Acorralado por el avance de las causas en su contra, el exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, solicitó declarar de manera espontánea ante el fiscal Álvaro Garganta, quien lo había imputado formalmente por un negociado millonario relacionado con las multas y la VTV, bajo su responsabilidad. Según fuentes judiciales consultadas por Infobae, la declaración indagatoria está programada para el próximo 28 de mayo.
D’Onofrio enfrenta imputaciones como partícipe necesario de delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito (por las multas), así como autor de la maniobra relacionada con la VTV. En total, hay 16 imputados, incluyendo funcionarios judiciales, estatales y empresarios del sector.
La causa se inició en octubre de 2023. A pesar del escándalo de corrupción, D’Onofrio resistió durante varios meses y presentó su renuncia el 30 de diciembre del año pasado.
Durante la investigación, el fiscal Garganta identificó al menos tres maniobras bien diferenciadas. El sistema de recaudación más significativo estuvo vinculado al sistema de multas. Un grupo de funcionarios bajo la dependencia de D’Onofrio “actuó en connivencia con terceros ajenos al organismo, quienes captaban como ‘gestores’ a deudores de infracciones de tránsito, ofreciéndoles reducciones del 50% del monto adeudado”.
Esta maniobra, que comenzó en enero de 2022, cuando D’Onofrio asumió el cargo, involucraba a varios jueces de faltas. Entre los imputados figura Mario Quattrocchi, titular del juzgado de faltas de La Plata. La Justicia constató que viajaba con frecuencia al exterior junto a la concejal de Pilar, Claudia Pombo, muy cercana a D’Onofrio. Posteriormente, se estableció que ambos estarían relacionados con dos emprendimientos gastronómicos en Málaga, España. Esta hipótesis fue confirmada recientemente mediante un informe reservado que llegó del exterior.
Otra maniobra está relacionada con las irregularidades en la adjudicación de las concesiones para la explotación del servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV). La resolución correspondiente indica que este negocio fue otorgado a siete empresas que, previamente, debían contratar con la firma “Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA”, en la que habría funcionarios del Ministerio de Transporte involucrados. Dicha empresa, encargada de asignar los turnos de la VTV, recibía una comisión del 8,5% (más IVA) de cada pago realizado.
El último hecho por el cual se imputó a D’Onofrio está vinculado a la contratación de la empresa CECAITRA, una asociación civil que agrupa a pequeñas y medianas empresas del sector y que cuenta con al menos 155 cámaras en La Matanza, Moreno, Tigre, Brandsen y Campana, entre otros municipios. Según el fiscal, “habría facturado de manera irregular y sin la correspondiente autorización legal el importe generado por las infracciones de tránsito”.
Ante el avance de la causa, los abogados de D’Onofrio solicitaron una declaración indagatoria espontánea, a la cual el fiscal accedió casi de inmediato. “Es una estrategia de la defensa; la declaración espontánea no acelera los plazos para resolver la situación procesal”, explicó una fuente con acceso al expediente.
Asimismo, D’Onofrio está siendo investigado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, por el delito de lavado de dinero. En este caso, el juez ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil de todos los imputados y realizó varios allanamientos.
