El juez está evaluando la situación de los exfuncionarios de la Dirección Departamental de Escuelas de Paraná, quienes están involucrados en un caso de peculado imprudente. Se busca imponer una multa equivalente al 20% del monto de dinero que perjudicó las arcas estatales. Estos hechos ocurrieron entre 2020 y 2022 y fueron revelados por el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Paraná). La imputada que cobró los cheques ya ha resuelto su situación.
La ex directora de la Departamental de Escuelas de Paraná, Adela Ramírez, y el ex coordinador del organismo, Daniel Alfredo Sale, permanecen en una situación incierta mientras el juez de Garantías, Julián Vergara, analiza la solicitud de sobreseimiento presentada por el fiscal Gonzalo Badano, quien ha solicitado el cierre del caso, condicionado al pago de las multas correspondientes, dado que el daño al Estado provincial ha sido reparado.
Los hechos, que datan de 2020, implican el uso indebido de cheques firmados sin monto ni destinatario especificado. Esta situación fue aprovechada por María Laura Miño, quien formaba parte del personal auxiliar del área contable de la Dirección Departamental de Escuelas. En sus inicios, la causa contaba con cuatro imputados, de los cuales dos ya han resuelto su situación judicial.
Es importante recordar que esta causa se originó a raíz de una denuncia periodística realizada por el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral).
La primera en llegar a un acuerdo con la justicia fue María Laura Miño. A través de un juicio abreviado, Miño aceptó su responsabilidad por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, reconociendo que se apropió de 1.434.172 pesos del Estado provincial entre noviembre de 2020 y marzo de 2022. Miño insertó su información personal como destinataria en 26 cheques, que ya contaban con las firmas de funcionarios autorizados para su emisión, incluidos Adela Ramírez, Daniel Alfredo Sale y Sandra Mariela Arener, quien era responsable de la División Contabilidad, Registro de Operaciones y Pago de haberes de la Dirección.
Por su parte, Arener fue la segunda en alcanzar un acuerdo, ya que firmó nueve cheques entre marzo y diciembre de 2021 sin especificar montos ni destinatarios, lo que fue aprovechado por Miño. Se le impuso una multa de 130.000 pesos de un total de 636.800 pesos sustraídos a través de esos cheques.
Ahora, el foco de atención del juez Vergara está sobre Adela Ramírez y Daniel Alfredo Sale. El fiscal Gonzalo Badano indicó que Sale firmó 23 cheques, mientras que Ramírez firmó 19.
El defensor de ambos imputados, Pablo Obeid, resaltó que sus clientes reembolsaron el dinero tan pronto como se conocieron los hechos. Sin embargo, según el Código Penal, para que se extinga la acción penal y se logre el sobreseimiento, es necesario cumplir con dos condiciones: el pago de las multas y la completa reparación del daño.
El Consejo General de Educación confirmó, según Badano, que “el perjuicio ya no estaría presente”, lo que implica que el daño ha sido subsanado. Lo que queda por hacer es el pago voluntario de una multa, que para el delito de peculado imprudente equivale al 20% del daño causante.
Para mayo de 2024, Daniel Alfredo Sale debía abonar 254.000 pesos y Adela Ramírez 184.000. El juez Vergara ha solicitado la información sobre los montos finales actualizados para tomar su decisión definitiva.
