La denuncia contra Uriburu fue presentada recientemente en la Unidad Fiscal de Atención Primaria y está a cargo de la fiscal Ileana Viviani, quien tomó declaraciones a las adolescentes e instó al exfiscal a designar un abogado defensor.
Los hechos se desencadenaron en la madrugada del 30 de agosto de 2025. La noche anterior, Uriburu había celebrado su cumpleaños y, después de la fiesta, salió a trabajar como chofer de aplicación, actividad a la que se dedicó tras renunciar como fiscal de Rosario del Tala en septiembre de 2023, después de haber estado en Nogoyá. En esas circunstancias, respondió a un mensaje para recoger pasajeros cerca del Patito Sirirí de Paraná, donde tres jóvenes subieron a su Chevrolet Cruze. Ellas afirmaron que le indicaron un recorrido hacia el centro, pero el conductor se negó y, en cambio, condujo hacia el sudeste de la ciudad, donde hizo bajar a una de ellas; luego continuó el recorrido y, mientras transitaban por calle Gualeguaychú, habría obligado a otra joven a conducir el automóvil, lo que provocó un accidente. Las cámaras de videovigilancia públicas registraron el choque contra un semáforo a las 3:43.
Una de las adolescentes relató que durante el viaje habría sido abusada sexualmente por Uriburu, en presencia de sus amigas. La víctima tiene 16 años.
La fiscal Ileana Viviani inició una investigación penal preparatoria, imputándole a Uriburu la posible comisión de los delitos de privación ilegítima de libertad y abuso sexual simple, instándolo a designar un abogado defensor, entre otras medidas.
Esta denuncia es la más reciente de una serie que había situado a Uriburu en el centro de la atención pública durante su tiempo como fiscal interino, primero en Nogoyá y luego en Rosario del Tala, hasta que fue removido en septiembre de 2023.
Uriburu, de 45 años, ingresó al Poder Judicial en 2002, mientras cursaba la carrera de abogacía en la Universidad Católica Argentina (UCA). Se desempeñó como empleado provisorio y suplente en la antigua Cámara Primera en lo Criminal de Paraná, hasta que obtuvo el cargo titular en 2012, tras un concurso de antecedentes y oposición; un año después, fue trasladado al Juzgado Civil y Comercial de Nogoyá.
En 2014, con la implementación del sistema acusatorio, el procurador general, Jorge Amílcar Luciano García, lo designó como fiscal auxiliar provisorio. Alcanzó su mayor notoriedad cuando ordenó el allanamiento del convento de Carmelitas Descalzas, tras una investigación periodística que reveló situaciones de malos tratos y torturas físicas y psicológicas sufridas por las religiosas internas. Por este caso, imputó a la madre superiora, Luisa Ester Toledo, que finalmente fue condenada a tres años de prisión por la privación ilegítima de libertad de dos carmelitas.
No obstante, su estrellato se apagó rápidamente. Uriburu sostiene que, desde diversos sectores del poder político y judicial, íntimamente ligados a la Iglesia, le reclaman cuentas por aquella causa.
En 2020, fue denunciado por violencia de género. En los días previos al inicio de la cuarentena, y exhibiendo su cargo, hostigó a una mujer en el bar Nicéforo. Primero se ofreció a sacarle una foto mientras estaba con un grupo de amigas, luego intentó obtener su número de teléfono y, finalmente, la abordó en el baño del bar. Esa noche terminó en escándalo cuando el novio de la mujer confrontó a Uriburu para que cesara su actitud.
Lo cierto es que Uriburu continuó acosando a la mujer, enviándole mensajes de texto; llegó a amenazar a su pareja, un empleado del Juzgado de Paz de Lucas González, e incluso intentó manipular a la jueza y al dueño del bar para que declararan en su contra.
Durante su tiempo en Nogoyá, también logró establecer relaciones con algunos abogados locales, aunque no precisamente los más prestigiosos; en el ámbito de los tribunales se comentaba sobre su accionar cuestionable, y al procurador le llegaron información sobre intercambios que podrían calificarse de impropios con otros profesionales, según publicó Página Judicial.
García no lo abandonó, pero en diciembre de 2020 intentó reestructurar la jurisdicción y envió a Uriburu a Rosario del Tala, para que asumiera como fiscal interino ante la jubilación de quien había estado en el cargo durante décadas.
Su tiempo en Rosario del Tala culminó de la peor manera. Renunció en septiembre de 2023, tras ser denunciado por abuso sexual por una empleada judicial con quien había formado una pareja.
La mujer, profesional del equipo técnico interdisciplinario del Poder Judicial, declaró ante la Oficina de Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y afirmó, entre otras cosas, que Uriburu la intimidaba al jactarse de su relación con el procurador García y con la camarista Marcela Badano: “Hacia alarde de sus vínculos y relaciones laborales en el contexto de la violencia que ejercía sobre mí”, declaró la mujer.
Esa denuncia sentenció su destino. El STJ le inició un sumario por haber incumplido el deber de “guardar una conducta pública y privada compatible con el cargo”, considerando las reiteradas denuncias de violencia de género presentadas en su contra, lo que llevó a su renuncia por parte del procurador García a las pocas semanas.
Dos años después, el sumario sigue abierto. Uriburu no ha regresado a los tribunales, pero continúa percibiendo una parte de su salario. Hasta hace unas semanas se ganaba la vida como chofer de aplicación. Ahora ya no.
