De los 8,5 millones de pesos que se pretendían tomar como empréstito, se estimó que 2 millones tendrían como destino la sentencia contra el gobierno de la ciudad, en el juicio iniciado por Dakota SA, en junio de 2001.Al margen de las consideraciones del destino real del crédito, formulado tanto por el oficialismo como por la oposición, el titular del bloque de ediles del PJ Humberto Gracia informó que este mes el Superior Tribunal de Justicia notificó que no dio lugar a la apelación de la comuna, por lo que “la sentencia -del 14 de marzo de 2006- tiene efecto inmediato”.Si bien la comuna evalúa recurrir -según admitió el edil- a la Corte Suprema de Justicia, deberá de igual modo acatar el fallo y cancelar el pago. En caso de que en esa instancia resulte favorable, se le devolverá el dinero.El reclamo judicial de Dakota se basa en cuatro acusaciones contra la comuna: competencia desleal de las playas de estacionamiento, personal no idóneo para el control, la proliferación de cuida-coches y el cambio de la ecuación financiera, a partir del Decreto 680 de junio de 1999, que modificó el plazo de tolerancia de 15 a 30 minutos, para aquellos vehículos que se habían excedido en el tiempo que fijaba el ticket. Originalmente, la demanda era superior al millón y medio de pesos, pero la Justicia sólo dio razón a Dakota, en relación a la deficiencia en el control de las tarjetas, a cargo de los inspectores municipales.Según confió Gracia a UNO, finalmente se fijó que el municipio deberá pagar 962.793,20 pesos, más estimación de intereses y honorarios.En ese sentido, cuestionó las medidas de la anterior administración municipal “porque adoptó medidas que favorecieron a Dakota para rescindir el contrato” y denunció “connivencia entre funcionarios y la empresa”. Y en relación al fallo judicial, dijo que “la Justicia tomó como única prueba actas notariales presentadas por Dakota. Que el STJ tome tal determinación en este momento, demuestra que el poder político provincial tiene vinculaciones con la Justicia, ya que en una causa similar iniciada por trabajadores de Vialidad contra el gobierno provincial, el Superior dio lugar a la apelación oficial”.En los próximos días se iniciará la etapa de liquidación, en la que se fijarán los montos exactos en concepto de intereses y honorarios, que deberá pagar la comuna.PolémicaVale recordar que el controvertido empréstito que el Ejecutivo pretendía contraer, tenía como destino cancelar pasivos, es decir, vencimientos de deudas del año próximo, según se planteó oficialmente.En la sesión, Maier recordó que la iniciativa “cambió tres veces en menos de un mes” y coincidió con el radical Cuscueta y el edil de la Concertación Aldo Bachetti, al mencionar que “el pedido del Ejecutivo se debe al ahogo financiero de la Municipalidad, con un déficit operativo mensual superior al millón de pesos”. Cuscueta añadió que “luego de tres años, el oficialismo no puede seguir hablando de herencia” al hablar de deudas. (Fuente: UNO)
