“Después de este saqueo obsceno: ¡Ahora nos dicen que no tienen plata para devolver! ¡La víctima de este saqueo es la sociedad y no vamos a descansar hasta que devuelvan el dinero que se robaron!“, exclamó el fiscal federal Diego Luciani al disertar en un Congreso Anticorrupción en Santa Fe. El público acompañó con entusiasmo sus palabras.
Luciani estaba acompañado de la exfiscal anticorrupción entrerriana Cecilia Goyeneche, quien en el encuentro denunció que en la reforma constitucional santafesina se aprobó un dictamen que prevé el castigo a los fiscales. Esa inclusión pone a los fiscales a tiro de una mayoría política de la Legislatura, que podrá removerlos si al poder no le gustan sus investigaciones.
El fiscal del caso Vialidad contó que “desde hace 30 años todos los organismos de control del Estado han sido parasitados por la corrupción”.
“Cuando la corrupción es endémica -ahondó Luciani-, la justicia tiene un rol para acabar con la impunidad, pero durante mucho tiempo ha sido garantía de impunidad de los corruptos y esta situación debe modificarse”.
Ante unas 500 personas que coparon el salón del Club del Orden en el III Congreso Anticorrupción organizado por la Asociación Civil Río Paraná, Asociación Entre Rios sin Corrupción y la Fundación Friedrich Naumann, el fiscal contó entretelones desconocidos del juicio donde consiguió la condena a 6 años de prisión de Cristina Kirchner.
Festejado con aplausos y aclamado como una celebridad por el público, Luciani destacó que los partidos políticos han sido partícipes de la corrupción y se horrorizó de que “pongan como candidato condenado en sus listas, sin que pase nada”. “¡Dónde queda la integridad de los partidos políticos”, se quejó.
El fiscal fue mas allá de la críticas al afirmar que los políticos banalizan y desacreditan las decisiones judiciales y “juzgan a los jueces”. “¡Desde cuándo!” bramó.
Contó que para prepararse para el juicio hizo un doctorado en corrupción ligado con la obra pública en España y que, cuando presentó su tesis donde afirmaba que la corrupción lesionaba los derechos humanos, una catedrática española del jurado no entendía tal afirmación. Hasta que al concluir su defensa de tesis le dijo: “En España los corruptos se roban lo que sobra, en Argentina se roban lo que falta”.
Relató que antes del juicio, cuando buscaba un fiscal que lo acompañara en la acusación, muchos se negaron. Algunos estaban concursando y que cuando se lo planteó a Sergio Mola aceptó: “Mola me dijo que sí, por sus hijos y por la patria, contestó”. Hubo aplausos cerrados.
Explicó que en pleno juicio se produjeron las elecciones que ganó la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kircher y eso generó desánimo. ““Nos encontramos muy solos, y cuando el lunes siguiente a la elección entramos a la sala de audiencia, había un clima de algarabía, hasta el punto de que algún abogado me dijo: ‘¿Qué hacen acá, si ya se terminó todo? Pero no lograron quebrarnos“, recordó.
Explicó que un momento bisagra de la preparación del juicio fue cuando uno de sus colaboradores analizó el celular de José López, con 26,000 mensajes, nunca estudiados, de donde surgieron los indicios del plan “limpiar todo” y el control que tenía Cristina Kirchner sobre los pagos a Lázaro Báez y la liquidación de Austral Construcciones.
Durante el juicio contó que tuvo persecuciones, espionaje sobre su familia, presiones, amenazas, intentos de colonizar la justicia y hasta proyectos de ley que “pretendían anular los casos de corrupción si la prensa informaba sobre ellos”.
Rescató al procurador Eduardo Casal como el gran apoyo, que lo dejó trabajar con independencia y el fallo de la Corte Suprema “histórico” que confirmó la condena.
“¡Después de este saqueo obsceno, ahora nos dicen que no tiene plata para devolver!”, se indignó en referencia a los planteos de los condenados para pagar la reparación del daño. Terminó su charla ovacionado de pie.
A su turno, la fiscal Goyeneche, echada por el poder entrerriano por investigar al gobernador kirchnerista Sergio Urribarri, actualmente condenado, advirtió con la reforma constitucional santafesina se aprobó un mecanismo de remoción de fiscales donde basta una mayoría simple de un cuerpo de cuatro legisladores, dos abogados y un juez para destituir a un fiscal, lo que mereció las críticas de la relatora de la ONU en defensa de la independencia judicial.
