Durante más de 25 años, desde el interior hemos cuestionado a los gobiernos centralistas por la concentración de recursos del Estado nacional a través de impuestos no coparticipables, como el impuesto al cheque, el impuesto PAIS y las retenciones a las exportaciones (DEX), que ejercen una presión económica y limitan la autonomía de las provincias.
Con la llegada de Javier Milei ese modelo empezó a modificarse. Entre sus primeras medidas se cuentan la eliminación del impuesto PAIS y la disminución de las retenciones a las economías regionales y a productos como la soja, el maíz y las carnes. Como consecuencia, la participación del Estado nacional en el gasto público cayó del 42% al 33% (aprox. 60 billones de pesos).
La menor recaudación nacional permitió que una porción significativa de esos recursos llegara directamente a los bolsillos de los argentinos, especialmente de quienes viven en el interior. Ese flujo dinamiza las economías regionales, aumenta los ingresos locales y repercute en una mayor recaudación por tasas municipales e impuestos provinciales, como ingresos brutos. A mediano plazo, ello se traduce en un crecimiento de los recursos coparticipables, gracias a aportes de impuestos como el IVA y Ganancias.
El modelo que propone Milei privilegia un Estado nacional menos centralizado y menos absorbente de ingresos, centrado en dictar normas que protejan la propiedad privada y atraigan inversiones a provincias con recursos naturales poco explotados, promoviendo así la independencia económica y política. Ese enfoque obliga a provincias y municipios a brindar servicios públicos más eficientes y de calidad, a incentivar al sector privado y a competir sanamente, tal como lo hacen las pymes en una industria competitiva, en línea con el concepto de “votar con los pies” de Charles Tiebout.
En ese marco conviene analizar las críticas de dirigentes como Schiaretti, Lousteau, Llaryora y Pullaro, que cuestionan la reducción de retenciones y la supuesta falta de políticas productivas. No creo que estos dirigentes sean ignorantes o desinformados; sus posturas responden, más bien, a intereses políticos particulares. Al centrarse en sus propias aspiraciones, terminan perjudicando el interés general de las provincias que gobiernan.
Saben que la reducción de impuestos pone en evidencia la ineficiencia de los estados subnacionales, que optaron por aumentar la presión fiscal sin ajustar sus gastos. Tal como señala Letelier en su enfoque de elección pública sobre descentralización fiscal, este comportamiento político está ligado a la permanencia de los dirigentes en el poder, lo que los convierte en “beneficiarios potenciales de la captura del Estado” y los empuja a actuar de manera oportunista.
Según el autor, las provincias deben reducir la presión fiscal
En la cosmovisión de esta administración, las provincias deben regular sus propios sistemas impositivos mientras la nación retrae sus impuestos. De ese modo, cada provincia debe competir ofreciendo mejores condiciones tributarias. En este punto es central el aporte de la accountability ejercida por la ciudadanía a la hora de emitir su voto y por el complejo empresarial al elegir en qué lugar del país realizar sus inversiones
En contraposición a esa dirigencia, cabe destacar la reacción positiva de gobiernos subnacionales de la Patagonia, Cuyo y el NOA, que supieron aprovechar los beneficios de la descentralización y del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Esas provincias están generando ingresos significativos mediante la minería y el petróleo, logrando una mayor independencia fiscal.
Un capítulo aparte merece la reciente medida de eliminación temporal de las retenciones a todos los productos agropecuarios, un hito en los últimos 23 años. Por primera vez, aunque fuera por un breve periodo, las commodities pudieron reflejar su valor real en el mercado sin que el Estado nacional se apropiera de una parte significativa de sus ingresos.
No obstante, la naturaleza transitoria de la medida también generó distorsiones e incentivos negativos en el mercado que el Gobierno debe evitar que se repitan. Pese a esos efectos adversos, la experiencia sirvió para demostrar un punto clave: la reducción de impuestos, según el efecto Laffer, puede resultar en un aumento de la recaudación fiscal.
Social y políticamente se ha alcanzado un consenso sobre el papel fundamental del sector agropecuario en el crecimiento económico del país. La disminución de la carga impositiva sobre el campo no solo beneficia a los productores, sino que también impulsa el desarrollo nacional. Esta perspectiva abrió la puerta a la posibilidad de una medida permanente que contemple la eliminación total de las retenciones, consolidando el camino hacia una estructura tributaria más favorable para el sector y para el país en su conjunto.
Esos nuevos ingresos para el sector privado también quedarán en las provincias productoras. Los desafíos pendientes son claros: controlar el tamaño y la calidad del gasto público en provincias y municipios —especialmente en educación y salud—, exigir transparencia y rendición de cuentas, y promover una mayor participación ciudadana, en particular del sector privado.
El autor es diputado nacional (Liga del Interior ELI)
