 1958, sería eliminada y sus funciones —estudios, licitaciones, mantenimiento y obras sobre rutas nacionales— serían absorbidas por el Ministerio de Economía, que también podrá delegarlas a provincias o al sector privado.
El Gobierno argumenta que la DNV representa una estructura “excesivamente onerosa”, con 477 cargos jerárquicos y una dotación de personal que creció un 148 % en los últimos 15 años. También señala que muchas tareas, como desmalezado y mantenimiento, ya están parcialmente tercerizadas.
Seguridad vial bajo Gendarmería
Otro punto central del proyecto es la disolución de la ANSV, creada en 2008, y el traspaso de sus funciones a dos actores: la Secretaría de Transporte y la Gendarmería Nacional Argentina, que quedaría a cargo del control de tránsito en rutas, sanciones e infracciones.
Se eliminaría además la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, transfiriendo competencias a áreas del Ministerio de Economía.
El borrador plantea una reforma integral del sistema vial y de transporte, con centralización de funciones y desarticulación de organismos descentralizados. Incluso se modifican artículos clave de las leyes 24.449, 26.363, 27.445 y 27.514.
Nuevos organismos
En reemplazo de la CNRT se crearía una Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, que también asumiría tareas de fiscalización ferroviaria y vial. Además, la actual Junta de Seguridad en el Transporte sería limitada exclusivamente al ámbito aéreo, bajo una nueva denominación: Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación.
La propuesta incluye también la transferencia de activos y personal, la liquidación de fondos sin destino específico, y la redistribución de bienes al Tesoro Nacional o a otras jurisdicciones.
Alertas y rechazos
Aunque el decreto aún no fue firmado, gobernadores, gremios y expertos ya manifestaron preocupación. La Justicia de Formosa ordenó en junio que Vialidad ejecute obras urgentes en cuatro rutas. En Santa Fe, Río Negro y Mendoza, las quejas por el deterioro de rutas nacionales se multiplican.
El gremio de trabajadores viales advierte sobre un vaciamiento institucional y una avanzada privatizadora. Organizaciones de familiares de víctimas de tránsito temen una caída en los estándares de seguridad, con más baches, menor señalización y aumento de siniestros.
El proyecto señala que la reorganización busca reducir el gasto público y garantizar eficiencia. Pero en la práctica, la eliminación de estos tres organismos clave podría abrir un conflicto federal, laboral y judicial de gran escala, si finalmente el decreto se firma.
