La derrota electoral de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires no ha logrado desviar la atención del escándalo más grave que sacude la gestión libertaria: las presuntas maniobras fraudulentas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En las últimas horas, este caso sumó un capítulo insólito en Misiones, donde una auditora oficial fue demorada por la policía tras agredir a periodistas que registraban la falsificación de firmas médicas durante operativos de revisión de pensiones.
La funcionaria fue identificada como Laura Alicia Báez, quien fue captada en video agrediendo a un equipo periodístico de Crónica TV en la localidad de 25 de Mayo. Según la denuncia policial, no solo rompió equipos de transmisión, sino que también mantuvo incidentes con autoridades locales. Su vehículo, un Chevrolet Prisma gris en el que viajaba junto a otros cuatro empleados de la Agencia, fue interceptado en Campo Grande y trasladado a la comisaría. La causa está bajo la jurisdicción del Juzgado de Instrucción 1 de Oberá.
La firma falsificada de un médico de Pergamino
La gravedad del episodio se incrementó al comprobarse que las constancias entregadas a los beneficiarios contenían la firma y sello falsificados de Leandro Peñaloza, un cardiólogo de Pergamino que nunca trabajó para la Agencia. “Alguien ha estado usando un sello profesional a mi nombre que es evidentemente falso: la tipografía y la firma no coinciden”, denunció el médico en diálogo con la prensa.
El profesional aseguró que nunca había presenciado una maniobra semejante en más de cinco décadas de carrera y confirmó que ya ha iniciado acciones judiciales por usurpación de identidad. Este hallazgo expuso un mecanismo irregular que, según las propias autoridades provinciales, afectó a al menos un centenar de casos en Misiones.
Un proceso lleno de irregularidades
La ANDIS había sido intervenida tras el escándalo de los audios que comprometieron a su extitular Diego Spagnuolo en presuntas coimas. Sin embargo, el desembarco de Alejandro Vilches no ha puesto fin a los procesos de auditoría, que han continuado con la misma lógica de ajuste sobre las pensiones por invalidez laboral.
El gobernador misionero Hugo Passalacqua presentó un amparo federal para frenar los operativos y exigir la restitución de las pensiones suspendidas. “Es algo impiadoso y espantoso. Tuvimos que ir a la Justicia para que esta gente rinda cuentas”, afirmó.
La presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, advirtió que los procedimientos carecen de transparencia: “No se puede garantizar imparcialidad si no hay médicos en el proceso”.
La oposición exige explicaciones
La oposición nacional ha puesto el foco en la administración de Milei. Legisladores de Unión por la Patria han denunciado que el oficialismo continúa descargando el ajuste sobre los sectores más vulnerables, mientras evita ofrecer explicaciones sobre la corrupción interna de la ANDIS.
Por su parte, organizaciones civiles como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) han presentado denuncias judiciales contra el Estado por omitir información acerca de las auditorías, un reclamo que aún no ha obtenido respuesta.
DCQ
