Los hechos, que se remontan a 2020, implican el uso indebido de cheques firmados sin especificar la cantidad ni el destinatario, lo cual fue aprovechado por María Laura Miño, quien trabajaba como personal auxiliar del CGE en el área contable de la Dirección Departamental de Escuelas de Paraná. Al inicio, el caso contaba con cuatro imputados, de los cuales dos ya han resuelto su situación judicial.
Miño, condenada por fraude
La primera en llegar a un acuerdo con la Justicia fue María Laura Miño. A través de un juicio abreviado, Miño admitió su responsabilidad por el delito de fraude en daño a la administración pública, aceptando cumplir una pena de un año de prisión en condición de cumplimiento condicional. Se la acusó de haberse apoderado de 1.434.172 pesos del Estado provincial entre noviembre de 2020 y marzo de 2022.
Miño incluyó sus datos personales como destinataria en 26 cheques que ya contaban con las firmas de funcionarios autorizados para su libramiento, entre ellos Adela Ramírez, Daniel Alfredo Sale y Arener. Los importes fueron depositados en su cuenta de ahorros en el Nuevo Banco de Entre Ríos.
Arener: multada por su papel en el peculado
La segunda persona en llegar a un acuerdo con la justicia fue Arener, quien estaba a cargo de la División Contabilidad, Registro de Operaciones y Pago de haberes de la Dirección Departamental de Escuelas. Arener dejó nueve cheques firmados entre marzo y diciembre de 2021, sin detallar el monto ni el destinatario, lo que fue utilizado por Miño. Se le impuso una multa de 130.000 pesos sobre un total de 636.800 pesos sustraídos a través de esos cheques.
Situación de Ramírez y Sale
En este momento, la atención del juez Vergara se centra en Adela Ramírez y Daniel Alfredo Sale. El fiscal Gonzalo Badano informó que Sale dejó firmados 23 cheques, mientras que Ramírez firmó 19.
El abogado defensor de ambos imputados, Pablo Obeid, enfatizó que sus clientes repusieron el dinero tan pronto como se conocieron los hechos. No obstante, según el Código Penal, para lograr la extinción de la acción penal y el posterior sobreseimiento, se deben cumplir dos requisitos: el pago de las multas y la total reparación del daño.
El Consejo General de Educación confirmó, según Badano, que “el perjuicio ya no estaría más presente”, lo que implica que el daño ha sido saldado. Lo único pendiente es el pago voluntario mínimo de la multa, que para el delito de peculado imprudente equivale al 20% del daño causado.
Hasta mayo de 2024, Daniel Alfredo Sale debía abonar 254.000 pesos y Adela Ramírez 184.000 pesos. El juez Vergara ha solicitado que se informen los montos finales actualizados para tomar una decisión definitiva.
