Los jóvenes de la regional Paraná de la agrupación Hijos, junto a integrantes de la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos Entrerrianos y en Entre Ríos (Afader) y otras organizaciones, encabezaron una movilización que partió de la Plaza 1º de Mayo y finalizó en el frente de la casa de Alzugaray, en Andrés Pazos 270, frente a la sede central del Iosper.
Bajo la consigna Si no hay justicia, hay escrache popular, los manifestantes quemaron un muñeco haciendo la venia policial en la vereda de la vivienda de dos plantas. Los muros blancos quedaron impregnados con pintura, yemas de huevos y leyendas como “asesino” y “genocida”. Al finalizar el acto, colgaron en el frente las fotos de los desaparecidos entrerrianos por el accionar del terrorismo de Estado de la década del 70, encabezadas por el rostro de Pichón Sánchez.
“Que Alzugaray y todos los genocidas vayan presos a cárceles comunes y con condenas efectivas, al igual que sus cómplices”, clamaron desde los altavoces.
En el documento que se leyó frente a la casa, y con la idea de que los vecinos conocieran quién es el anciano que habita en la casa, los organismos afirmaron: “Llegamos a la guarida de Carlos Alzugaray, represor que integró a partir de 1974 el grupo de tareas de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos que en la madrugada del 20 de marzo de 1975 secuestró de calle Corrientes y Uruguay (a dos cuadras y media del escenario del escrache) a Héctor Ramón Pichón Sánchez, dirigente barrial de La Pasarela y militante de la Juventud Peronista”.
Sánchez fue salvajemente torturado y asesinado, y su cuerpo apareció tres días después flotando en el río Paraná, cerca de Diamante. Así se convirtió en el primer militante popular asesinado por el terrorismo de Estado en la provincia. Por este asesinato “se abrió una causa judicial en el juzgado de Diamante, que quedó parada luego del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Alzugaray hoy no se encuentra imputado en ninguna causa judicial”, informaron en el documento.
Además, hicieron saber que el escrachado integraba la “patota de Investigaciones”, que actuaba bajo el amparo del subjefe de Policía Álvaro Roldán y, coordinadamente con el grupo parapolicial Comando Paraná, participó de numerosos operativos como la represión de una toma de la Facultad de Ciencias de la Educación, secuestros, torturas y allanamientos ilegales. “Se destacaba por su arrogancia y prepotencia, características que mantiene hasta hoy”, denunciaron.
Los reclamos no terminaron allí; también aseguraron que el aparato represivo instaurado por la dictadura “sigue intacto”, porque la Policía que secuestró y asesinó a Pichón Sánchez “es la misma que secuestró a Héctor Gómez y Martín Basualdo, repitiendo los mismos métodos”. Exigieron el desmantelamiento del aparato represivo.
Por último, el documento afirmó que los organismos llegaron hasta el domicilio de Alzugaray para “hacerle saber a la sociedad que el tiempo no ha podido borrar las manchas de sangre que tiñen sus manos”. Y anunciaron: “Estaremos en la casa de cada uno de los genocidas y sus cómplices para lograr que sean reconocidos y señalados por sus vecinos, para que Paraná sea su cárcel y no su refugio”.
Cuando el acto finalizaba, Eva, una de las hermanas de Sánchez, tomó el altavoz para contar que ayer, antes de la movilización, recibió en su casa un llamado telefónico en el que “los vecinos de Paraná nos dijeron otro domicilio que tiene este genocida”. Y la mujer prometió: “Ahí vamos a ir, aunque esté con la amante, porque es con la amante con quien vive ahí. ¡Por Pichón, acá vinimos Alzugaray! ¡Por Pichón, por los compañeros que vos metiste presos y por los que hiciste desaparecer, hoy te vinimos a buscar y a la cárcel vas a ir a parar!”. (Uno)
