El episodio fue confirmado a través de un comunicado oficial. “Este tipo de prácticas constituyen un delito grave, atentan contra la institucionalidad, la privacidad, la seguridad y el normal funcionamiento de las autoridades democráticamente electas”, indicaron en el escrito.
Por su parte, la administración provincial presentó una denuncia penal y ordenó el inicio de una investigación administrativa interna.
“Hace más de un año que la provincia decidió cambiar de rumbo: terminar con las mafias, con los sótanos del poder y con los mecanismos ilegales que operaban en las sombras. No vamos a mirar para otro lado. No vamos a encubrir. No vamos a relativizar”, expresaron en el comunicado.
Mientras que subrayaron que la investigación estará abocada a establecer la identidad de los responsables, el tiempo que estuvieron instalados los aparatos en las oficinas y qué se hizo con la información obtenida.
En su cuenta personal de X, el gobernador Frigerio ratificó la denuncia. “En Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras del pasado. La transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian”, escribió. Y concluyó: “No nos van a frenar en los cambios y transformaciones que iniciamos en diciembre de 2023″.
Poco después, el PRO repudió el hecho a través de una publicación en su cuenta oficial de X y se solidarizaron con el gobernador.
“Estos hechos son gravísimos y nos remiten a las peores prácticas del pasado. Nuestro total respaldo a Rogelio Frigerio por denunciar el espionaje ilegal y avanzar con las investigaciones. En democracia no hay lugar para operaciones, aprietes ni estructuras clandestinas. Que la Justicia investigue y sancione a los responsables”, expresaron.
