Decenas de productores de Entre Ríos se reunieron ayer en un campo deGualeguaychú para expresar su malestar contra las restricciones a la aplicación deagroquímicos en la provincia.Hace diez días, la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia confirmó un fallo queprohíbe las pulverizaciones terrestres y aéreas cercanas a escuelas rurales en un radio de1000 y 3000 metros, respectivamente. La prohibición surgió tras un amparo presentadopor el Foro Ecologista de Paraná y una asociación de docentes.Para los productores, esa medida dejará sin producir unas 300.000 hectáreas, lo queequivale a toda la superficie de trigo que se hace en la provincia. Otras estimacionessostienen que esa cifra podría estirarse hasta 350.000 hectáreas. Solo en eldepartamento Gualeguaychú quedarían afectadas unas 260.000 hectáreas.En este contexto, convocada por la Mesa de Enlace de Gualeguaychú, y con apoyo de laMesa de Enlace provincial, ayer se reunieron en un campo de esa ciudad afectado porlas restriciones decenas de productores.
Elaboraron un documento para entregar algobernador Gustavo Bordet, de quien piden su intervención, y anunciaron unamovilización a Paraná si no hay respuestas.”El malestar de los productores es muy fuerte y si no hay decisiones claras por parte delgobierno se tomarán otras medidas de acción. Por lo pronto, si para el miércoles no hayuna respuesta, se decidió realizar una movilización a Paraná”, dijeron los dirigentes.”Sin duda, muchos de los que estamos afectados por el fallo de la Justicia, tendremosgraves problemas para poder sostener nuestras familias, nuestras estructurasproductivas, desmoronándose así una pirámide de efectos positivos que conlleva estaactividad. Y en lo inmediato, a lo largo y ancho de la provincia nos encontramos conmiles de productores que ya han sembrado y perderán sus cosechas por no poderrealizar aplicaciones, arrendatarios con contratos en marcha, otros que no podrán hacerfrente a los créditos solicitados porque les han prohibido producir de la noche a lamañana, entre otras realidades”, expresó el campo de Entre Ríos en un comunicado.
“Resulta perentorio que el Estado asuma su papel con firmeza y determinación, ya queesta decisión judicial significa que la prohibición de fumigación equivale a unaprohibición de producción. Estamos hablando de que este fallo discrecional y arbitrario,sin argumentos científicos ni técnicos, deja sin producir a miles de productores y aalrededor de 300 mil hectáreas”, agregó.En el documento, las entidades ligadas al agro señalaron que no están en contra de loscontroles y pidieron “avanzar en un esquema específico de controles y un programaprovincial de buenas prácticas agrícolas”.En el escrito los productores se quejaron de que se pretenda enfrentar, según alertaron,al campo con la sociedad. Y añadieron: “No somos cómplices del deterioro del medioambiente. Tampoco es verdad que privilegiamos el lucro, por sobre la salud y la vida”.
