El proyecto de creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), incluido en la ley de “Modernización Laboral”, implicaría un desfinanciamiento de USD 3.000 millones anuales al Sistema de Seguridad Social, calculó el diputado nacional y ex director de Aduanas, Guillermo Michel, quien advirtió que el mecanismo previsto para el nuevo fondo resta recursos por esa suma al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que administra la Anses.
Según el análisis de Michel, quien fue un funcionario clave del equipo económico de Sergio Massa, el FAL está destinado exclusivamente a “coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones y pagos de indemnizaciones”.
El artículo 58 de la norma establece su creación, mientras que el artículo 59 dispone que cada empleador deberá conformar una cuenta individual como “patrimonio separado de afectación específica”, administrada por una entidad habilitada por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Los recursos depositados en esas cuentas solo podrán utilizarse para el pago de indemnizaciones laborales.
El régimen será obligatorio para todos los empleadores del sector privado, con dos excepciones: el régimen de la construcción, que ya cuenta con un esquema propio, y el de empleados de casas particulares. El punto central del debate, de acuerdo con el informe, es el esquema de financiamiento y su impacto sobre los recursos previsionales.
El artículo 60 de la ley establece que el FAL se financiará mediante “una contribución mensual obligatoria del TRES POR CIENTO (3 %) de las remuneraciones” que se toman como base para el cálculo de las contribuciones patronales con destino al SIPA. Estas sumas deberán ser integradas mensualmente por los empleadores al momento de declarar y pagar los aportes y contribuciones patronales.
Sin embargo, el mismo proyecto contempla una reducción equivalente en las contribuciones patronales. El artículo 76 de la reforma señala que “los empleadores tendrán una reducción de TRES (3) puntos porcentuales en la contribución patronal con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)”. De este modo, el informe remarca que la creación del FAL no implica un aumento del costo laboral para los empleadores, pero sí una merma de recursos para el sistema previsional.
“Es decir que para financiar el FAL, se desfinancia el Sistema de la Seguridad Social”, sostiene el documento elaborado por Michel. La estimación presentada indica que este esquema representa una pérdida de recursos equivalente a 0,46 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI) para el Anses.
A ese impacto se suma, según el informe, el aporte indirecto que continúan realizando las provincias al sistema previsional nacional. Por la aplicación de asignaciones específicas destinadas al Sistema de Seguridad Social que afectan la coparticipación primaria, las provincias resignan recursos equivalentes a 1,45 puntos porcentuales del PBI. En conjunto, el esquema de financiamiento del FAL se inserta en un contexto de presión adicional sobre las cuentas del sistema previsional.
El análisis también detalla cómo se distribuyen actualmente las contribuciones patronales. Las alícuotas vigentes sobre la nómina salarial con destino a los subsistemas de la seguridad social son del 20,40% para los empleadores del sector privado encuadrados en servicios o comercio que superan los límites de facturación para ser considerados MiPyME. En el caso de los restantes empleadores privados que cuentan con certificado MiPyME, la alícuota es del 18%. Esta última tasa también se aplica a determinadas entidades del sector público que venden bienes o prestan servicios a terceros a título oneroso.
Para evaluar el impacto del FAL, el informe pone el foco en la estructura del empleo registrado en el sector privado. Con datos del Boletín de la Seguridad Social a agosto de 2025, se indica que en la Argentina existen 522.716 empleadores con uno o más trabajadores registrados. La mayor parte de ellos se concentra en el segmento de menor tamaño: 437.587 empleadores, equivalentes al 84% del total, tienen hasta 10 empleados.
Ese grupo de pequeñas empresas emplea a 1.197.094 trabajadores, lo que representa el 18% del total de asalariados registrados del sector privado. En el extremo opuesto, hay 9.516 empleadores con más de 100 empleados, que representan apenas el 1,82% del total, pero concentran el 50% del empleo registrado, con 3.290.182 trabajadores.
El informe subraya que los mayores beneficios del régimen FAL se concentran precisamente en ese segmento de grandes empleadores. Según el cálculo presentado, esos 9.516 empleadores concentran el 63% de la masa salarial total y son los que más aprovechan la reducción de tres puntos porcentuales en las contribuciones patronales para financiar sus futuras indemnizaciones.
El nivel salarial es otro de los factores relevantes en el análisis. De acuerdo con los datos oficiales citados, el sueldo promedio mensual de los trabajadores en empresas de hasta 10 empleados es de $1 millón. En cambio, en las empresas con 100 o más empleados, el salario promedio mensual asciende a $2,2 millones.
La diferencia se amplía en los tramos de mayor tamaño. En empresas con más de 1.500 y hasta 2.500 empleados, el sueldo promedio mensual es de $2,4 millones. En aquellas que tienen entre 2.500 y 5.000 empleados, el promedio sube a $2,5 millones, mientras que en las firmas con más de 5.000 empleados alcanza los $3,3 millones mensuales.
El informe también analiza los salarios según la actividad económica. El sueldo promedio mensual general de los empleados registrados del sector privado, a agosto de 2025, es de $1.767.681. En los sectores productores de bienes, el promedio es de $1.994.497, mientras que en los servicios se ubica en $1.656.666.
Las diferencias internas son significativas. Dentro de los sectores productores de bienes, el salario promedio mensual es de $1.031.652 en el agro y de $5.722.678 en petróleo, gas y minería. En los servicios, el sueldo promedio mensual es de $991.000 en gastronomía y de $4,5 millones en el sector financiero. El salario promedio más bajo se registra en la enseñanza, con $894.171 mensuales.
A partir de estos datos, el informe concluye que el diseño del FAL genera una transferencia de recursos desde el Sistema de Seguridad Social hacia un fondo destinado a cubrir indemnizaciones futuras, con un impacto fiscal relevante y una distribución de beneficios concentrada en los empleadores de mayor tamaño. Además, señala que el presupuesto 2026 no contempla ninguna previsión específica para compensar el desfinanciamiento del Anses derivado de la implementación de este régimen.
