A la espera de la definición sobre la constitucionalidad delrégimen para extinguir el dominio de bienes provenientes de la corrupción y elnarcotráfico, las provincias comenzaron a analizar la viabilidad de adherir alDNU de Mauricio Macri, lo que en la mayoría de los casos implicaría unamodificación -vía legislaturas- de los códigos procesales vigentes.
Sin embargo, el procedimiento de extinción de dominio tieneantecedente en Santa Fe y Entre Ríos, que lo aplican desde hace al menos dosaños en diferentes tipos de delitos, y en la provincia de Buenos Aires, queajustó la normativa local para enajenar y destinar a la fuerza policialvehículos secuestrados en causas penales que se investigan y juzgan en lostribunales locales.
La primera en ponerlo en práctica fue Santa Fe en 2016. Laadministración del socialista Miguel Lifschitz creó la Agencia Provincial deRegistro, Administración y Destino de bienes y derechos patrimoniales (Aprad),que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.Dispone de los objetos secuestrados por la Justicia en el marco deinvestigaciones penales y gestiona que pasen a la esfera estatal vía subasta oreutilización.
En julio pasado,más de 3 mil personas de varias provinciasse inscribieron para lo que fue el primer remate de vehículos de alta gamadecomisados por la Justicia santafesina a grupos delictivos.
“Fue un procedimiento inédito en el país”, explicó MatíasFigueroa Escauriza, secretario provincial de Gestión Pública y titular de laagencia de bienes que en poco tiempo acumuló para custodia y futuras subastas,computadoras, televisores, celulares, además de vehículos de diferente porteque llegan hasta allí derivados por orden judicial.
“La Provincia tiene una madurez política en todos lossectores políticos”, indicó Figueroa Escauriza.
Por su parte, el gobierno de Entre Ríos también salió aexhibir el antecedente local. “La Justicia entrerriana está varios pasosadelante que la nacional”, dijo el gobernador Gustavo Bordet (PJ) al subrayarque ese distrito ya aplica un régimen similar al que pretende la Nación.
El mandatario, si bien consideró que la medida “esimportante”, afirmó en declaraciones a APF Digital que “no resuelve losproblemas de fondo que hay en el país: la alta inflación, altas tasas deinterés, la recesión y los despidos”.
En Entre Ríos, la posibilidad de enajenar bienesprovenientes de causas penales por corrupción o narcomenudeo está contempladaen el Código de Procedimientos Penales.
Un caso reciente sirve para graficar la postal local: elMinisterio de Salud convirtió en hospital Escuela de Salud Mental una propiedaden Paraná que perteneció al exdirector de Obras Sanitarias provincial HugoRighelato, condenado por los delitos de Peculado, Negociaciones incompatiblescon la función pública y Fraude al Estado en concurso real.
Por su parte, el peronista de Salta, Juan Manuel Urtubey,cuestionó la decisión del Presidente de recurrir a un DNU para aplicar lo queel Congreso le negó. Aunque consideró que “la extinción de dominio comoconcepto es indiscutible”, calificó como un “exceso” el decreto. “Tiene anclajeen un proceso penal, y es clara nuestra Constitución cuando dice que no sepueden hacer decretos sobre materia penal”, argumentó.
Dentro del universo de distritos gobernados por Cambiemos,Mendoza reconoció que estudia la posibilidad de aplicar una versión propia dela extinción de dominio.
Marcelo D’Agostino, subsecretario de Justicia del gobiernode Alfredo Cornejo, dijo que analizan calcar la iniciativa, pero advirtió que,de hacerlo, será a través de una ley.
“Lo estamos estudiando”, reveló el funcionario y explicó queprimero deberían modificar el Código Procesal civil de la provincia. “Tenemosun proceso distinto, si quisiéramos implementarlo deberíamos hacerlo ley”,aclaró.
Porúltimo, en el caso de Buenos Aires, la administración de María Eugenia Vidal lesacó el jugo a un decreto-ley propio que habilita al Ministerio de Seguridad areutilizar vehículos secuestrados en causas penales para dependencias de laPolicía.
