Hay una negociación en curso que hasta hace poco era impensada: emisarios del gobierno de Javier Milei y del kirchnerismo duro se sentaron a hablar sobre cómo completar las dos vacantes que tiene la Corte Suprema. La reunión fue entre Sebastián Amerio, actual secretario de Justicia de Milei, y Juan Martín Mena, ex número dos de la AFI durante el cristinismo y último viceministro de Justicia de Alberto Fernández. En la charla se discutió un posible acuerdo de intercambio: el Gobierno propondría a Mariano Llorens —presidente de la Cámara Federal de Comodoro Py— y el kirchnerismo pondría sobre la mesa a Anabel Fernández Sagasti, senadora de Mendoza y figura de confianza absoluta de Cristina Kirchner.
La Corte hoy sigue funcionando de manera reducida con solo tres miembros: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Las vacantes sin cubrir son las de Elena Highton y Juan Carlos Maqueda. Las negociaciones anteriores fracasaron: el intento de Milei por imponer a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla quedó sepultado cuando los pliegos naufragaron en el Senado. Esta vez, en vez de chocar con la realidad parlamentaria, decidieron intentar negociar.
Amerio no llegó solo a esa reunión. Representa a Santiago Caputo, el verdadero operador judicial del Presidente. Del otro lado, Mena representa al kirchnerismo institucional. La idea que se barajó es sencilla: un juez para cada espacio. El libertarismo se quedaría con Llorens, el cristinismo con Sagasti. También se deslizó que la negociación podría ampliarse a otro cargo clave: el de procurador general de la Nación (ver recuadro).
La posible llegada de Anabel Fernández Sagasti a la Corte tiene un valor simbólico alto para Cristina. Durante sus dos presidencias no logró nombrar a ningún juez en el tribunal. Sagasti es abogada, militante de La Cámpora, ex jefa del interbloque de Unión por la Patria y tiene una relación directa con CFK. Si su pliego avanza, sería la primera ministra de la Corte promovida por el cristinismo.
El elegido del Gobierno, Mariano Llorens, tiene trayectoria judicial y relación directa con Amerio. El problema es político: para que su pliego avance, necesita dos tercios del Senado. En la votación anterior, Lijo no logró reunir ni siquiera el mínimo. La diferencia esta vez es que Milei estaría dispuesto a negociar, en lugar de imponer.
Llorens sería una versión más digerible para el Senado que Lijo, cuyo desgaste era inocultable. Sin embargo, nadie garantiza que consiga los votos. De lograrlo, sería una rareza: un juez promovido por un Gobierno que no tiene estructura partidaria propia ni mayoría en ninguna de las dos cámaras.
Lo interesante es que en este esquema de doble entrada —juez libertario y jueza kirchnerista— se activa una tercera variable: los gobernadores. El Senado, a partir del 10 de diciembre, quedará dividio en tres tercios, por lo tanto, agrupar gobernadores será parte de la estrategia del Gobierno porque ellos también tienen la llave para que cualquier acuerdo llegue al recinto. En sus distritos esperan más de 200 pliegos judiciales trabados, muchos de ellos desde hace años. Si desde la Casa Rosada les prometen acelerar las designaciones de jueces federales, muchos podrían levantar la mano. La lógica es simple: no es lo mismo tener un juez de carrera elegido por un gobernador que un subrogante eterno.
Los cargos vacantes están distribuidos por todo el país. Según números del Consejo de la Magistratura, la Ciudad de Buenos Aires encabeza el ranking con 222 puestos sin cubrir. Le siguen la provincia de Buenos Aires con 27, Santa Fe con 22, Córdoba con 13, y más abajo aparecen provincias como Mendoza, Tucumán, Salta, Chaco, Entre Ríos, Neuquén y Río Negro con entre 6 y 4 vacantes.
Estos cargos definen desde causas de narcotráfico hasta elecciones locales. Para los gobernadores, no es un detalle menor.
El Consejo de la Magistratura, solo durante la gestión de Milei, envió más de 100 ternas al Ejecutivo para que el Presidente elija a los candidatos. Pero el trámite se frenó en la Casa Rosada. Milei podría usar esas designaciones como moneda de cambio para aceitar su relación con los gobernadores peronistas y algunos radicales. En paralelo, se vuelve a barajar la idea de una reforma judicial más amplia. Pero todo depende de lo que se logre en esta negociación inicial.
El otro cargo en danza es el del procurador general. La procuración está intervenida desde que renunció Alejandra Gils Carbó, en 2017. Desde entonces, Eduardo Casal ocupa el cargo de manera interina. El kirchnerismo quiso desplazarlo, pero no lo logró. Ahora el Gobierno desliza que podría negociar ese cargo como parte del paquete general.
Una procuración con alguien afín permitiría al Poder Ejecutivo alinear a los fiscales federales porque, de implementarse el sistema acusatorio en el fuero federal, la figura del procurador pasará a ser muchísimo más relevante. En paralelo a este tablero, Milei avanza con su agenda política. La Corte aparece como un obstáculo potencial para sus reformas. Por eso necesita al menos un voto que le sea funcional. Y Cristina, aunque sin poder institucional directo, no quiere resignarse a mirar desde afuera. Con Sagasti podría reinsertar a su espacio en un lugar de poder que hoy le es esquivo.
Queda por verse si esta negociación avanza o se pincha como tantas otras. Pero algo es seguro: si se cierra, será el acuerdo más insólito del último tiempo. Un pacto entre libertarios sin estructura y un kirchnerismo en retirada para definir el futuro de la Corte Suprema. Como casi todo en Argentina: imprevisible, inestable y profundamente político. l
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