A menos de dos años de una ostentosa reapertura, el Frigorífico Mariano Acosta se transformó en el epicentro de una presunta red de complicidades que perjudicó a una docena de productores y consignatarios de hacienda de Córdoba y Santa Fe. La planta, que funciona bajo la Cooperativa de Trabajo “Familias Argentinas”, dejó de pagar a sus proveedores y acumula una deuda colosal de $3.999.896.660,97, derivada de 358 cheques rechazados por falta de fondos, según consta en el BCRA. El frigorífico fue inaugurado el 2 de mayo de 2024 por el gobernador Axel Kicillof y el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez (PJ-UP). Sin embargo, poco después los consignatarios empezaron a recibir cheques rebotados, según declararon a este medio. Desde el gobierno bonaerense aclararon que, si bien el gobernador participó de la inauguración, no existen vínculos comerciales.
Un actor central en este episodio es José Alejandro Benseny, contador que actuaba como comprador de hacienda y firmante de los valores. Benseny no solo estampó su firma en los numerosos cheques de la cooperativa, sino que además registra una situación irregular con dos cheques rechazados a título personal en septiembre y octubre por más de $5 millones. “Nuestra Cooperativa ha sido víctima de una maniobra de Carlos Mario Laborde, quien utilizando su firma Carfric SRL en convivencia con las autoridades anteriores de nuestra Cooperativa, han hecho uso de la solvencia crediticia de la que gozamos desde nuestra fundación”, se defendió la Cooperativa en un comunicado tras una nota del sitio Bichos de Campo.
José Alejandro Benseny, el segundo de izquierda a derecha, durante la foto con el gobernador Kicillof. Municipalidad de Merlo
Al consultarse la situación societaria de la cooperativa en distintos registros, la actividad principal declarada ante ARCA no es la faena de animales, sino la “Enseñanza para adultos, excepto discapacitados”, mientras que la intermediación de carne figura como actividad secundaria. La cooperativa se constituyó en enero de 2023 y estableció su domicilio fiscal en un departamento de la calle Montevideo, en CABA.
Según fuentes oficiales consultadas por LA NACION, el frigorífico figuraba en el sistema de scoring de control como una planta de “alto riesgo”. La Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (DNCCA) le había exigido la habilitación correspondiente debido a aparentes problemas de informalidad, sanitarios, impositivos y comerciales que suelen generarse en plantas municipales y cooperativas que en ocasiones obtienen habilitaciones precarias a través de la provincia —en este caso, Buenos Aires— sin someterse a los controles más estrictos del Senasa.
El caso también puso en foco a otros actores vinculados al negocio de la carne en el entorno de los involucrados, como Carfric SRL, con domicilio en Rojas y apenas tres empleados declarados, y Hetcar SA, dedicada a la intermediación de carne. “Se han llevado a cabo diversas auditorías con las cuales se pudo constatar que la Cooperativa ha recibido en el período anterior de Carfric SRL facturas por la suma de $5.838.135.904,46, pero se han librado cheques electrónicos a favor de Carfric SRL por la suma de $ 6.188.912.705,71 en el mismo período. Por tal circunstancia se ha resuelto disolver el vínculo comercial el 22/09/2025″, declaró la Cooperativa.
Benseny presentó una denuncia en la Estación de Policía Comunal de San Pedro donde expuso una presunta trama de extorsión ligada a una millonaria disputa comercial. Según el testimonio judicial al que tuvo acceso LA NACION, el conflicto se habría originado por una supuesta deuda de $4.160.829.618,56 que la firma Carfric SRL, encabezada por Carlos Mario Laborde, reclamaba a la Cooperativa de Trabajo Familias Argentinas Limitada. En la Cooperativa aseguraron que “no debe suma alguna y que lo va a demostrar en la Justicia”.
En el frigorífico se imparten clases de desposte
Benseny, contador de la cooperativa desde hace tres años, afirma haber sido blanco de hostigamiento por parte de sujetos que actúan por “cuenta y orden” de Laborde para exigirle el pago personal de una deuda que, según sostiene, corresponde exclusivamente a la persona jurídica de la cooperativa. Carfric SRL registra 510 cheques rechazados hasta la fecha por $5.756.137.009,69 y una deuda en entidades bancarias de más de $9.407.915.000. Esa suma eleva su pasivo a más de 14.000 millones.
La denuncia detalla episodios intimidatorios que comenzaron el 2 de diciembre de 2025, cuando tres hombres —entre ellos uno apodado “El Pelado”— se presentaron en el domicilio particular del contador. Las amenazas continuaron por WhatsApp y en audios en los que los presuntos cobradores decían “ser la Justicia” y manifestaban tener en su poder copias de cheques rechazados, advirtiéndole al profesional que “le convendría pagar por el bien de su familia”.
Benseny señaló que, pese a existir vías legales abiertas mediante cartas documento, los sospechosos prefirieron el acoso presencial y digital, llegando a utilizar vehículos de alta gama como una camioneta BMW X3 para las visitas intimidatorias, incluso el pasado 24 de diciembre. El contador negó categóricamente la existencia de “empresas fantasmas” y aseguró que la operatoria con Carfric SRL siempre se concretó mediante cheques electrónicos de la cooperativa. Por ahora, la Justicia intenta determinar la responsabilidad de Laborde, al que acusan de actuar como una “empresa de cobranzas”.
Carlos Mario Laborde fue apuntado por la Cooperativa de Trabajadores Familias Argentinas. Instagram
Mientras tanto, la Cooperativa de Trabajo Familias Argentinas sigue faenando 200 animales por día. Detrás de esa rutina, fuentes del sector describen un entramado complejo que combina el uso de matrículas de terceros y la compra de hacienda sin pago.
Según reconstruyó LA NACION a partir de testimonios coincidentes, la planta continuó operando aun después de incumplir sus compromisos comerciales. “Es a la vieja andanza: agarran el matadero con los papeles y ponen otra matrícula”, relataron fuentes conocedoras del negocio. El establecimiento pertenecía originalmente a Ángel Vitale, quien lo habría alquilado, y actualmente la matrícula que figura operando corresponde a Hetcar SA.
En la práctica, la cooperativa ofrecía a los matarifes un esquema atractivo: prestaba la matrícula para faenar y, dentro del mismo circuito, les entregaba la carne ya faenada sin cobrar el costo de la faena.
Tras esa operatoria aparece el nombre de Laborde, productor ganadero y presidente de la Asociación de Criadores de Hampshire Down. Según fuentes consultadas, al principio Laborde compraba hacienda para un frigorífico de Salto y luego empezó a operar con su propia sociedad, Carfric SRL, con la que faenaba en Junín. Más tarde esa operatoria se trasladó al frigorífico de Familias Argentinas.
Las primeras señales de alarma surgieron hace unos cuatro meses. “Empezó a descontar cheques en mutuales, donde la tasa es el doble de la bancaria, y cuando se detectó que las guías iban de Río Cuarto hacia Merlo fue el principio de una presunta estafa”, relataron fuentes del sector. Según explicaron, Laborde pagaba la hacienda a un precio superior al del mercado, lo que lo convirtió rápidamente en un comprador requerido en el interior del país.
“Todos los ferieros lo esperaban para venderle y los liquidó a todos, no se salvó nadie”, graficaron. La clave del esquema estaba en los plazos: mientras en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas el pago se realiza a 7 o 14 días, en el interior Laborde ofrecía plazos de 30 o 35 días.
Según las mismas fuentes, la cooperativa no compraba hacienda. “El que compraba las vacas era Carfric y la faenaba en la cooperativa a nombre de Carfric”, explicaron. La magnitud del quebranto es contundente: de un total de 466 cheques emitidos, sólo ocho —apenas el 2%— fueron efectivamente pagados. El resto fue rechazado por falta de fondos por un monto superior a $5378 millones, según los registros a los que accedió este medio.
Ariel Díaz, socio de la cooperativa; Gustavo Menéndez, intendente; Germán Berardi, gerente del frigorífico; José Alejandro Benseny, contador; Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario. Municipalidad de Merlo
Entre los damnificados figuran reconocidos consignatarios y firmas ganaderas del interior que pidieron reserva de identidad. Uno de los casos mencionados es el de una importante consignataria del departamento de San Justo, Córdoba. “El día que le llegaron los cheques rechazados, antes había cargado dos jaulas de hacienda, las sacó como invernada, no como faena y las llevó a su campo en Rojas”, contó una fuente cercana. La deuda con ese grupo superaría los $300 millones, aunque el acuerdo alcanzado habría sido por apenas $30 millones.
Otro perjudicado es Gustavo Longo, de Consignataria Serrano SA, quien habría relatado a su entorno que, de una deuda de $360 millones, sólo recibió diez cheques de $1,2 millones cada uno, a cobrar mes a mes, pese a una relación de confianza de 35 años. También figuran como damnificados el Frigorífico de Junín del Grupo Caggiano, con cerca de $2000 millones, Tradición Ganadera (Santa Fe), Servato, Ferialvarez (otro de los mayores perjudicados), Travaglia y Cía., Bressan y Cía. y Talano Hnos, entre otros. “El único que se salvó de la zona fue un feriero de Río Cuarto que preguntó cómo venía la mano y le aconsejaron que no le venda”, aseguraron.
Una fuente puso el acento en el origen de las operaciones: “Todas las compras que después no fueron pagadas se hicieron en Córdoba y Santa Fe. No hubo ninguna en la provincia de Buenos Aires ni en el Mercado de Cañuelas, que está a 40 kilómetros del frigorífico”.
En diálogo con LA NACION, Laborde no negó la situación, pero afirmó que fue la cooperativa, representada por Benseny, la que dejó de pagarle la carne y que por ello la empresa no pudo afrontar sus compromisos: “Tengo todos los remitos, todas las facturas, tengo todo. Me venían pagando todo perfecto”.
Tras hacerse pública la falta de pagos, Laborde envió un extenso audio a un chat de socios de la Asociación de Hampshire Down [raza de ganado ovino], donde expuso su versión de los hechos. “El problema que tuvo mi empresa, no yo personalmente, sino mi empresa, fue que se cayó un cliente grande que hizo una estafa y me enganchó en una suma muy importante, de unos $4160 millones”, reconoció. Sin embargo, desde la cooperativa negaron esas afirmaciones.
En ese mensaje, Laborde aseguró haberse sentado “personalmente con todos los acreedores” y dijo haber ofrecido garantías para cumplir con los pagos. “He dado la cara y he dado una solución”, afirmó, y agregó que su renuncia a la entidad estaba “firmada en blanco”, aunque no había sido aceptada. Hace un tiempo pidió licencia.
Cuando empezaron a rebotar los cheques, Laborde habría visitado a sus acreedores prometiendo soluciones. No obstante, el 19 de diciembre pasado el Juzgado Civil y Comercial N°1 del Departamento Judicial de Junín declaró el concurso preventivo de Carfric SRL.
