Estados Unidos ha endurecido su postura ante las detenciones consideradas “injustas” de ciudadanos estadounidenses en el extranjero tras la firma de una orden ejecutiva por parte del presidente Donald Trump, que permite imponer sanciones a los países responsables de estas prácticas.
La norma, aprobada el viernes, faculta al gobierno estadounidense a designar ciertos Estados como “patrocinadores de una detención injusta”, generando así una lista similar a la existente para quienes financian el terrorismo. De acuerdo con la Casa Blanca, esta medida refleja el compromiso de la administración de emplear todas las herramientas disponibles contra lo que se define como “táctica coercitiva utilizada por adversarios extranjeros”.
“Ningún estadounidense debe temer ser utilizado como un peón político por estados delincuentes”, señala la declaración oficial. La Casa Blanca añadió: “Estados Unidos debe redoblar los esfuerzos para proteger a los ciudadanos estadounidenses de la detención injusta en el extranjero. Todo aquel que utilice a un estadounidense como ‘moneda de cambio’ enfrentará las consecuencias. Esta administración prioriza no solo a Estados Unidos, sino también a sus ciudadanos”.
El secretario de Estado será el encargado de determinar qué países incurren en estas prácticas o mantienen detenidos ilícitamente a ciudadanos estadounidenses, siguiendo los criterios de la Ley Levinson para calificar un arresto como “injusto”.
La inclusión en la lista puede acarrear sanciones variadas, que van desde la imposición de aranceles, restricciones de entrada para ciudadanos de esos países a Estados Unidos, hasta la suspensión de ayuda económica y limitaciones a las exportaciones.
El documento subraya que “las detenciones injustas son una afrenta al estado de derecho y buscan socavar nuestro liderazgo en el escenario mundial. Estados Unidos no tolerará estos ataques a nuestra soberanía ni a los ciudadanos estadounidenses”.
Desde la Casa Blanca informaron que, desde el inicio de la segunda legislatura de Trump, 72 estadounidenses detenidos en el extranjero han regresado al país. En el comunicado también se incluyó una crítica al ex presidente Joe Biden, señalando que, según las cifras de la administración Trump, durante su mandato 24 ciudadanos estadounidenses fueron capturados más que liberados.
De manera paralela, Trump firmó otra orden ejecutiva que cambia el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra, una denominación utilizada por última vez en la década de 1940. La Casa Blanca indicó que, inicialmente, el nombre se empleará como “título secundario” mientras se tramita ante el Congreso la oficialización del cambio de manera permanente.
El documento especifica que el actual secretario de Defensa, Pete Hegseth, asumirá inmediatamente el título de secretario de Guerra. Además, la orden instruye a Hegseth a presentar propuestas legislativas y ejecutivas para consolidar la modificación de forma definitiva.
Hasta el momento, la Casa Blanca no ha publicado un cálculo oficial sobre los costos de este ajuste, aunque medios estadounidenses estiman que el cambio podría implicar alrededor de USD $1.000 millones, considerando logotipos, uniformes, papelería y sistemas digitales de cientos de organismos y dependencias asociados a la estructura militar federal.
La medida busca, según la administración, “proyectar fuerza y determinación”, combinando un mensaje simbólico con la aplicación de sanciones para proteger a los ciudadanos estadounidenses frente a detenciones arbitrarias en el exterior.
(Con información de Europa Press)
