
“Políticamente, estos gestos evidencian la incapacidad de Azcué para gobernar una ciudad como Concordia, que enfrenta múltiples escenarios y situaciones complejas, tanto económicas como sociales. Lo que no puede lograr con gestión y trabajo, intenta disimularlo con denuncias infundadas y un gran ruido en las redes sociales”, afirmó Petit.
“Todo lo realizado durante la gestión de Cresto se llevó a cabo siguiendo las normas y procedimientos administrativos pertinentes. Los concejales del radicalismo y de Cambiemos que formaron parte de la administración anterior tuvieron acceso a información y datos de primera mano para ejercer el control; a diferencia de lo que ocurre hoy, donde el Intendente ni siquiera responde a las solicitudes de informes que hacen los concejales”, añadió la abogada.
“¿O acaso Azcué quiere insinuar que los concejales de su propio espacio (que estuvieron antes y siguen ahora) hacían la vista gorda ante las irregularidades?”, se preguntó. Y continuó: “¿Está Azcué en posición de afirmar que antes el Tribunal de Cuentas y todas las áreas de control miraban para otro lado? Cuando Rogelio Frigerio, siendo ministro del Interior, premió al municipio de Concordia como uno de los más transparentes del país, ¿estaba respaldando las supuestas irregularidades que Azcué dice haber ‘descubierto’?”
Petit lamentó que “el intendente considere que la respuesta a los problemas de la ciudad sea una denuncia judicial. Así no se soluciona la falta de conducción ni de ideas claras. Parece que su única estrategia es emular el estilo de Milei, provocando un choque permanente… el Milei que Azcué admira y aplaude, mientras destruye el empleo, reprime a los jubilados, maltrata a las personas con discapacidades y consolida un esquema de recesión y ajuste que deja a ciudades como Concordia de rodillas”.
“Esto también se manifiesta en las decisiones que toman como desesperados manotazos. Después de dos años de gestión, ‘reformar’ nuevamente la estructura orgánica no implica modernización: es una confesión de que no hubo planificación, no conocen el municipio y, mucho menos, tienen un rumbo. A este punto, ya no pueden esconder su ineficiencia en servicios y obras con fuegos artificiales: el vecino lo sabe y lo sufre”, agregó.
La exfuncionaria destacó lo que, a su juicio, son logros de la gestión anterior: “Venimos de una administración, la de Enrique Cresto, con servicios de calidad, respuestas a los vecinos, con CDIs que atendían a más de 1.000 niños que desayunaban y almorzaban diariamente; un municipio de puertas abiertas, con consejos de participación donde los vecinos opinaban y definían políticas para sus sectores; un trabajo en equipo destinado a resolver problemas y consolidar avances. A la par, se ejecutaron más de 100 obras públicas, se proyectó y consiguió financiamiento internacional para un aeropuerto modelo en la región, una planta potabilizadora para solucionar el problema del agua, y se realizaron accesos con iluminación y señalética; políticas que fueron reconocidas con premios nacionales e internacionales y un primer puesto en transparencia. Frente a eso, hoy tenemos una Concordia paralizada, sin rumbo, con CDIs a punto de no brindar asistencia ni contención, una ciudad llena de parches sin sentido urbanístico y una administración cerrada, sin escucha ni planificación”.
Posteriormente, Petit también cuestionó el modo en que el intendente actual decidió elevar la documentación a la Justicia: “Analizaremos lo de Azcué en Tribunales desde la perspectiva legal. Considerando que remitir ‘una auditoría completa’ para que la Justicia revise lo que podrían ser presuntas irregularidades es vago e impreciso: más cercano al efecto periodístico que a la seriedad. Además, la contratación de esa auditoría ya es, como mínimo, cuestionable: se presentó como ‘asistencia técnica’ y fue una contratación directa a la UNL por 19 millones de pesos (21 de marzo de 2024), por 90 días y con pagos del 40% a la firma y 60% al presentar el informe final. Es decir, que el intendente extendió los límites de la contratación directa amparándose en la excepción de especialidad, modificó el objeto real e ignoró los procedimientos establecidos por la ordenanza y las leyes de contratación del Estado. Además, la auditoría pretende evaluar decisiones políticas, recomendando cambios que no son contables sino de gestión, y se basa en documentación remitida; es decir, no se realizó in situ, lo que en sí mismo disminuye la precisión y relevancia de sus resultados. Desde este punto de vista, la misma auditoría parece más irregular que lo que se pretende denunciar por parte del Intendente.”
“Brindaremos las explicaciones necesarias donde haya que hacerlo; pero Azcué debería recalibrar su GPS, por el bien de Concordia y su gente, y en reconocimiento a la responsabilidad que le otorgaron las urnas. Porque gobernar no se trata de agitar denuncias: es generar y ofrecer soluciones. Y Concordia no pide titulares en los diarios ni videos en TikTok; pide trabajo, obras y oportunidades para vivir mejor”, concluyó.