El juez de Instrucción de Federación, Alberto Funes Palacios, investiga a los propietarios de un vivero de rosas, ubicado en el ejido de Federación, por la posible comisión del delito de “reducción a la servidumbre”, al constatarse la explotación de 19 trabajadores golondrinas de nacionalidad paraguaya, a quienes se les retenía el documento para evitar que se vayan.Los obreros, que todavía siguen alojados y trabajando en la finca, llegaron a Entre Ríos con la promesa de un salario “digno”, vivienda y jornadas de trabajo de 8 horas. Sin embargo, no bien pisaron el predio, donde se realiza cultivos de rosas, se les retuvo el documento y se los obligó a trabajar jornadas de más de 12 horas por día, sin días de descanso y con una paga que no superaba los 30 pesos por jornada. Además de eso, se les prohibió salir de la finca, que permanentemente se encontraba con candado. Los trabajadores, tan sólo contaban con una hora por semana, por lo general los sábado a la tarde, para poder “salir de compras” hasta algún almacén o supermercado de la ciudad de Federación. Literalmente, los obreros paraguayos eran (y tal vez, lo estén siendo en este momento, puesto que el vivero no fue clausurado) sometidos como esclavos, no tenían libertad para retirarse de la finca, sólo la hora semanal que los propietarios, de origen japonés, les concedían para que puedan abastecerse de mercadería y alimentos. DelitosLa causa, que se tramita en el Juzgado de Funes Palacios está bajo el secreto de sumario, pero todo indicaría que Marcelo Javier Murakami, propietario de la finca y a su esposa Alejandra Goto, de nacionalidad argentina, habrían incurrido en la violación, entre otros delitos, de la Ley de Migraciones (25.871); delito contra Libertad Individual y reducción a la servidumbre. La penosa historia de los obreros paraguayos, se conoció a través de un llamado telefónico anónimo que se efectuó a una FM local. Hasta ahí, era sólo un trascendido y la noticia era manejada con cautela, pero terminó de confirmarse en la tarde del jueves, cuando el comisario Jorge San Román, a cargo de la Jefatura Departamental de Policía de Federación, solicitó de oficio, una orden de allanamiento. El trámite no se hizo esperar y con la autorización del juez Funes Palacios, personal policial ingresó al predio acompañado por el delegado de Trabajo, quienes constataron las condiciones laborales y de vivienda (precarias casillas de madera) de los obreros. Los paraguayos estaban despojados de todos sus derechos. No tenían capacidad de disponer libremente de sí mismo, tanto es así que los propietarios de la finca se “adueñaron” de los documentos. “Nosotros actuamos de oficio, porque escuchamos en la FM local (102.9), el conductor (José Luis Godoy) del programa (Lo dice la gente) comenta sobre un llamado telefónico que recibieron en el que se advierte de la supuesta explotación de personas”, relató San Román.Una voz en el teléfonoEl llamado lo habría hecho una mujer, aparentemente, también de nacionalidad paraguaya. La voz en el teléfono, relató que se encontró en el supermercado local con un coterráneo, quien le pidió en guaraní que lo ayude, porque los tenían encerrado y amenazado. Brevemente, el hombre, que estaba con un bebé en brazos, le comentó que estaban trabajando en el roseral de Federación, ubicado en un camino vecinal, a 800 metros al sur de la ruta provincial Nº 44.“El obrero se encontró con esta persona, el día sábado a la tarde, que era el único día que les permitían salir para comprar sus alimentos. Cuando nos enteramos de esa información por la FM, solicitamos de oficio al Juzgado de Instrucción la orden de allanamiento”, detalló el jefe de la Departamental de Policía de Federación. En el oficio, la policía solicitó la autorización para ingresar a la finca “ocupada o frecuentadas” (según reza el pedido que lleva el número 27), por “Marcelo Javier Marakami y/o familiares”.Cuando los agentes policiales ingresaron al lugar, se presentó como esposa del propietario Alejandra Goto, de familia japonesa pero nacida en argentina, de 35 años de edad, según quedó asentado. En el vivero, la fuerza y el delegado de la Dirección de Trabajo, Silvio Puchetta, constataron a 19 personas de nacionalidad paraguaya, que estaban viviendo en precarias casillas de madera. “Había 15 hombres, cuatro mujeres menores de edad”, cuyos documentos estaban en poder de la patronal. “Nuestro pedido se fundó en artículo 140 y concordantes del Código Procesal Penal argentino, en el capítulo el derecho a la libertad individual y reducción de servidumbre”, aclaró San Román.VISA. Las 19 personas tenían ingreso al país como turistas y habían sido traídos desde el Paraguay con la promesa de trabajo, vivienda y sueldos dignos. “Pero se encontraron con intensas jornadas de trabajo, recibían 120 pesos por semana y debían trabajar más de 10 horas. Ellos debían pagarse la comida”, destacó el comisario.“El caso lo elevamos al Juzgado por la posible comisión de delitos. Pero también, se le dio intervención a la Dirección de Trabajo, a Gendarmería, a Migraciones y, a la AFIP ya que estaban en negro”, acotó el oficial.Hasta ayer, los paraguayos seguían alojados en el establecimiento, pero la zona estaba siendo vigilada por personal policial, debido a que los obreros (según denunciaron) estaban permanentemente amenazados por los dueños del vivero. Como acto administrativo de rigor, según se indicó a este medio, la Dirección de Trabajo les ordenó a los propietarios de la finca que, en el término de cinco días, “regularicen la situación de los trabajadores”. “Ahora está en manos del juez, nosotros lo que hicimos es intimar a la empresa para que regularice la situación de los trabajadores que estaban en negro y vivían en pésimas condiciones”, aseguró Puchetta, al tiempo que indicó que se corrió vista de la situación a los organismos del Estado Nacional, entre ellos, Migraciones y Gendarmería.De acuerdo al relato de los paraguayos, un grupo ingresó al país en noviembre del 2008 y otro lo hizo en la primera quincena de enero de este año. Desde entonces ninguno había podido volver a su país, debido a que no sólo no contaban con sus documentos sino que tampoco les alcanzaba para costearse el viaje de vuelta.Jurisprudencia A los propietarios de la finca de rosas, si es que así lo considera el juez de Instrucción, se los podría imputar de varios delitos, uno de ellos, el de infracción a la Ley de Migraciones (25.871) por haber promovido y facilitado la “permanencia ilegal (los paraguayos en este caso tenía visa de turistas) de extranjeros en el territorio de la República Argentina con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio”, según consta el artículo 117 de esa norma.Otro de los supuestos sería el de violación a los derechos de la libertad individual, que reprime, en el artículo 140, a quien “redujere a una persona a servidumbre o a otra condición análoga”. Además, si es que así lo entiende y lo acredita el magistrado de Federación, a los propietarios también les podría caber la norma penal prevista en el artículo 35, de la ley 12.713 de trabajo a domicilio, que establece que “un empresario, intermediario o tallerista que por violencia, intimidación, dádiva o promesa, realice actos que importen abonar salarios menores que los que se establezcan de acuerdo a los procedimientos que estatuye la presente ley, tendrá prisión de seis meses a dos años”. (El Diario).-
