En el marco de los tiempos marcados por el pulso electoral, se anticipa que en los próximos días la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini, emita su fallo sobre la apelación relacionada con la intervención del PRO Córdoba.
Esta controversia judicial fue iniciada por el referente amarillo federal, Oscar Agost Carreño, en oposición a los designios de Mauricio Macri. La indefinición se prolongó hasta que se conocieron los resultados de las elecciones porteñas, que ocuparon la atención política a nivel nacional.
Con la mirada puesta en la decisión de Servini, que anuló la intervención del PJ salteño y devolvió a sus autoridades el control del partido en esa provincia, el entorno de Agost Carreño no oculta su expectativa de recuperar el dominio dentro de la fuerza amarilla con tono local.
No obstante, hay cierta cautela ante un posible desenlace que podría representar un revés judicial para Macri. “El diablo puede meter la cola”, advirtió un dirigente cordobés, quien prefirió esperar el fallo de Servini para celebrar cualquier victoria. Sin embargo, esto podría dar pie a futuras apelaciones.
La presentación de las autoridades del PJ salteño, que solicitaron la anulación de la intervención nacional ante Servini, es casi idéntica a la demanda realizada previamente por Agost Carreño.
La magistrada, experta en los laberintos del ámbito judicial, no es ajena a las maniobras temporales. De hecho, su fallo se dio a conocer días después de que se definieran las elecciones legislativas en el norte del país.
El recurso de apelación de los peronistas salteños ante la jueza fue presentado tras el de Agost Carreño. Tanto aliados como opositores sabían que Servini se pronunciaría sobre el caso Córdoba después de los comicios porteños.
En su decisión que anuló la intervención del PJ Salta, Servini expresó que “no se advierte (…) la existencia de anormalidades institucionales ni incumplimientos legales que justifiquen una intervención”. Desde el entorno del diputado cordobés observan el caso salteño como un espejo de la situación del PRO local.
Es importante recordar que, al decidir la intervención del partido en Córdoba, el líder del PRO nombró a la dirigente porteña Laura Alonso, quien no permaneció mucho tiempo en el cargo. Fue reemplazada por el cordobés Henry Blas Leis, perteneciente al sector leal a Macri, que incluye entre sus miembros a Soher El Sukaria.
La interventora de la Defensoría del Público de la Nación está a un paso de regresar a Córdoba, ya que volverá a su escaño en el Concejo Deliberante. Su futuro depende de una decisión política que permita que su reemplazo pertenezca al mismo grupo, en el contexto de una “reestructuración grande” que se llevó a cabo en el organismo, según comentan allegados.
Otro escenario factible sería seguir la recomendación de disolver la Defensoría, alineándose con la política de recortes de Milei en el Estado. Sus rivales en la intensa interna del PRO argumentan que “está a punto de volver a ser funcionaria libertaria, ya que su relato macrista comienza a desmoronarse”.
