La ex diputada provincial por la Alianza, Mónica Torres, será juzgada en audiencia oral y pública a partir del 9 de marzo por el delito de Defraudación a la administración pública. Según la requisitoria de elevación a juicio, Torres está acusada de haber percibido en su beneficio los sueldos de dos empleadas contratadas de la Cámara baja. Estas personas no prestaron servicios y nunca cobraron el dinero. El caso fue denunciado en 2001, pero recién en 2003 se avanzó en la instrucción, debido a que Torres tenía fuero. La Sala II de la Cámara del Crimen, integrada por Raúl Herzovich, Jorge Barbagelata y un juez a designar, ya que Héctor Villarodona fue quien realizó la investigación en instrucción, serán los encargados de llevar adelante el debate. Se estima que el magistrado será de uno de los jueces correccionales, debido a que los camaristas de la Sala I de la Cámara del Crimen Hugo Perotti, Jorge Chémez y Ricardo González, también intervinieron en la causa.En la parte acusatoria estará la fiscal Cecilia Goyeneche y el abogado Jorge Sueldo, quien representa a las dos empleadas. Por su parte, la defensa de la acusada estará a cargo de Guillermo Mulet. Entre los testigos citados, está el actual fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, quien cuando se efectuó la denuncia en 2000 era diputado de la Alianza y presidente de ese cuerpo legislativo. El Código Penal prevé penas de hasta seis años de prisión para el delito de Defraudación a la administración pública, por el que ahora será juzgada Torres.La denuncia. Todo comenzó alrededor de 2001 cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) intimó a dos mujeres para que regularicen su situación ante el fisco, ya que registraban deudas como monotributista. Tal situación inició una investigación que estableció, según la denuncia, que las mujeres, que jamás se habían inscripto a la AFIP, emitían factura al Estado provincial por un monto estimativo de 1.400 pesos. Ambas mujeres figuraban como contratos de servicio. La ex Fiscalía de Investigaciones Administrativas (ex FIA) realizó la denuncia correspondiente ante el Juzgado de Instrucción de Héctor Villarodona. Recién en 2003 la investigación avanzó debido a que anteriormente Torres estaba protegida por los fueros. Entre la documental secuestrada están los recibos de sueldo que tienen la firma de las agentes. Durante la instrucción se detectó que las rúbricas eran apócrifas. Se pudo determinar que serían alrededor de 18 meses el período que habría cobrado la acusada. (Fuente: El Diario)
