El hallazgo de la semana pasada en el parque costero de la zona norte de Paraná puso al descubierto la vulnerabilidad de todas las costas entrerrianas frente a las operaciones del narcotráfico, ya sea de alcance regional o trasnacional cuando se vincula con bandas locales.
Además, en los departamentos La Paz, Diamante y Victoria se registraron episodios que confirman que el río Paraná es, hoy por hoy, la principal vía de aprovisionamiento de drogas: tanto para bandas que actúan dentro de la provincia como para organizaciones de provincias limítrofes, y también para grupos que buscan llegar a los puertos de Rosario para ocultar cargas con destino a Europa o África.
Como ocurre en la mayoría de los casos, los cargamentos de cocaína y marihuana se originan en Paraguay, por lo que el río Paraná se transforma en un problema recurrente para quienes investigan o intentan desarticular envíos de droga en barcazas.
Hace unas semanas, el Ministerio de Seguridad de la Nación presentó lo que denomina el Plan Paraná, con el objetivo de mejorar el control integral de la Hidrovía Paraná–Paraguay, “a fin de prevenir, detectar y desarticular actividades ilícitas de contrabando, narcotráfico, trata de personas y lavado de activos, reforzando la seguridad interior y la cooperación interagencial”.
Actuarán tanto fuerzas federales —Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria— como organismos nacionales: Dirección Nacional de Migraciones, Dirección General de Aduanas y ARCA, además de la Justicia Federal y la ordinaria de cada provincia.
Para esa tarea se conformaron “polígonos” que subdividen los 3.400 kilómetros de extensión de los ríos Paraguay y Paraná. Entre Ríos comprende cuatro de esos seis polígonos:
El tercero, que va desde Bella Vista (provincia de Corrientes) hasta La Paz; el cuarto, desde La Paz hasta Paraná; el quinto, desde esta capital provincial hasta San Nicolás (provincia de Buenos Aires); y el sexto, desde San Nicolás hasta la zona de Ibicuy por el Paraná Guazú.
Queda por ver cuál será el éxito del programa en el corto, mediano y largo plazo, cuando las organizaciones delictivas —grandes, medianas y pequeñas— siempre encuentran maneras de trasladar sus mercaderías de un punto a otro, y en cada localidad y en cada barrio parece que la droga nunca falta.
Se trata de una apuesta por la vía de la fuerza y de la investigación criminal, con inversiones importantes. Cabe señalar que, mientras tanto, la Sedronar y los organismos de salud encargados de prevenir o tratar las adicciones siguen siendo desfinanciados. Es otro frente de esta batalla que hace mucho tiempo se viene perdiendo.
Para conocer en detalle de qué se trata este plan y qué implicará su despliegue operativo en Entre Ríos, Cuestión de Fondo dialogó con el Secretario de Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado del Ministerio de Seguridad de la Nación, Martín Verrier, quien definió: “El plan Paraná es un plan diseñado y dispuesto tanto por la anterior ministra y hoy senadora Patricia Bullrich, como actualmente por la que entonces era la secretaria de seguridad, la doctora Alejandra Monteoliva, hoy nuestra ministra. El objetivo es reforzar la frontera noreste de nuestro país en un punto muy vulnerable que es justamente la Hidrovía y los límites que tenemos con los países vecinos del noreste, especialmente Paraguay y Brasil”.
—¿Qué se va a poder observar en Entre Ríos, teniendo en cuenta que últimamente, en los últimos años, las sedes de prefectura han tenido poco personal, que se traduce en la carencia de control?
—El plan se lanzó en octubre, teniendo como punto de inicio Isla Cerrito, en Chaco. Nosotros abordamos todo lo relativo al control al que apunta el plan de forma sistémica: no lo subdividimos por provincia, sino que la implementación de recursos y estrategias ataca la explotación que hace el crimen organizado de la hidrovía y de los lugares conexos como un sistema. Ese es el enfoque que aplicamos en el refuerzo dispuesto con el Plan Paraná.
Se incorporan cinco embarcaciones de Prefectura que antes no estaban, incluido el refuerzo con unidades SALDAC, además del despliegue de nuevas brigadas investigativas orientadas a desarticular algunas de las bandas que operan en los márgenes del río Paraná. Algunas están vinculadas al narcotráfico local, pero otras buscan utilizar los puertos argentinos para el envío de cocaína a Europa. Esto nos preocupa mucho porque históricamente nuestro punto más vulnerable fue la frontera noroeste con Bolivia.
Sin embargo, desde hace seis o siete años han crecido fuertemente las rutas que parten desde Paraguay, incluso para la cocaína, pese a que Paraguay no produce cocaína. Esto se relaciona con la expansión y el accionar de los cárteles brasileños. También explica por qué de vez en cuando se registran aeronaves que transportan cocaína, algunas de las cuales aterrizaron o se estrellaron en Entre Ríos; forma parte de esa metodología. El Plan Paraná busca también enfrentar a esas organizaciones.
—¿Qué relación encuentran en las investigaciones entre estas grandes organizaciones, paraguayas y brasileñas, que utilizan la hidrovía y los grupos locales?
—Por lo general se trata de dos mundos que operan en distintos niveles, aunque existen actores que hacen de nexo. Por ejemplo, Julio Rodríguez Granthon, quien estaba al frente de los envíos aéreos de “Los Monos” en Rosario, también abastecía a organizaciones internacionales. Me gustaría aclarar algo porque se habla mucho de la Hidrovía: nuestro trabajo es principalmente preventivo. Cuando analizamos el listado de puertos de salida de cocaína hacia Europa, los puertos argentinos no figuran ni siquiera entre los primeros 20 hoy en día. Esa situación difiere de la de Asunción o incluso de Montevideo. Nuestro objetivo es evitar que mañana se exploten los puertos argentinos como se hace en otros lugares. Sí existen antecedentes de utilización de puertos argentinos para este fin. En esos casos de tráfico internacional es donde las bandas locales o clanes familiares entran en contacto con organizaciones transnacionales.
—Tanto en la costa del Paraná como en la costa del Uruguay, se han detectado narcos locales y extranjeros que compran tierras con amplias costas ¿Cómo cree que se debe controlar ese aspecto que cruza las operaciones del transporte de la droga con el lavado de dinero y las inversiones inmobiliarias?
—Para cada investigación de narcotráfico impulsamos simultáneamente una investigación por lavado. Hay que ser sinceros: la pesquisa por lavado suele ser más lenta que la que apunta al narcotráfico y al contrabando de sustancias, porque es un delito más sofisticado que exige análisis de documentación, trazabilidad de cuentas y, en ocasiones, el estudio de movimientos con criptomonedas. Aun así, es fundamental, porque es el verdadero misil que podemos colocar bajo la línea de flotación del crimen organizado: sin el dinero, esas estructuras se debilitan.
El uso de tierras con ese propósito es muy habitual. Recordemos el caso de Fín Castedo en Salta, que compró campos linderos a Bolivia para facilitar esas actividades. Hemos reforzado la Ley de Seguridad de Fronteras, que establece una franja en las fronteras argentinas donde la compra y venta de propiedades está sujeta a controles y regulaciones estatales: no cualquiera puede adquirirlas ni disponer libremente de ellas, deben destinarse a fines específicos y ser adquiridas por nacionales argentinos. Además, trabajamos intensamente en Entre Ríos durante este año hasta octubre: incrementamos un 80% los procedimientos; la cantidad de detenidos subió 37%; y en cocaína aumentamos significativamente, más del 3.000% en conjunto con la provincia, que viene realizando un muy buen trabajo bajo la conducción del ministro de Justicia y Seguridad Néstor Roncaglia, muchas veces de forma complementaria con nosotros en grandes casos de narcotráfico transnacional.
—¿Qué rol va a tener la provincia, a través de la Policía de Entre Ríos, en el plan Paraná?
—Tenemos dos ejes de trabajo conjunto con la provincia. En lo operativo, existe una coordinación por la cual, cuando nosotros perseguimos a una organización específica, la provincia se encarga de las investigaciones conexas que atañen al menudeo derivado de esa causa principal. Además, hay un marco de colaboración para investigaciones conjuntas y esquemas de capacitación e intercambio de información policial, especialmente sobre narcotráfico y crimen organizado. El año pasado realizamos en Paraná una jornada destacada sobre precursores químicos, drogas sintéticas y narcotráfico, que fue muy exitosa y forma parte del programa del Gobierno Nacional para apoyar a las provincias y mejorar capacidades en conjunto.
—Por último ¿cómo están controlando la infiltración de parte del narcotráfico en las diferentes fuerzas de seguridad?
—Uno de los efectos más graves del crimen organizado es la corrupción. Sin corrupción, gran parte del accionar delictivo que padecemos no sería posible. El Ministerio de Seguridad implementa mecanismos para reducir esa posibilidad: desde análisis patrimoniales del personal hasta líneas seguras de denuncia, que permiten a el personal subalterno o a colegas reportar situaciones sin correr riesgos administrativos ni legales por denunciar. En este caso particular no puedo hacer menciones concretas porque se trata de una investigación en curso, pero es un tema en el que el Ministerio trabaja activamente.
